La primera igualdad es la equidad.

Víctor Hugo (1802-1885) Escritor francés.

¿Qué define a un país, una entidad o un municipio como democrático? ¿Son sus leyes, el papel que juegan sus ciudadanos en la toma de decisiones, el respeto a la normatividad, su asistencia a las urnas cuando hay que elegir autoridades? Un poco de todo, si se pretende aproximarse a una respuesta concreta.

En múltiples ocasiones se ha comentado en este espacio, y por otros analistas, que la llegada de El Bronco generó una reacción al interior de los partidos políticos al grado de endurecer sus legislaciones para evitar el nacimiento de nuevos gobiernos independientes, que sustituyeran o rompieran con el monopolio del gobierno del sistema de partidos en México. Nuevo León puso el ejemplo de lo que puede hacerse cuando los partidos no responden a sus demandas, pero también fue mismo ejemplo para otros gobiernos locales de lo que no debe permitirse en el futuro.

Esta semana, el Congreso del estado de Quintana Roo –dominado por la fracción priísta- aprobó por mayoría su reforma político-electoral para armonizar su legislación con respecto a la federal. Fue el último estado que lo hizo de los 13 que tendrán proceso el siguiente año y al mismo tiempo el primer lugar nacional –desde un punto de vista personal- con la legislación más restrictiva para la participación de las candidaturas independientes.

En una pasada columna (Candidatos independientes ante el 2016) realicé un comparativo de 6 entidades que poseen las leyes más complejas para ser candidato independiente. Los obstáculos iban desde elevar el porcentaje de firmas hasta la firma del ciudadano en las instalaciones del órgano electoral, pasando por la solicitud de copia de la credencial de elector.

Para la mayoría de los especialistas, Puebla es una de las entidades, junto con Chihuahua, que endurecieron sus leyes para evitar el paso de las candidaturas independientes, pero para el primer caso, éste se inspiró en la quintanarroense puesto que dicha entidad fue la primera del país en legislar en el tema.

Con la nueva legislación aprobada, la entidad caribeña se convierte en el lugar menos propicio para aventurarse en una candidatura independiente, y aquí están los argumentos:

PRINCIPALES CAMBIOS A LA LEGISLACIÓN ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

Fuente: elaboración propia con información del decreto 344 emitido por la XIV Legislatura de Quintana Roo.

De lo anterior, llama la atención dos temáticas: la paridad de género y la complicación de las candidaturas independientes. Sobre el primer punto, la legislación electoral no contempló la paridad en ambos sentidos, es decir, tanto vertical como horizontal. Ello significaría que, por ejemplo, de los 10 ayuntamientos, la mitad tendrían que ser encabezadas por una mujer y la otra por un varón.

Sin embargo, lo grave de esto es que en el propio partido mayoritario –el PRI- las diputadas avalaron estos cambios sin exigir la paridad en ambos sentidos. La disciplina impositiva de su partido estuvo por encima de los intereses de la sociedad, en particular de su propio género.

Respecto al segundo, la nueva legislación incrementó el número de requisitos para ser candidato independiente, convirtiéndola así, en la entidad con mayores obstáculos para los aspirantes que deseen ir sin el aval de un partido político. En primer lugar, incrementó de 2% a 3% el aval de firmas ciudadanas, mantuvo la obligación al ciudadano de acudir a las instalaciones del órgano electoral para firmar así como la entrega de la copia de su credencial de elector y no podrá acceder a la candidatura si antes no renuncia con por lo menos 3 años de anticipación a su militancia partidista.

Asimismo, sólo aquel aspirante que obtenga el mayor porcentaje de respaldo ciudadano podrá acceder a la candidatura, es decir, no podrá haber más de un candidato independiente para un mismo cargo de elección. Finalmente, se redujo el período para la obtención de firmas de respaldo, pues para el caso de Gobernador se contemplaban 21 días, ahora serán 18 días; para los Ayuntamientos pasará de 15 a 14 días y; diputados locales de mayoría quedará en 12 días, sin cambios.

En otras entidades como Chihuahua, Sinaloa y Veracruz, el período de obtención de firmas va de 40 a 60 días para el caso de Gobernador y de 30 a 40 días para Ayuntamientos y diputados locales. ¿Cómo podrá un aspirante independiente a Gobernador obtener alrededor de 30 mil firmas en un período de 18 días? Tendría que recabar, en promedio, 1,667 firmas diarias para alcanzar la meta, ello sin contemplar si tuviera competencia y sin la distribución del porcentaje mínimo por distrito electoral.

Las leyes, pues, son un buen referente para medir qué tan democrática y participativa es una sociedad en su entidad. Para el caso de Quintana Roo no sólo parece haber desinterés en el ejercicio de la política y sus métodos de representación, sino también parece que a quienes hoy legislan no parece importarles otorgar justicia a las mujeres que históricamente han demandado mayores espacios. Esa es, pues, la democracia quintanarroense hoy día.

El tintero.

El Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, exhortó al Congreso quintanarroense a modificar su legislación local para garantizar la paridad vertical y horizontal en la selección de candidaturas. Esta limitación que marca el Congreso abona a otras que incluso marcan en lo inconstitucional, como el hecho de sólo existir una candidatura independiente para un cargo de elección.

Colima vivirá nuevamente una elección local, de carácter extraordinaria. El INE destinará 2.6 millones de pesos para que los partidos hagan campaña nuevamente y 21.8 millones más para organizar el proceso. Por violentar la regla electoral, el ciudadano deberá pagar, mediante el erario, alrededor de 24.4 millones de pesos. Y lo más increíble es que no parece haber sanción contra quienes fueron responsables de que fuera anulada la elección.