París (PL) La migración forzosa hacia Francia de más de mil 600 niños de la isla de la Reunión es un episodio sombrío de la historia que salió a la luz recientemente cuando el Parlamento reconoció la responsabilidad moral del Estado en esos hechos.

Entre los años 60 y 80 del siglo pasado, menores de entre seis meses y 15 años fueron separados de sus familias en ese departamento de ultramar francés, ubicado en el Océano Índico, y trasladados a zonas rurales en el hexágono.

Algunos eran huérfanos, pero otros tenían parientes y las autoridades los engañaron con la promesa de que les darían educación y salud, verían la torre Eiffel y regresarían a la isla durante las vacaciones.

Sin embargo, la realidad fue muy distinta. El plan diseñado por el diputado conservador Michel Debré tenía dos objetivos bien definidos, el primero de ellos resolver al problema del declive demográfico en algunas áreas del campo galo.

El segundo era enfrentar la sobrepoblación en los territorios ultramarinos ocupados por Francia y evitar así una explosión social por la extrema pobreza o que los jóvenes desfavorecidos devinieran en autonomistas en potencia.

La mayoría de los menores, alojados con familias campesinas, sufrieron maltrato y discriminación y en lugar de darles algún tipo de instrucción fueron obligados a trabajar prácticamente como esclavos en la agricultura.

Se les conoce como «los Reunioneses de la Creuse», debido a que muchos de ellos fueron a parar a ese departamento de la región central francesa.

«Era buen alumno y me prometieron que en Francia podría estudiar para diseñador industrial o arquitecto, pero apenas bajé del avión me dijeron que el Estado no tenía dinero y me colocaron como mozo de labranza en una granja, cerca de Guéret», contó a la prensa Jean-Charles Serdagne, quien hoy tiene 53 años.

El caso del exilio forzado de los niños es un tema del cual muy pocos habían oído hablar aquí, hasta que en la década del 2000 uno de ellos, Jean Jacques Martial, publicó un libro titulado «Una infancia robada», donde cuenta la violación a la cual fue sometido por su padre adoptivo.

Martial, actual presidente de la asociación que agrupa a las víctimas, fue el primero en presentar una demanda contra el Estado, pero ésta y otras similares fueron rechazadas por la justicia bajo el argumento de la prescripción del delito.

«Es una historia terriblemente complicada», explica Philippe Vitale, sociólogo de la universidad de Aix-Marsella y especialista en este caso.

Según el experto, «el objetivo de Michel Debré, quien tenía una visión muy jacobino-nacionalista, era desplazar lo que estaba demasiado lleno hacia lo que estaba demasiado vacío».

Esos infantes de La Reunión son producto de un asunto de Estado y de un abuso de poder, denuncia el investigador, y añade que las autoridades mintieron a las familias y no cumplieron con el compromiso de educar a los menores y de garantizarles un retorno.

Más de 30 años después de aquellos terribles sucesos, la Asamblea Nacional francesa aprobó una resolución el 18 de febrero último donde reconoce la responsabilidad moral de Francia en la migración forzada de los pequeños.

El proyecto fue presentado por la diputada de la Reunión, Ericka Bareigts, y contó con el respaldo del gubernamental Partido Socialista, de los Ecologistas, el Partido Radical de Izquierda y el Frente de Izquierda.

«El Estado falló, mintió por un proyecto político», dijo la legisladora y recordó que disponer de los niños y separarlos de sus padres crea una ruptura terrible y se debe reconocer la responsabilidad moral por estos hechos.

Para Bareigts el texto tiene varios objetivos, entre ellos dar a conocer este caso sombrío, permitir a las víctimas reconstituir su historia personal y reparar esta enorme herida individual y colectiva.

La resolución, sin embargo, no implica ningún tipo de resarcimiento material o económico para las familias implicadas y tiene un carácter esencialmente simbólico.