La Habana (PL) Pese al llamado de defensores de derechos humanos en Estados Unidos para evitar el sufrimiento innecesario durante ejecuciones de condenados a muerte, se aplican drogas letales que provocan a los reos interminables minutos de agonía.

El pasado 16 de enero fue ejecutado, en el estado de Ohio, Dennis McGuire -condenado en 1994 por violar y asesinar a puñaladas a una joven de 22 años-, a quien se le suministró un cóctel compuesto por dos drogas: el sedante midazolam y el analgésico hidromorfona, derivado de la morfina.

De acuerdo con testigos, el reo jadeó con intensidad y emitió resoplidos y fuertes ronquidos durante los más de 15 minutos que le tomó expirar desde que le comenzaron a inyectar la mortal dosis en uno de sus brazos.

Antes, McGuire había agotado todos los recursos judiciales, incluyendo la Corte Suprema, para evitar un procedimiento que según su defensa le provocaría la muerte por asfixia en «una pena cruel y poco habitual», la cual además es prohibida por la Constitución de Estados Unidos.

Sin embargo, un juez federal de Ohio, Grefory Frost, consideró que no había «pruebas (…) de un riesgo sustancial de experimentar un sufrimiento severo» y rechazó suspender el acto, según destacaron medios digitales.

Durante mucho tiempo se utilizó una combinación de tres sustancias para la inyección letal: un anestésico, un agente paralizante y otro fármaco para detener el corazón.

Pero estas comenzaron a escasear después que la compañía encargada detuvo su producción y diferentes casas farmacéuticas europeas se negaron a la comercialización para ser usada en la pena capital, en correspondencia con la oposición de la Unión Europea (UE) a este método.

De acuerdo con registros periodísticos, en 2011 la compañía europea Hospira dejó de fabricar el tiopental sódico ante las

presiones de los gobiernos de la UE, negados a su uso para las ejecuciones en penales estadounidenses.

Las diversas entidades empezaron entonces a probar el químico

pentobarbital, pero su fabricante Lundbeck, con sede en Dinamarca, lo prohibió también en el sistema de prisiones del norteño país.

Fue así que el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Ohio, uno de los 32 estados que aplican la pena de muerte en ese país, introdujo un cambio en la manera para ejecutar a los condenados para permitir «el uso del midazolam, un sedante, y la hidromorfona, un analgésico», dijo la vocera de la dependencia, Jo Ellen Smith.

¿VOLVERÁ LA SILLA ELÉCTRICA?

Pero la controversia aumenta ante las críticas desatadas por lo ocurrido en Ohio, al punto que algunos congresistas solicitaron el retorno a antiguas prácticas para la aplicación de la pena máxima como la silla eléctrica, el pelotón de fusilamiento o una cámara de gas.

Trascendió que los legisladores de al menos dos estados de la Unión han tratado de introducir los pelotones de fusilamiento en las ejecuciones si los fabricantes siguen negándose a vender los fármacos de la inyección letal, según pidió el representante republicano de Missouri, Rick Brattin.

También una medida similar fue recomendada por el senador republicano de Wyoming, Bruce Burns, quien instó a que el pelotón de fusilamiento estuviese disponible como una opción para cumplir estas sentencias, pues comparado con otros métodos «es realmente el menos caro para el estado».

Por su parte, el 22 de enero pasado la Cámara de Representantes de Virginia avaló un proyecto de ley que autoriza el uso de la silla eléctrica (utilizada por última vez en enero de 2013) si llegara a faltar los barbitúricos de la droga letal.

Mientras, el fiscal general de Missouri, Chris Koster, prevé el

restablecimiento de la cámara de gas como alternativa, tras las denuncias por el origen del polémico anestésico de la inyección letal, fabricado por un laboratorio que no está homologado a nivel federal.

Y más allá del fármaco, en medio de toda la controversia, surgen cuestionamientos acerca de si los verdugos cometen errores, advirtió a los periodistas Deborah Denno, una investigadora del tema hace más dos décadas.

Se han reportado problemas con la administración de la inyección letal, con casos en que al momento de la ejecución no pudieron encontrar la vena del condenado o dejan que se salgan las jeringuillas del lugar, comentó la también profesora de Leyes.

Más de mil 300 prisioneros han sido ejecutados en Estados Unidos, país con una de las mayores poblaciones penales del mundo, desde que la Corte Suprema levantara la prohibición de la pena capital en 1976.

Y se estima que a alrededor de mil 200 se les ha aplicado la inyección letal, un método generalizado en esa nación a partir de 1982.