Lima (PL) Los esfuerzos, maniobras y presiones, hasta ahora estériles, de familiares y seguidores del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2010) para sacarlo de la prisión exclusiva en la que cumple una condena de 25 años, destacaron en el panorama político peruano de 2013.

El principal argumento fue la supuesta gravedad de la salud del exgobernante de 75 años, que fuera condenado en 2007 por crímenes de lesa humanidad -dos matanzas y otros- a 25 años de prisión que cumplirá en 2032, y sentenciado además por corrupción y demás cargos, a penas menores, aunque solo cumple la más larga, conforme a la legislación peruana.

Durante la primera mitad del año, fue intensa la presión del fujimorismo y la prensa afín, por el otorgamiento de un indulto presidencial humanitario solicitado en octubre de 2012, alegando que el preso sufría cáncer, hipertensión y depresión, y medios de prensa conservadores publicaron fotos en las cuales parecía en mal estado.

Sin embargo, también se filtraron a la prensa videos en los que se veía al exgobernante en buenas condiciones e informes médicos según los cuales el preso tuvo una afección cancerígena años atrás pero su situación estaba controlada.

También se difundieron fotos de las comodidades, incluyendo un taller de pintura, cocina, un pequeño huerto y una sala de visitas, que el exgobernante tiene en la prisión exclusiva que lo alberga, en un cuartel policial del este de Lima.

Allí disfruta de un amplio régimen de visitas, atención médica permanente -además de ser trasladado cada vez que es necesario a hospitales o clínicas- y otras facilidades a las cuales no accede ningún otro recluso.

Mientras sus partidarios y familiares presionaban por el indulto y hasta alegaban peligro para la vida del preso, las organizaciones de derechos humanos, las fuerzas políticas progresistas y de centro, y destacados abogados recordaban el principio jurídico internacional, al cual se adhiere Perú, que excluye el perdón para crímenes de lesa humanidad.

Finalmente, el 7 de junio el presidente Ollanta Humala anunció la decisión de respaldar el informe de una comisión oficial según el cual el preso no califica para el indulto.

El dictamen tomó en cuenta la opinión de un equipo de médicos calificados, de que la salud del exgobernante estaba bajo control, más allá de una recurrente leucoplasia (lesión potencialmente cancerígena) en la cavidad bucal y de males propios de su edad y de su situación, como hipertensión y depresión.

Al anunciar la negación del indulto, Humala mencionó el hecho que el preso no asumió su culpa ni manifestó arrepentimiento por los hechos que motivaron su condena, de los cuales insiste en alegar inocencia.

Tras el fracaso del indulto, arreció la oposición que mantiene el grupo Fuerza Popular como principal bancada adversa al gobierno en el parlamento, y la actitud de Fujimori fue tornándose más agresiva , sucediéndose una serie de incidentes.

En los meses siguientes Fujimori uso medios de comunicación complacientes para difundir mensajes, abrió una página de Internet manejada por terceros y violó las normas penitenciarias que le prohíben dar entrevistas de prensa sin autorización previa, al comunicarse por teléfono y hacer declaraciones a una radioemisora y un canal de televisión.

Legisladores seguidores del exgobernante lo respaldaron abiertamente y reclamaron contra la decisión del Instituto Nacional Penitenciario, de retirarle el teléfono público que tenía instalado en su presidio por incumplir el reglamento al dar las entrevistas, con reclamos de inocencia y proclamas políticas.

De otro lado, su nuevo abogado, William Paco, intentó otra forma de sacar de la cárcel a su cliente, al pedir que se le conceda arresto domiciliario, para que cumpla el resto de la condena en su casa, invocando para ello otra vez la avanzada edad y quebrantada salud.

La petición fue rechazado por el poder judicial debido a que esa modalidad solo está reservada para los procesados y no para los sentenciados, y porque la gravedad de los crímenes por los cuales está condenado no permite concesiones de ese tipo; decisión apelada y bajo análisis de la Corte Suprema.

En noviembre se inició un nuevo juicio contra Fujimori, previa luz verde de la Corte Suprema de Chile, en cumplimiento de los términos de la extradición de Fujimori, concedida en 2007 por ese país, al cual había llegado en 2005 desde Japón, que lo tenía cobijado desde que escapó de Perú presionado por un escándalo de corrupción en 2000.

En el nuevo proceso, el exgobernante es acusado de peculado, por haber desviado fondos de la defensa nacional para pagar sobornos a diarios sensacionalistas a fin de denigrar a figuras de oposición y el preso ha estado usando el juicio para insistir en su inocencia y lanzar mensajes políticos contra el gobierno.

Como telón de fondo, políticos y medios de prensa conservadores promueven en forma recurrente un acuerdo político que supere la situación de tener el país un expresidente preso y otros dos, los neoliberales Alan García (1985-90 y 2006-11) y Alejandro Toledo (2001-06), investigados por posible corrupción, lo cual analistas progresistas consideran insinuaciones de un pacto de impunidad.