Por Guillermo Robles Ramírez

En cualquier recorrido de las cabeceras municipales de Coahuila, observo una mala práctica de la mayoría de los coahuilenses, que personalmente no solo desapruebo, sino siento una gran impotencia al ver que los mexicanos seguimos siendo muy valemadrista y entre más prepotentes solo refleja la ineptitud, en no respetar los espacios asignados para personas con discapacidad.

         Hay de todo tipo de conductores que no respetan estos espacios ocupándolos a sabiendas que no existe autoridad asignada para multar a estos abusones. Vehículos que no cuentan con placa alguna, otros sí, pero la justificación siempre es la misma, es decir, “no me iba a tardar nada”. Y los más “conscientes”, son aquellos que literalmente no se estacionan en dichos espacios asignados para personas con discapacidad, pero obstruyen el acceso de la misma.

         Pero los peores son aquellos dueños o dueñas de unidades que efectivamente cuentan con una placa especial de discapacidad y ocupan el cajón correcto, pero al bajarse del mismo vehículo, caminan tan normal y no mostrando ninguna señal de padecer discapacidad.

         Harto de observar a estos ciudadanos, un día que vi a una señora “fifí”, bajarse de su camioneta con placa de discapacidad y se estacionó en el lugar correcto asignado; pero la señora caminaba a paso veloz y sin problema alguno. Intenté ser buen ciudadano y para despertarle la concientización sí le comenté que no había necesidad de ocupar un espacio que realmente no lo estaba requiriendo, y aún más si no bajó a ningún familiar de su camioneta el cual también había visto que estaban esperando adentro cinco adolescentes.

         Fue tanto el enojo de la señora “fifí”, que no pudo decir nada porque tartamudeó y se quedó trabada del habla que se regresó a su camioneta de alta gama, y pensé que bajaría a alguien. Mi sorpresa fue que bajó un bastón que en ese momento pensé que me golpearía, pero no fue así, sino empezó a caminar con el bastón y fingiendo que cojeaba, pero además con una ligera sonrisa de burla, al cual solo le dije que era una persona sinvergüenza y me eché a correr para evitar ser alcanzado por la señora “fifí” que tenía la intención de agarrarme a bastonazos el cual le reconozco su buena condición.

         El problema en Coahuila, es que existen miles de placas vehiculares para discapacitados que anualmente expide el gobierno de Coahuila, empero, cuántos de esos son personas realmente imposibilitadas físicamente para conducir un vehículo.

         Por desgracia, no más de la mitad de esas placas pertenecen a personas en verdad discapacitadas, el resto la obtiene gracias a una serie de “tranzas” que van desde comprar a un médico un certificado de discapacidad, a influencias o conocidos entre la gente que autoriza la salida de las láminas y a extorsiones pagadas a gente que lleva años ofreciendo sus servicios.

         La ambición de tener placas para discapacitados, es porque se le fija un precio exageradamente reducido al costo normal, así como disponer de la comodidad de llegar a los estacionamientos asignados exprofeso que, en la casi mayoría de los casos, generalmente se encuentran desocupados.

         De acuerdo al número oficial sobre el número de placas para discapacitados expedidas, no rebasa el uno por ciento de conductores verdaderamente discapacitados frente al volante de una unidad motriz.

         Lo anterior es lo que los coahuilenses observamos en cualquier región o cabecera municipal de la Entidad, lo que provoca malos pensamientos en el sentido de que todo con una “mordida” se arregla y más tratándose con esa lastimosa frase de que “mi jefecito o jefecita, mi carnalito, mi hijito, etc. no puede caminar, este inválido”.

         Si hay mucha verdad en algunos de estos casos, el pariente invocado padece de alguna discapacidad física, pero las autoridades recaudatorias que expiden esas placas, no corroboran si es cierto o mentira.

         Dicho por la misma Administración Fiscal General de Coahuila, una gran mayoría de los “certificados” médicos de invalidez extendidos por facultativos corruptos e insensibles, se extienden como propaganda de tiendas en oferta.

         La misma Administración Fiscal del Estado, ha repetido hasta el cansancio que se tiene identificados y ubicados a los médicos que se han dejado extorsionar para extender las “constancias” de la invalidez, lo que es un delito.

         Está comprobado que casi el cien por ciento de propietarios que gestiona una placa para discapacitado, traen vehículos de reciente modelo o bien cuya antigüedad no rebasa los tres o cuatro años, es decir, son personas con capacidad económica que abusa de los beneficios que ofrece el Gobierno del Estado de Coahuila.

         Se está haciendo costumbre que los más beneficiados son coahuilenses con recursos económicos y que abusan de las bondades que ofrece la administración estatal. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México) www.intersip.org