LA COLUMNA DE INDEPENDENCIA

Ahora que estamos cerca de cumplir su primer centenario, la Constitución Política de México resultaría irreconocible para los doscientos y tantos diputados que intervinieron en su redacción original durante diciembre de 1916 y enero del siguiente año, en la ciudad de Querétaro.

Considerada en aquel tiempo como la primera del mundo en proteger los derechos sociales, incluyó gran parte de los ordenamientos de la de 1857. Conservó la forma de gobierno republicana, representativa, demócrata y federal, pero dividió al Poder Legislativo en cámaras de Diputados y Senadores. En ella se decretó la no-reelección y se estableció un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra. Esta constitución reconoció las libertades de culto, expresión y asociación, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máxima de 8 horas.

Un análisis, aunque fuera superficial y somero, del actual espíritu de artículos como el 3º, el 27, el 28, el 123 o el 130, nos mostraría que los poderes afectados con la promulgación del 5 de febrero de 1917 han recuperado lo perdido y hasta avanzado en la defensa de sus intereses. La regresión es brutal.

De acuerdo con Arnaldo Córdova, el eminente investigador de las ciencias sociales y doctor en derecho, y con el recientemente fallecido Juventino Castro y Castro, es una aberración suponer que la Constitución y las leyes son meras palabras y que las palabras cada quien las entiende a su manera, o que la Constitución es sólo un texto y un fetiche: absurdo, porque la Constitución es la estructura escrita del Estado y el resultado de una historia que la mayoría de nuestros improvisados legisladores no conocen ni entienden.

Por ello causan sorpresa e indignación las costosas campañas publicitarias de diputados y senadores para convencer a la población de su desempeño patriótico y benefactor mientras la diaria realidad demuestra lo contrario.

Sobran los ejemplos del abusivo exceso en la promoción personal. Como el del perredista Carlos Navarrete que, cuando perseguía la candidatura para Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a diario utilizaba los medios para difundir su imagen con acciones tan lejanas a su función como la de tramitar atención médica para los luchadores profesionales o prometer la solución del conflicto de Mexicana de Aviación.

O el de Jorge Luis Preciado, el coordinador de la bancada del PAN, que acostumbra organizar frecuentes francachelas en instalaciones y con recursos del Senado, acompañado de mariachis para celebrar los cumpleaños de su familia.

Por eso el Congreso Popular propuesto por un puñado de ciudadanos, periodistas e intelectuales podría convertirse en una eficaz alternativa para revitalizar o substituir al poder oficial que se pudrió.