La Habana (PL) El gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama, volvió a ganar la pulseada: por segunda vez en tres años la Corte Suprema de Justicia respaldó la permanencia de la ley de reforma de salud que los republicanos pretendían desmantelar.
Aunque parezca inverosímil, la interpretación aberrante de una frase de cuatro palabras en una legislación de más de 900 páginas pudo conducir a que 6,5 millones de ciudadanos perdieran sus seguros de salud.
El veredicto de seis de los nueve jueces del Tribunal impidió esa posibilidad el 25 de junio, cuando decidieron mantener los subsidios que el gobierno federal otorga a quienes puedan pagar un seguro médico privado, sin importar en qué estado reside.
Los subsidios, unos 272 dólares al mes como promedio, son una pieza esencial de la popularmente conocida como ObamaCare; baste aclarar que el 87 por ciento de las personas inscritas depende de esa ayuda federal para costear un plan de salud.
Sin la decisión de la Corte Suprema, cada consumidor tendría que desembolsar un promedio de tres mil 300 dólares adicionales en 2015 si dejaran de recibir los créditos fiscales federales, con lo cual la cobertura sería casi incosteable para muchas personas inscritas.
A juicio del diario The New York Times, la maniobra de los conservadores resultó «un esfuerzo descaradamente político para destruir la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act)», aprobada por el Congreso el 23 de marzo de 2010, cuando los demócratas controlaban ambas cámaras.   Esta es una victoria para los estadounidenses que trabajan duro en este país, cuyas vidas continuarán siendo más seguras en una economía cambiante, como consecuencia de esta ley, declaró el mandatario en un discurso desde la Casa Blanca, al congratularse por la decisión del Supremo.
Defendió asimismo la continuidad de la iniciativa y lanzó una invitación a sus acérrimos críticos para conciliar las agendas legislativas y tratar de resolver ingentes asuntos para la sociedad.
«No debemos desarmar lo que ya es parte integral de Estados Unidos, y mi mayor anhelo es que en lugar de reanudar las batallas entabladas reiteradamente, pueda trabajar con los republicanos para avanzar», agregó.
El gobernante se encargó de recordar por qué esta iniciativa ha sido tan importante para el país: más de 16 millones de estadounidenses sin seguro de salud en 2010 ahora están cubiertos.
No obstante, más de 30 millones siguen sin posibilidad de sufragar los gastos por servicios médicos de calidad.
Estados Unidos carece de un sistema de salud público gratuito para todos, por lo cual la mayoría de los estadounidenses debe disponer de un seguro privado, muchos de ellos a través de su empleo.
La salud pública cubre con distintos programas a los mayores de 65 años (Medicare) y a los pobres (Medicaid).
Estudios demuestran que de 20 mil a 44 mil estadounidenses mueren cada año por falta de un seguro de gastos médicos, reconoce la página web del gobierno que detalla las características de ObamaCare.
BAJO FUEGO REPUBLICANO
Desde que recibió luz verde en el Capitolio hace un lustro, la ley de reforma de salud ha sido blanco predilecto de los ataques republicanos, empeñados en torpedear por encima de todo la agenda presidencial, aun cuando implique acentuar un percance para millones de ciudadanos.
Los del llamado partido rojo sostenían -y sostienen-, que la medida resulta excesivamente cara para las arcas estatales y contraria al derecho y libertad individuales.
Se basan para ello en las millonarias erogaciones del presupuesto federal para cubrir los seguros médicos, así como los impuestos a personas de altos ingresos, grandes negocios y la industria de cuidados de la salud, con el fin de subsidiar los costos para los ciudadanos menos favorecidos, la clase media y pequeñas empresas.
Era criticado asimismo el polémico acápite de obligatoriedad de compra de las pólizas, so pena de ser multado hasta con un 2,5 por ciento del salario
Esto último sirvió para interponer la primera demanda ante la Corte Suprema, que el 28 de junio de 2012 sentenció que el llamado mandato individual, la obligación de suscribir una póliza de seguro médico, resultaba legal.   Ahora la discusión giraba en torno a la frase de la legislación «establecido por el Estado», que cuatro demandantes de Virginia interpretaban como que el Gobierno federal no podía proveer subsidios en estados carentes de mercados para ofrecer las pólizas.
La ley dio paso a la creación de mercados de seguros médicos específicos, también conocidos como intercambios (exchanges) donde los individuos y familias pueden adquirir entre varios planes privados y reciben ayuda gubernamental para pagarlos.
Según los demandantes, si se aplicaba literalmente el texto de la ley, el gobierno federal no podía ofrecer subsidios de bajos ingresos a los usuarios residentes en numerosos estados del país que no habían establecido los llamados intercambios.
En 34 estados, casi todos con Parlamentos o Gobiernos controlados por los republicanos, las autoridades esquivaron el establecimiento de estos sitios de intercambio, al asegurar que supondría costos adicionales a las empresas y afectaría la creación de empleos de la economía.
En dichos territorios, el gobierno federal ofrece directamente las ayudas a las personas de bajos ingresos afiliadas al sistema de salud.
No obstante, la administración había dejado en claro que toda persona inscrita bajo ObamaCare tendría acceso a los subsidios si reunía los requisitos salariales, independientemente de si compraba el seguro a través de los «intercambios» en 16 estados o el administrado por el gobierno federal en los otros 34 de la nación.
Si el Supremo hubiera dado la razón a los querellantes, el Gobierno federal hubiera tenido que cancelar los subsidios a los ciudadanos, lo cual hubiese significado el principio del fin de la legislación.

UNA SAGA QUE ¿LLEGA A SU FIN?
Los líderes republicanos del Congreso de Estados Unidos y varios aspirantes presidenciales de ese partido rechazaron la decisión de la Suprema Corte y prometieron que seguirán luchando para derogar la iniciativa.
El problema con ObamaCare es el mismo: se ha roto la ley, está fundamentalmente rota, y aumenta los costos de los seguros médicos para las familias y las pequeñas empresas estadounidenses. La sentencia de hoy no cambia ese hecho, aseguró al conocer el fallo el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner.
También el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, condenó las «promesas rotas» de ObamaCare e instó a los demócratas a «trabajar» con él para reparar «una ley que sigue haciendo que la vida sea miserable para demasiada gente».
Tampoco faltaron las críticas de Jeb Bush, Marco Rubio, Rand Paul, Rick Perry y Mike Huckabee, varios de los casi 15 aspirantes a la candidatura republicana para los comicios del año próximo.
Lamentaron la decisión de la Corte y prometieron anular la ley si llegan a la Casa Blanca.
Bush se declaró «decepcionado» por la sentencia del Supremo, pero aseguró que este «no es el fin de la lucha contra ObamaCare».
Como presidente de Estados Unidos, una de mis principales prioridades será arreglar nuestro sistema de salud roto, indicó el exgobernador de Florida en un comunicado.
El senador Rubio, por su parte, opinó que la Suprema Corte «ha errado una vez más», después de un primer respaldo de la reforma sanitaria en 2012, «a la hora de corregir los errores hechos por el presidente Obama».
Por lo pronto, si bien millones de estadounidenses aún carecen de cobertura médica, los que lograron beneficiarse con la cobertura de ObamaCare ven alejarse por el momento las nubes de la incertidumbre y la posible falta de atención ante cualquier problema de salud.