México (PL) Azotados por la inseguridad, el desempleo y la pérdida progresiva de valores, los jóvenes constituyen uno de los grupos poblacionales más vulnerables de la sociedad mexicana.

Alrededor de una cuarta parte de los 118 millones de habitantes con que cuenta esta nación tiene entre 15 y 29 años de edad, según estimados oficiales.

En un país donde los fallecidos como resultado de acciones violentas superan los 20 mil por año, no resulta raro que los homicidios sean la principal causa de muerte entre los jóvenes, seguidos por los accidentes del tránsito y los suicidios.

Para enfrentar esta situación, el Gobierno puso en marcha el «Programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia» el cual contempla, entre otras, acciones preventivas y de desarrollo social.

Al presentar la nueva estrategia, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, expresó que «los jóvenes se ubican en el centro de violencia del país pues, además de ser sobre todo víctimas, son también perpetradores de este fenómeno».

Tal afirmación es coherente con los resultados de una investigación de la Fundación Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), según la cual el 26,3 por ciento de los estudiantes de secundaria prefieren ser narcotraficantes o sicarios (matones a sueldo), antes que empresarios (17 por ciento); profesores (12,4 por ciento); y militares o policías (10,7 por ciento).

El estudio se realizó entre agosto y noviembre de 2012 en ocho estados con una muestra de mil 400 estudiantes de entre 13 y 15 años de edad.

DESEMPLEO

Un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) situó a México en el tercer lugar entre los 34 países miembros de esa agrupación con el peor índice de desocupación juvenil, solamente superado por Turquía (34,6) e Israel (27,6).

En su Panorama de Educación 2013, basado en información recopilada en 2011, la OCDE señaló que el 24,7 por ciento de los jóvenes mexicanos entre los 15 y los 24 años no estudia ni trabaja, en un contexto en el cual el 60 por ciento de toda la fuerza laboral del país se ubica en el sector informal de la economía.

El porcentaje de los desvinculados del estudio y el trabajo -según el documento- aumenta con la edad: el 18.9 de los de 15 a 19 años; el 27 de los de 20 a 24; y el 29.5 de los de 25 a 29. Además, es mayor entre las mujeres (37,8) que entre los hombres (11).

La directora de gabinete de la OCDE, Gabriela Ramos, calificó como drama el que una cifra tan elevada de jóvenes de ambos sexos esté sin hacer nada y «no busquen su desarrollo personal y su contribución al país».

Otro dato interesante revelado por la publicación fue que en México la tasa de desempleo es inversamente proporcional al nivel escolar vencido. El cuatro por ciento entre quienes están por debajo de la educación media superior, comparado con el 4,8 por ciento de los graduados universitarios.

Esto -añade el texto- afecta particularmente a los jóvenes, quienes tienen hoy niveles educativos más altos, y son sin embargo más vulnerables al desempleo.

El estudio «Movilidad Social en México 2013: imagina tu futuro», realizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), refleja la ausencia de políticas públicas efectivas para el ascenso de los más desposeídos y vaticina que el 48 por ciento de los nacidos en la pobreza vivirán así toda la vida.

Según el informe, sólo el cinco por ciento de los nacidos pobres concluirá estudios universitarios, 11 por ciento llegará a la preparatoria y 72 por ciento quedará fuera del sistema de enseñanza, más allá de la educación primaria y secundaria.

Para resolver el problema, los investigadores del CEEY sugieren la adopción de políticas y estrategias gubernamentales a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones de competencia de todos los ciudadanos y si eso no se logra, «establecer esquemas de redistribución que eviten que dicha condición se herede a las siguientes generaciones».

El estudio cifra esperanzas en el llamado Pacto por México, una alianza con proyecciones de desarrollo económico y social entre las principales fuerzas políticas de la nación y el poder ejecutivo, firmado el 2 de diciembre último, a raíz de la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto.

El acuerdo incluye 95 compromisos, 37 de ellos relacionados con la movilidad social y el «Sistema nacional de la cruzada contra el hambre», el cual incluye 53 de los 69 programas sociales.

El plan, concebido para los seis años de mandato del actual Gobierno, tiene objetivos parciales. Por ejemplo, la Cruzada contra el Hambre está dirigida a siete millones 400 mil personas de 400 municipios del país, cuando la cifra de hambrientos supera los 50 millones y la nación tiene más de dos mil municipios.

Entre las críticas hechas a esa estrategia están la supuesta mala selección de los lugares con personas de mayor grado de necesidad de ayuda y de su uso con fines electorales.

Por su parte, integrantes de la Mesa de Democratización del Sistema de Medios YoSoy132, movimiento ciudadano conformado en su mayoría por estudiantes universitarios, calificó de catastrófica la situación en que viven los jóvenes mexicanos, de lo cual culpó a las políticas neoliberales aplicadas por sucesivos gobiernos desde los años 80 del siglo pasado. El pronunciamiento está contenido en un documento intitulado «Las cifras del abandono de la Juventud», publicado por el diario La Jornada, el cual recuerda que el 53,8 por ciento de los casi 30 millones de mexicanos menores de 26 años viven en la pobreza.

Apoyándose en cifras que atribuye al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), el texto señala que más del 25 por ciento sufre inseguridad alimentaria, lo cual califica como un eufemismo para referirse al hambre.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a juicio de los integrantes del movimiento contestatario, excluye las necesidades urgentes de la juventud, y se consagra a reformas dirigidas a aumentar impuestos sobre alimentos y medicinas, privatizar el petróleo, desmantelar los derechos laborales existentes y poner la educación a merced del mercado.

Para quienes así piensan, las estrategias diseñadas por el Gobierno carecen de un enfoque estructural y sistémico que apunte con profundidad suficiente a las causas de un problema cada vez más complejo y, por tal motivo, no rendirán los frutos esperados y seguirán siendo los de un árbol con una raíz enferma