Por Karina Velasco Aguilera

La justicia en México es ciega y selectiva, ya que después de ocho meses de haber pospuesto una audiencia inicial para juzgar a los policías federales imputados por diversos delitos cometidos contra el empresario rumano Florian Tudor, durante los cateos realizados a sus propiedades el 11 de mayo de 2019, (que incluyen tortura física y psicológica contra un menor de edad y una mujer), por fin las autoridades se dignaron a efectuar la audiencia el pasado viernes 16 de abril a través del juez de Distrito, Javier Aguirre Farfan.

Pero «oh sorpresa», Aguirre Farfan rechazó vincular a proceso a los policías federales torturadores porque pesa más la cartera inflada de billetes gracias al tráfico de influencias y la enferma «hermandad» que recontamina de corrupción hasta el más profundo poro del Poder Judicial.

Al Juez no le importaron las pruebas presentadas que en su momento, sirvieron para obtener la declaratoria de nulidad de los cateos ejecutados a las propiedades de Florian Tudor en 2019, y que fueron utilizadas por la juez Verónica Gutiérrez, para anular los respectivos procedimientos y ordenar la devolución de propiedades a la víctima.

Los policías federales acusados saquearon las propiedades con más de 40 MDP y torturaron al hijo y esposa de Florian Tudor, pero estos actos de abuso de autoridad y ejercicio ilícito del servicio público poco le importaron al juez quien fue traído desde Sonora para atender exclusivamente el caso pese a que Sonora no forma parte de esta circunscripción.

Esta es la impunidad que degrada y descompone a pasos acelerados el tejido social de Quintana Roo y del país entero, donde los abusos de autoridad por parte de las corporaciones policíacas son cada día más recurrentes, tan solo recordemos el caso de Victoria, la madre y migrante salvadoreña que perdió la vida en manos de elementos municipales en Tulum.

También se sabe que desde la Fiscalía del Estado tienen toda una fábrica de extorsiones, confiscando incluso propiedades de víctimas a cambio de «regalitos» para que las viviendas sean devueltas a sus propietarios.

Ni hablar de la prefabricación de delitos contra activistas, periodistas y empresarios que no se alinean a los mandamientos de quienes realmente gobiernan a Quintana Roo, mejor conocidos como el grupo «de los Tepito» radicados en Puebla.

Desde la llegada de aquellos poblanos a la joya del caribe mexicano, Quintana Roo no volvió a ser igual, ahora el paraíso es desolador, huele a sangre, plomo y a corrupción en las corporaciones policíacas comandadas desde las sombras por Alberto Capella Ibarra, el verdadero capo de capos de la mafia en la Riviera Maya.

Una mafia institucional (y no institucional) que han llegado a
sembrarnos miedo para vendernos «seguridad», controlando ellos mismos a las agrupaciones criminales para desestabilizar la paz pública y con ello, sustentar desfalcos millonarios al erario pagando supuestos cursos, capacitaciones y sistemas de videovigilancia C5, que hasta hoy, han servido para nada.

Si los elementos del Mando Único estuvieran capacitados, Victoria no hubiera sido asesinada por los uniformados, entonces ¿Dónde están esos millones de pesos que Alberto Capella presume en cursos de capacitación? A menos que con «capacitación» se refiera a la capacitación de perseguir, torturar y matar a la ciudadanía.

En cuanto al caso de Florian Tudor, durante la audiencia del pasado viernes 16 de abril, la cual duró una hora con 20 minutos, cabe destacar que el juez Sonorense, Javier Aguirre Farfán se observó tristemente como un abogado más de los policías federales acusados que tarde o temprano, volverán a abusar de otros ciudadanos, escudándose en sus placas y uniformes.

Agradezcan a este tipo de jueces, la inoperancia y mala fama del Poder Judicial, en lo que claramente fue una audiencia premeditada para proteger en todo momento a los policías agresores que responden al nombre de Miguel Ángel Vázquez Bernal, Ricardo Portillo Muñoz, Deynher Azael Maldonado Hernández y Miguel Castillo Cano, este último ni siquiera se presentó a la audiencia.

Es importante resaltar que este grupo de policías federales también se encuentra involucrado en otros casos similares por abuso de autoridad, son el brazo armado de funcionarios públicos corruptos que cuentan con mucho dinero y poder.

Me despido con esta gran frase del escritor y poeta mexicano, Javier Sicilia:

“Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz.”

Nos leemos la próxima semana.