A TIRO DE PIEDRA: VIVO VIVAS Y LA REELECCIÓN

12 noviembre, 2015

A TIRO DE PIEDRA: VIVO VIVAS Y LA REELECCIÓN

No te juntes con vivales ni convivas con idiotas,

el vival te friega siempre, lo idiota se pega…

Eulalio Gonzalez (Piporro)

Antes de concluir el presente año el Senado de la República renovará los tribunales electorales de 15 entidades federativas, en un proceso discrecional en el imperarán los criterios políticos y no los antecedentes profesionales de los aspirantes a magistrados, pero para el caso de Quintana Roo, la reelección de Víctor Vivas Vivas, como magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) pareciera estar en riesgo por uno de sus irregulares actos: la destitución de su contralor interno, avalada en su momento por el Congreso del estado y que fue calificada como “excesiva”, por parte del Segundo Tribunal Colegiado, del Vigésimo Séptimo Circuito del estado.

En julio de 2013, el Congreso local determinó la destitución de José Antonio Barón Aguilar, como contralor interno del Teqroo, con el argumento de que el ex funcionario –actual director jurídico del municipio Othón P. Blanco-, incumplió con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal, al no publicar en la página de internet sus informes mensuales, la publicación de la normativa del Tribunal en el Periódico Oficial, así como no presentar su programa operativo anual.

Sin embargo, medios locales destacaron la motivación política de la destitución, pues Barón Aguilar detectó “gastos excesivos por parte del magistrado presidente, Víctor Vivas, con relación a viajes y pagos de habitaciones de hotel”, por supuesta simpatía con el Partido Acción Nacional (PAN) motivo por el cual este habría utilizado su influencia y solicitado la destitución, del entonces funcionario electoral. Los vicios de siempre en materia electoral, que no terminan por erradicarse aun con las reformas nacionales.

Barón Aguilar interpuso la queja 111/2013 (cuya copia obra en poder del escribiente), y publicó en redes sociales en su momento “en flagrante violación al artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo; la Comisión especial que se creó Ad hoc para investigar la supuesta omisión de presentar unos informes, difundió a los medios de comunicación (motivo por el cual me entere) el sentido de la determinación de dicha comisión, que me considera responsable y turna el asunto a la comisión permanente para que proceda a destituirme al cargo que fui constitucionalmente electo.”

Por cierto, en 2014, el mismo magistrado presidente incumplió con su obligación de presentar su informe, pues el artículo 28 de la Ley Orgánica de ese organismo, en su fracción IX; señala como obligación del titular del Teqroo “Rendir ante el Pleno, en el último día hábil del mes de agosto, un informe anual de actividades, dando cuenta del estado que guarda el Tribunal y ordenar su publicación en el órgano oficial de difusión”, pero el cumplimiento ocurrió hasta el 11 de septiembre de ese mismo año. Y nada ocurrió, a diferencia de la destitución de Barón Aguilar.

En el caso del ex contralor, es de destacar que el resultado su queja no le favoreció, no porque no tuviera razón, sino que el órgano jurisdiccional no entró al fondo del asunto porque arguyó que la situación jurídica del quejoso se modificó, cuestión obvia, dado el tiempo transcurrido para la resolución; pero lo sustancial del documento, para efecto de la coyuntura actual, es que determinó que el Congreso local debió atender la queja a través de la Comisión de Justicia, y “seguir las reglas determinadas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de esta entidad federativa; aunado a que en el caso concreto, la actuación de la autoridad fue motivada por un tercero, es decir, no actuó conforme a su arbitrio sino a instancia de parte.”

Ahora bien, el Senado de la República emitió 21 de agosto de este 2015 el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República en donde se presenta la convocatoria pública para aspirantes a magistrados electorales para los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; así que lo señalado en este espacio seguramente permitirán –o debieran permitir- la toma de decisiones por el bien de las instituciones electorales.

Víctor Vivas Vivas, fue acusado en el proceso electoral 2011 por anular irregularmente casillas para favorecer al PRI en la elección de diputados; y resulta que es sobrino del ex gobernador Félix González Canto, quien por cierto es senador por el PRI; y quien ha sido señalado recientemente por diputados de oposición de utilizar su influencia para controlar los órganos electorales de Quintana Roo, aun a pesar de las simuladas –perdón, señaladas- reformas nacionales. En la reelección o renovación de magistrados electorales de Quintana Roo y todo el país estará la veracidad de las acusaciones.

INTENCIONALIDAD POLÍTICA EVIDENCIADA EN QUINTANA ROO

El caso de esta entidad es más que emblemático, pues el expediente contra Barón Aguilar lo inició el entonces diputado presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Espinosa Abuxapqui; al solicitar licencia para contender por la presidencia municipal de Othón P. Blanco, lo continuó su suplente, Jorge Aguilar Cheluja.

La destitución ocurrió; sin embargo, casi dos años después, el mismo Espinosa Abuxaqui, ya como presidente municipal, designó a Barón Aguilar como su director jurídico, y su desempeño está claramente ligado al del actual secretario del ayuntamiento, que es ¡Jorge Aguilar Cheluja! quien lo destituyó en su momento argumentando incumplimiento en el Teqroo, ¿quién contrata a alguien que considera incumple con sus responsabilidades? ¿cuál fue la consigna, destituirlo entonces por cuestiones políticas, o contratarlo ahora?

EN MARCHA PROCESO LOCAL…

Con la aprobación de la reforma política en Quintana Roo –última entidad en aprobarla- queda listo el escenario para la competencia que llegará a su cúspide el 05 de junio de 2016, cuando se elija gobernador, 11 presidentes municipales y 25 diputados locales. Las normas ya están, faltará ver el nivel de los contendientes y la exigencia ciudadana para lograr transformaciones en su beneficio; aunque esperar mucho de los políticos, es como pedir que ellos mismos se “amarren las manos”; eso simplemente no ocurrirá, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

Como siempre, le dejo notas que fundamentan lo expresado…