Buenos Aires (PL) El oficialismo cerró filas detrás de la presidenta Cristina Fernández, blanco de un ataque sin precedente desde el Poder Judicial, acompañado por una intensa ofensiva mediática y marcado oportunismo opositor en un año electoral.
Sobre la base de una insólita denuncia que lanzó el fallecido fiscal Alberto Nisman, su colega Gerardo Pollicita imputó formalmente el viernes 13 a la jefa de Estado de encubrir la presunta culpabilidad de Irán en el atentado en 1994 a la asociación judía AMIA.
Se basó en los mismos hechos de comprobada inexistencia de los que hablaba Nisman y no tomó en cuenta las múltiples desmentidas y cuestionamientos que ya recibió esa presentación.
La investigadora Stella Calloni recuerda que la línea acusatoria contra Irán emanó de un indecoroso soborno del entonces juez Juan José Galeano al principal testigo e inculpado en la voladura de la AMIA, Carlos Telleldín.
Galeano, quien fue inhabilitado indecorosamente, entregó en contubernio, según se acusa, con Rubén Beraja, quien en ese momento era el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, 400 mil dólares a Telleldín para que mintiera en el juicio.
El propósito era que el inculpado acusara a ciudadanos iraníes y a cinco policías bonaerenses del ataque a la AMIA. Ambos están acusados de encubrimiento, junto a otros funcionarios de aquellos años, en un proceso cuyo juicio debe comenzar en el segundo semestre del año.
Antes que Pollicita presentara su imputación en el juzgado de Daniel Rafeca, quien adelantó el regreso de sus vacaciones el próximo miércoles para comenzar a instruirse del caso, el Ejecutivo presentó un documento que refuta cada una de las denuncias hechas por Nisman.
La procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, consideró que la acusación impulsada por Pollicita contra la Presidenta y otros funcionarios es un «entramado ficcional» sin entidad.
En un acta refutatoria Abbona respondió cada una de las acusaciones, las que consideró sin sustente probatorio, y presentó también en el juzgado de Rafecas las pruebas para controvertirlas.
En la presentación, que contiene 68 páginas y 15 documentos probatorios, la Procuración del Tesoro, en rigor el organismo que nuclea a los abogados del Estado, sostiene que no existe prueba alguna, ni siquiera de carácter ‘indiciarioâ€Ö.
No demuestran -afirma- «la existencia de conductas atribuibles a la Presidenta o a funcionarios del gobierno nacional susceptibles de ser encuadradas en los ilícitos penales tipificados (…) en el Código Penal».
Muchos especialistas fuera del ámbito oficial consideran las incriminaciones de Nisman, ahora retomadas por Pollicita, carentes de fundamentos jurídicos, pero que han cargado de municiones las armas de la oposición para desatar un estridente escándalo que lidera mediáticamente la prensa hegemónica.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró la actuación de Pollicita como «la mayor estrategia de golpismo judicial activo de la historia del país».
En fuerte defensa de la mandataria, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó por Twitter que «se equivocan si piensan que con este pedido de imputación van a debilitar a nuestra Presidenta».
Rossi, quien es uno de los precandidatos del Frente para la Victoria, recordó que «siempre la derecha utilizó la difamación como estrategia de desgaste a los gobiernos populares» y enumeró los casos.
También por las redes sociales el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, otro de los aspirantes a presidente por el oficialismo, opinó que «no están actuando a favor de nadie sino en contra de la Presidenta. Se les nota el odio y la impotencia de no poder ganar jugando limpio», remarcó.
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, afirmó que «la imputación a Cristina es una acción más del golpe judicial que está en marcha».
El referente nacional del partido Nuevo Encuentro alertó que «la escalada antidemocrática es gravísima y evidente: los sectores conservadores y reaccionarios de nuestro país tienen el plan de desestabilizar a la Presidenta electa por el Pueblo».
Para ello cuenta -denunció- «con los servicios de lo peor del Poder Judicial y de la mayor corporación mediática».
Los ataques desde la trinchera opositora judicial también alcanzaron esta semana al propio Capitanich, así como a los ministros de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; y de Salud, Juan Manzur, a quienes un fiscal acusó de dejar morir de tuberculosis a un niño de la comunidad originaria Qom, en Chaco.
Es un ataque abierto y frontal contra el Gobierno, que se enmarca en la estrategia de la derecha continental, aupada por Estados Unidos, contra todos los proyectos populares y progresista en la región, denunció el diputado nacional Edgardo Depetri.
Resulta injurioso ese ataque contra un Gobierno que más ha hecho en la historia argentina por mejorar la salud y eliminar la pobreza, remarcó el legislador.
Para Sabbatella, «no caben dudas que estamos ante un plan claro, contundente y muy grave para el Pueblo y la Democracia, en el que se articulan sectores judiciales, políticos, económicos y mediáticos enfrentados con el Gobierno, con el propósito de desestabilizar a la Presidenta y al Gobierno nacional».
El diputado bonaerense Fernando Navarro resumió que «queda claro que no se busca la verdad ni la justicia… lo que se busca es desestabilizar la democracia».

* Corresponsal de Prensa Latina en Argentina.