México, D.F. Abril 4 del 2015.

Las prácticas fraudulentas de bancos y sociedades financieras a la luz de sus conexiones europeas y la ausencia de supervisión nacional.
El lavado de dinero de HSBC en el sexenio pasado y, ahora, su ayuda a evasores fiscales Mexicanos a través de sus oficinas en Ginebra, Suiza enlaza el escenario Mexicano con el ámbito bancario europeo.
Si Ficrea ha escamoteado 3200 millones de pesos mediante “triangulación” con Leadman Trade –su filial – el destinatario parece haber sido el Banco de Madrid, filial de Banca Privada de Andorra. Allá también le llegaron 445 mil Euros a Gabino Fraga, el ex – director de Monex, para atender la compra de votantes mediante monederos electrónicos y sumarle votos a Enrique Peña en el 2012 en México. Por otra parte, Banamex facilitó un fraude de 500 millones de dólares de la empresa Oceanografía y, sigue funcionando como si nada irregular le hubiera afectado. Si recordamos la Unión de Crédito Starfin y sus 116 defraudados, los Gastelum de Culiacán permanecen intocados. La Sociedad Hipotecaria Federal quiebra por maniobras fraudulentas al sobrevalorar sus viviendas construidas en el Edo. de México. La magra cosecha de un solo detenido en conexión con Ficrea, la detención del director jurídico de su filial Leadman Trade, Gilberto Cerón Poo, revela la inacción del SAT y de la Comisión Bancaria – la CNBV – en la revelación al ministerio público federal de decenas de pillos de “cuello blanco” que, de acuerdo a sus investigaciones, deben ser denunciados y aprehendidos. Para la CNBV la tarea de supervisión se agranda con la denuncia de las prácticas fraudulentas de la Unión de Crédito Progreso y del Banco Progreso en Chihuahua, banco al que han sido trasvasados en tres años 83,000 millones de pesos de los haberes presupuestales del Gobierno de Chihuahua, malversaciones a cargo de César Duarte Jáquez, “gobernador” en funciones. La Comisión Bancaria debe indagar la procedencia de recursos muy cuantiosos y determinar la corrección del manejo y aplicación de los mismos en un banco que parece contar con su autorización. Es evidente que la CNBV no tiene la capacidad de supervisión de un sector vasto y complejo cómo el que la Leyes le señalan. Los casos comentados, especialmente el de Ficrea, exigen toda una reestructuración legal orientada por la simplificación y reducción drástica de operaciones financieras. DEBERÁ INSTITUIRSE UN REGISTRO DE FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS TRAMPOSOS dentro del sector bancario-financiero a quienes se impedirá toda participación laboral, amén de sanciones drásticas a los titulares ineptos, empezando por su destitución y pérdida de libertad. Para los defraudados de Ficrea se exigen no mil millones de pesos en una primera etapa a través de Nafinsa, sino seis mil millones a través de las etapas que fueren necesarias. Hay que sanear todo el sector financiero, de arriba abajo y a los tribunales superiores de justicia infractores en el caso Ficrea, decomisarles sus inversiones, destituir a sus titulares y encarcelarles diez años.