Inseguridad y asistencia social: dos ejemplos de deshumanización

El hombre se cree siempre ser más de lo que es, y se estima menos de lo que vale.

Goethe (1749-1832). Poeta y dramaturgo alemán.

 

Entre la semana pasada y la que está transcurriendo, circularon dos noticias que no solo han generado indignación, sino que muestran el rostro actual que está viviendo México.  El primero de ellos, que refleja el clima de inseguridad que en varias regiones del país está sufriendo la gente, ha llegado a niveles que son prácticamente insostenibles.  El homicidio de estudiantes normalistas de Ayotzinapa teniendo como escenario el municipio de Iguala, Guerrero, es la muestra de la crisis de inseguridad que atraviesa el país y de la grave contaminación de las instituciones gubernamentales que han sido ampliamente rebasadas, y que abarca –sin hacer analogías- desde los cuerpos de seguridad pública, hasta el propio alcalde.

 

Los hechos, que son de amplio dominio público, relatan el fallecimiento de 6 personas, 20 heridos y 57 desaparecidos el pasado 26 de septiembre.  Hoy, con información más clara y luego de investigaciones realizadas por la Procuraduría estatal de Guerrero, se tiene conocimiento de datos que para los familiares de los aún estudiantes desaparecidos puede significar una esperanza de hallarlos con vida o la confirmación de sus peores sospechas de haber sido víctimas de la delincuencia organizada.

 

Hasta el momento, 43 son los estudiantes que se encuentran desaparecidos y no se tiene certeza de ellos.  En los días posteriores a su desaparición, las autoridades hallaron una fosa con 28 cuerpos, de los cuales no se tiene confirmado si alguno es normalista.  Asimismo, se detuvieron a 3 sospechosos que han declarado ser los autores materiales de la muerte de 17 de los 43 estudiantes desaparecidos, presuntamente, entregados por la policía municipal y bajo la orden de ejecutarlos.

 

No puedo imaginar la angustia y el dolor de las familias que están atravesando en este momento.  Lo único que podemos hacer quienes somos espectadores, es sumarse a la indignación humana y denunciar el rebasamiento que ha tenido el Estado mexicano y las autoridades locales por parte de la delincuencia.  Hoy, las palabras de un ex presidente –Miguel De la Madrid- resuenan nuevamente y hacen pensar en su veracidad: los gobiernos pactaban con el crimen organizado.

 

Pero ésta tragedia, como otras seguramente, pudo evitarse si la autoridad actuara con anticipación.  En octubre de 2013, hace un años precisamente, integrantes de Nueva Izquierda Democrática, una fracción de tantas que tiene el Partido de la Revolución Democrática (PRD), entregó al gobierno federal un documento señalando el testimonio de un sobreviviente –Nicolás Mendoza Villa- que padeció torturas, según por instrucciones del hoy alcalde con licencia y prófugo de la justicia, José Luis Abarca Velázquez, de quien no se sabe cómo ni cuándo se fue con su esposa y familia.  Los hechos, según el documento entregado, contiene la declaración notariada por parte de Mendoza Villa, en donde relata el secuestro, tortura y homicidio de un militante del PRD, señalando como actor intelectual al propio ex alcalde en cuestión.

 

Hoy, tanto el gobierno norteamericano como la Organización de Estados Americanos, han presionado al gobierno mexicano para esclarecer y resolver la inseguridad en el país.  Los actos no son menores: se está comprobando la participación directa de las autoridades de seguridad pública en actos de la delincuencia.  Esto se suma a aquellos actos que se han desarrollado en otras partes del país, como Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, Michoacán y ahora Guerrero.

 

Lo anterior se ve reflejado en un estudio que llevó a cabo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acerca de la situación de la calidad de vida de sus 34 países que la integran.  El documento, denominado How was life, destaca, entre otros rubros, el de la seguridad.  Califica en consecuencia a México, en el último lugar, con un promedio de homicidios de 22.9 por cada 100 mil habitantes, más de 5 veces el promedio de los países que integran la OCDE, que es de 4.2 homicidios.  Los demás temas que abarca –vivienda, esperanza de vida, ingresos, educación, medio ambiente y salud, entre otros- otorga un promedio de calificación bajo, que lo ubica en el penúltimo lugar del organismo, apenas por encima de Turquía.

 

Clasificación de los 34 países que integran la OCDE según el estudio How was life.

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Fuente: http://www.animalpolitico.com/2014/10/mexico-el-ultimo-lugar-de-la-ocde-en-seguridad-y-educacion/

 

La segunda noticia que considero importante comentar tiene que ver con la recomendación que hizo la Organización de la Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano sobre sus donativos a organizaciones privadas, en lo particular al Teletón.  Anualmente, esta organización de carácter privado, auspiciado por el Grupo Televisa, lleva a cabo colectas nacionales para la construcción de un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en cada entidad del país.  Su misión es la de dar atención a personas que tienen alguna discapacidad o incluso requieren de algún tipo de rehabilitación física.  Existen más de 20 centros, así como un hospital infantil de oncología, un centro de autismo y hasta una fábrica de pelucas para niños con cáncer, según reporta el propio portal electrónico de Teletón.

