En el día martes pasado el alcalde del municipio de Saltillo, Coahuila, el Ingeniero, Manolo Jiménez Salinas con maestría en Administración Pública, dio inicio al programa de recarpeteo en la colonia Buenos Aires.

El programa inicia con una inversión de 20 millones de pesos mejorando cuarenta y seis puntos de la ciudad. Durante el evento atendió a los colonos en diversos temas al igual que a los medios de comunicación. Es importante hacer el señalamiento que dicho recurso no hubiera podido ser posible sin la participación de los ciudadanos saltillenses con el pago oportuno del predial.

Uno de los temas que se le fue cuestionado y que tiene mucho interés entre la población saltillense es la tan cuestionado y molestia de los saltillenses con las fotomultas.

A la cual respondió de una manera desinteresada pero sí firme en cuanto a que al municipio no le interesa que sea un medio recaudatorio las fotomultas y existiendo un vacío legal en cuanto al tema sin entrar mucho en detalles a lo cuestionado, y concluyendo el cuestionamiento diciendo simplemente: Borrón y cuenta nueva.

Sin lugar a dudas sí es un tema muy cuestionado y su complejidad en cuanto a su legalidad viene siendo una medida anticonstitucional puesto que viola los artículos 14 y 16 de la Constitución, siendo el primer capítulo de la Carta Magna.

Una imagen fotográfica de un vehículo viola los artículos mencionados por la sencilla razón de la privación para los propietarios para poder realizar futuros trámites como es la privación de pagar el derecho vehicular, o licencias hasta no pagar antes una multa que ni siquiera tiene la formalidad de su debido proceso legal.

Con una multa es imposible la verdadera verificación en que cualquier vehículo en movimiento viaje a la velocidad reportada únicamente con una fotografía y sin tener una constancia de quién conduce en ese momento el automóvil, es decir, la multa es para el conductor y no para un objeto que es el caso a cuestión.

Existen muchos vehículos que se encuentran a nombre de una razón social a la cual simplemente por sistema o registro de placas viene a ese nombre siendo físicamente imposible ser multado porque no existe.

Una imagen fotográfica tampoco deja constancia o registro de que los aparatos de medición para imponer las fotomultas estén correctamente bien calibrados, secando ventaja económicamente cayendo en una simple recaudación por medio de infracciones ilegales constitucionalmente.

Existen instrumentos de medición de velocidad en el país que se usan para multar a los correlones y que deben de estar calibrados, siendo solamente una sola instancia que hace ese tipo de calibración; mientras que una empresa privada no existe esa certeza o no hay ese registro de que realmente estén calibradas.

Cuando se está multando a un vehículo puesto que es claro que se desconoce el conductor y no siempre el propietario es necesariamente el que lo maneja, se está incurriendo a una gran falta constitucional, es decir, el 14 y el 16 puesto que en un principio carece de legalidad, puesto que nadie puede ser privado de su vida, derechos, posesiones, sino es mediante la orden de un juez, evidentemente después de un juicio y en ese momento se está probando de un derecho de tu patrimonio, es decir, el vehículo que sin registro de velocidad, ni conductor se sabe a quién se multa sin la presencia de una autoridad, sino de una empresa privada y por medio de una imagen que no dice nada.

Carente de todo derecho en donde las personas son privadas de la oportunidad de defenderse previamente a cualquier tipo de acto privativo de la vida, libertad, propiedad patrimonial, posesiones o derechos, es causa de violación ciudadana no solamente dentro de la columna vertebral del primer capítulo de la Carta Magna sino también dentro de los Códigos Civiles e igual manera sobre los Derechos Humanos.

El destino de patrullas nuevas para combatir el delito de fuero común sin dudas es un tema importante en cuestión de seguridad, pero de igual manera debe de ser la inversión de patrullas de tránsito o motocicletas porque no deja de estar dentro del rubro de seguridad vial en donde estadísticamente su nivel de muertes es alto, y no está bien balanceado en pensar más o invertir en la policía de proximidad.

No habrá tecnología alguna que supere el respeto que impone un elemento de tránsito para todo aquel conductor, y si no solo visite la cabecera municipal de Torreón en donde pueden pasar administraciones y la gente le tiene “miedo”, es decir, respeto a los límites de velocidad en las zonas de hospitales, escuelas, universidades y avenidas principales en donde los señalamientos de tránsito los hacen respetar las mismas autoridades y no por terceros en la que ahora sí se reafirma que la yegua no quedó demasiado grande. La ley del volante se hace respetar por esos miembros de seguridad de transito de los torreonenses, cosa contraria a lo que sucede en Saltillo. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013) www.intersip.org