*Parodias Judiciales

*Presiones de los EU

*De las Caras Largas

El 9 de agosto pasado, es decir hace más de tres meses, Rafael Caro Quintero, uno de los primeros “capos” que se hicieron célebres bajo los reflectores. Fue entonces cuando se conminó a los periodistas a no realizar apologías de los jefes de las mafias, a partir de la aprehensión relámpago de éste el 4 de abril de 1985, esto es casi dos meses después del supuesto asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar y del crimen, éste sí, del piloto mexicano Alfredo Zavala; sobre el cadáver de “Kiki” hay evidencias de manipulación y versiones encontradas en los informes forenses de Zamora, Michoacán, y Guadalajara, Jalisco donde le practicaron sendas autopsias.

Es importante hacer ver lo que señaló, en momento oportuno, la periodista Hilda Vázquez, quien investigó los sucesos de “El Mareño”, donde oficialmente fueron torturados Camarena y Zavala, respecto a una suerte de conjura, urdida por James Kykenball, encargado de la oficina de la DEA en Guadalajara y con ambiciones de ser designado jefe de esta corporación estadounidense, para asegurarse de un “héroe” cuyo martirio justificara las presiones contra el gobierno mexicano, entonces encabezado por miguel de la madrid –minúsculas-, el más entreguista de nuestros presidentes recientes, y el consiguiente control de las drogas en cuanto a su paso hacia la poderosa nación del norte y la consiguiente distribución de las mismas sin el menor agobio.

Ya no es desconocido que en la frontera sur estadounidense los agentes aduanales, la DEA, la CIA, la NSA y la Border Patrol son determinantes para orientar los cargamentos de la muerte por uno u otro paso hacia los Estados Unidos; y tan sólo dan cuenta de algunas confiscaciones eventuales pero sin que disminuya, en un solo gramo, las “exportaciones” de cocaína, marihuana y amapola de la que se extrae la sustancia para refinar el opio muy demandado por las colonia china cada año más numerosa. De allí la importancia estratégica que se dio al caso Camarena aun cuando la identificación del supuesto cuerpo, con señales de tortura, fuese caótica; para comenzar los cadáveres no fueron encontrados donde señaló la DEA en su informe pericial ni pudo hacerse coincidir el ADN de Camarena muerto con el de Camarena vivo, esto es de acuerdo al registro de la propia DEA.

Es el caso que, a partir de ese momento, el primer “boom” del narcotráfico pareció enfriarse pero es evidente que no fue así; al contrario, creció con el tiempo hasta convertirse, en apariencia, en incontrolable si bien pervive la interrogante mayor: ¿por qué se obliga a México a poner la sangre mientras en la Unión Americana no hay obstáculo alguno para comercializar los estupefacientes a través de doscientos centros operacionales? Esta álgida cuestión abre todo un escaparate de sospechas, dudas y señalamientos entrecruzados.

En resumen: es costumbre que el gobierno estadounidense reacciones con extraordinaria celeridad contra el mexicano, bajo sospecha permanente d estar infiltrado, sobre todo cuando se trata de hechos que atentan, según su visión, contra propiedades y ciudadanos de su país. Y esto no es nuevo: no olvidemos, por ejemplo, el burdo montaje que dio pretexto para la ocupación del puerto de Veracruz durante seis meses de 1914 cuando se pidió que el presidente de México saludara, humillado, la  bandera del vecino por un incidente provocado por éste, precisamente el desembargo de unos marines para abastecerse de combustible, armados hasta los dientes, y su posterior aprehensión basada en el derecho internacional.

A partir de entonces, el caminito está trazado para que el fuerte imponga sus condiciones sobre el débil cuya única defensa había sido, hasta el deterioro de la reciprocidad diplomática, la trascendente Doctrina Estrada a favor de la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, de manera dolosa, el muro de la legalidad fue derribado por el neoliberalismo y las complicidades soterradas de las autoridades mexicanas –de la Madrid, bartlett y los cancilleres desde entonces-, con los jefes de las mafias dominantes, obviamente toleradas por las agencias estadounidenses citadas… lo mismo que durante la Segunda Guerra Mundial cuando Baridagüato, Sinaloa, se convirtió en el centro abastecedor de marihuana para las tropas norteamericanas aposentadas en Europa, desde el día “D” marcado así para el desembarco en las costas de Normandía.