 

Sin embargo, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU emitió una serie de recomendaciones al gobierno mexicano para que éste distinga, entre otros rubros, establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad. Lo anterior viene a colación puesto que desde hace 17 años (en 1997) que se implementó el primer centro y de acuerdo a un informe solicitado vía transparencia por un medio de comunicación, hasta 2012 la Fundación Teletón recibió de algunas entidades como el Estado de México, Jalisco, Puebla, y Coahuila, la cantidad de 1,832 millones de pesos.  En ese mismo período, la fundación logró recaudar –agregando las aportaciones privadas- la suma de poco más de 4,635 millones de pesos, es decir, que casi el 40% de las donaciones provinieron del erario.  Para 2013, la cantidad aumentó a poco más de 5,500 millones de pesos, eso sin contar que los terrenos en donde se construyen los centros son donaciones de los gobiernos locales (estatal y/o municipal).

 

Otro ejemplo es el caso de Michoacán, que hizo oficial mediante una iniciativa enviada por el entonces Gobernador Fausto Vallejo al congreso local, que consistía en la aportación de un donativo por 40 millones de pesos anuales durante 10 años, es decir, 400 millones de pesos.  Además, incluye la donación de un terreno urbanizado de 6 hectáreas. Ello contrasta con la situación financiera que atraviesa el estado puesto que el propio Vallejo había señalado tener graves problemas económicos por la deuda de poco más de 25 mil millones de pesos.

 

La recomendación de la ONU destacó también que las campañas que realiza Teletón promueven un estereotipo de las personas con discapacidad como individuos que requieren de una caridad.  Asimismo, mostró especial preocupación por la esterilización de las personas con discapacidad sin el consentimiento previo de éstos, lo cual vulnera sus derechos humanos.

 

Ambos temas, uno vinculado a la seguridad y el otro a la asistencia social, conllevan a una profunda reflexión de la situación actual que vive México en el siglo XXI.  La inseguridad en el país si bien no refleja un aumento en el número de ejecutados, sí lo hace en cuanto a los métodos y la violencia con que se llevan a cabo, lo cual es peor aún, puesto que ello es resultado de una descomposición social y una pérdida por los valores humanos.  En pocas palabras, la sociedad está experimentando una fase preocupante de deshumanización.

 

Ello también tiene una relación directa con la política de asistencia social.  ¿Cómo negarle a un consorcio dominante en medios de comunicación en el país la donación de recursos y terrenos para exponer a la opinión pública su lado humano?  No critico la forma, puesto que es una realidad que estos centros han ayudado a ofreciendo un servicio a un costo prácticamente accesible a cualquier ciudadano, incluso mejor que las instituciones de salud del gobierno.  Lo que debe aclararse es el fondo, puesto que además de Teletón, existen otras organizaciones que practican las mismas actividades pero no reciben el mismo trato, como lo es el Centro de Rehabilitación Estatal de Michoacán.  Sin embargo, éste no tiene a Televisa.

 

Todo esto me lleva a pensar, y en consecuencia a preguntarme: ¿la humanidad está evolucionando?  La mayoría opinaría tal vez que sí, pero difícilmente podría responder a esta otra: ¿hacia qué dirección?

 

 

El tintero.

 

El 8 de octubre de 1974 Quintana Roo se convirtió como estado libre y soberano y se integró en consecuencia al concierto de entidades que componen nuestra República.  Cumple 40 años en medio de múltiples contrastes: para algunos una inspiración y para otros la tierra que los adoptó; una tierra bendecida con vastos recursos naturales pero que hoy sufren la depredación insaciable de los acumuladores de riqueza; un lugar de múltiples sitios que son la herencia de un pasado cultural invaluable, pero con niveles de marginación preocupantes; una sociedad joven en general pero con graves problemas en temas de seguridad, deuda pública, libertades políticas, suicidios, embarazos no deseados y violaciones.  Aun así, mi esperanza de ver un Quintana Roo más igualitario sigue intacta.

 

El líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se unió a la marcha que realizaron en la Ciudad de México estudiantes normalistas, familiares de los desaparecidos y sociedad en general, para protestar y exigir una solución al problema que se vive en el municipio de Iguala.  Sin embargo, un grupo de manifestantes lo identificaron y además de insultarle, le agredieron y aventaron líquidos a su persona.  La acción es totalmente reprobable, pero tal vez al ingeniero se le olvidó que los gobernantes que señalan como responsables –alcalde y gobernador- pertenecen a su partido.  Por uno pagan todos.

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