Por Guillermo Robles Ramírez
Durante años y años, amparados con una organización dizque protectora del patrimonio de los pobres y particularmente de los campesinos, un reducido grupo de supuestos líderes crecieron hasta el grado de introducir de contrabando a todo el territorio mexicano con “mordidas” sobornos etc., miles y miles de unidades automotrices de procedencia extranjera.

Buena parte de esos vehículos, primero camionetas pickups eran traídas a México de los Estados Unidos, como vehículos utilitarios o sea de trabajo para las labores en el campo, dizque beneficiando así a las familias campesinas. Aunque esto era una vil falacia, pues la verdad es que, si los ejidatarios no tenían antes y ahora para buen comer, menos para comprar un vehículo.

En honor a la verdad, esa organización primero las camionetas y después automóviles se los vendían a gente de la ciudad, particularmente a pequeños y medianos comerciantes, aunque el pretexto o argumento dado al gobierno federal era de que sería para beneficio de la gente del medio rural.

Por más de treinta décadas los líderes y creadores de esa organización hicieron gran negocio metiendo no miles, sino millones de unidades motrices todas ellas chatarras, modelos que por su antigüedad habían sido desechados por los vecinos del Norte y prohibida su circulación por las autoridades respectivas de los Estados Unidos.

De esa manera, México se fue contaminando cada vez más, mientras que, por otra parte, se fueron enriqueciendo más los dirigentes de los “inventores” de esa sociedad protectora y que llevó y sigue llevando de nombre oficial Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar, ONAPPAFA.

Con motivo del vencimiento del Tratado de Libre Comercio, resultó más fácil y menos costoso traer un automóvil o camioneta de modelo 10 años antigua al año que corre, y al vencimiento del TLC, se firmó uno nuevo llamado T-MEC que por cierto tendrá su primera revisión el próximo julio del 2026. Sin embargo, ambos tratados comerciales entre EUA y México, motivó que ONAPPAFA, redujera sus costos, pero aún más cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador, autorizó y extendió el plazo para la regularización de las unidades denominados coloquialmente como “autos chocolate”, motivó que ONAPPAFA redujera y vea el ocaso y agonía de lo que por más de 30 años fue negocio redondo.

Aun cuando existe la flexibilidad por parte de las autoridades fiscales para el ingreso de vehículos viejos de Estados Unidos hacia nuestro país, por algún motivo sigue latente el negocio de estas organizaciones en donde dos que tres personajes continúan viviendo sobre la venta de la impunidad de que esas unidades puedan circular en las principales calles y avenidas de nuestro país sin su respectiva placa que paga la mayoría de los ciudadanos al gobierno estatal de las diferentes entidades federativas. Hacen creer a sus clientes que la venta de placas no otorgadas por las autoridades estatales, sino de un organismo, así como calcomanías es suficiente como para hacer valer que estos “autos chocolates”, circulan en completa normalidad y sobre todo legalidad, cosa que no es cierta.

Los dirigentes de la moribunda Organización Nacional de Protección al Patrimonio Nacional, no llenan y a toda costa, particularmente como lo ha venido haciendo durante tantos años hacer valer “derechos”, con bloqueos de calles, desórdenes y manifestaciones agresivas, imponiendo su ley y no permitir que la autoridad local de cada entidad federativa, ponga orden en lo que por años fue un “logro” de ONAPPAFA o sea circular sin placas oficiales y vender los dirigentes de esa organización una calcomanía o placa de plástico, que aseguran quienes medran con las siglas de ONAPPAFA, así como de otras organizaciones que surgieron como la Unión Campesina Democrática o UCD, que al final del día son “pases” de impunidad. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org