En este contexto, fue por demás extraño que se liberara a Caro Quintero hace poco más de noventa días y el gobierno de los Estados Unidos tomara con tibieza el caso… además de haber dejado pasar, nada menos, veintiocho años ¡sin solicitar la extradición del “capo”, como ha ocurrido con otros cabecillas! Por ejemplo, a Juan García Ábrego, el afamado “capo de capos” y jefe del cártel del Golfo hasta su concertada aprehensión a unas decenas de kilómetros de Monterrey, se le “inventó” un acta de nacimiento falsa que le convirtió en ciudadano norteamericano por encanto; y así pudo ser enviado a la vecina nación donde permanece, de acuerdo a las autoridades estadounidenses, “en una cárcel de Colorado” sin que haya podido certificarse por ningún mexicano, funcionario o periodista.

También se llegó al colmo cuando el llamado “Grupo Leyenda” de la DEA, al mando de Héctor Berreyez –quien confirmó recientemente la historia “secreta” dada a conocer por este columnista desde 1999-, se dio el lujo de “secuestrar” o aprehender al médico jalisciense Humberto Álvarez Machain, recluyéndole después en los Estados Unidos sin justificar una acción evidentemente atentatoria contra la soberanía de México. Tal ocurrió en 1990, ya bajo el salinato trágico, sin que existiera salvo una discreta carta de protesta de nuestra Cancillería.

¿Cómo, entonces, dejaron correr el tiempo en cuanto se relaciona con Caro Quintero y la parodia del asesinato de Camarena –sin que se mencione, salvo excepciones al mexicano Zavala-, hasta el grado de reaccionar con enorme lentitud tras la excarcelación del primero en agosto pasado? Y peor aún: el 30 de octubre, hace trece días, comenzaron las indagaciones sobre propiedades y posibles socios del “capo”, dejado en libertad por supuestos errores en su proceso, y el cinco de noviembre se fijó “una recompensa” de cinco millones de dólares, como en el Old West, para quienes proporcionen información precisa sobre su paradero. Tres meses, insisto, como para armar una nueva marejada contra el gobierno de México y acaso como reacción –lo mismo que durante los años del callismo- a la reforma hacendaria cuyos efectos podrían salpicar los intereses norteamericanos en nuestro territorio. (No sólo a éstos, cabe aclarar, sino igualmente a millones de mexicanos quienes presuntamente sufrirán por el acoso fiscal, una nueva versión del “terrorismo” en la materia, con encajes tributarios inaceptables).

Pero también sucede que, en mayo último, durante su visita de Estado a México, Barack Hussein Obama –tal su nombre completo como si éste conllevara una especie de maldición contra los norteamericanos tuertos por la coincidencia que remite a dos de los mayores enemigos de la potencia arrogante-, no pudo evitar algunos gestos de rechazo y enfado por no haber logrado, hasta ese momento, imponer de nuevo la autorización suscrita por calderón, siempre detrás de bambalinas, para que marines estadounidenses, camuflados, se incorporaran a nuestras fuerzas armadas so pretexto de coordinar con éstas el combate contra las consabidas mafias… por ellos fomentadas y protegidas sobre el suelo norteño, más allá del Bravo y las mojoneras.

En resumen, no hay duda de que las agencias de inteligencia del gobierno norteamericano están tratando de someter al endeble gobierno mexicano, exhibido además por los controvertidos excesos en el financiamiento de la campaña presidencial de 2012, sin capacidad operativa siquiera para detener la crecida del narcotráfico en algunas entidades –especialmente Michoacán y Tamaulipas-, con visos de ingobernabilidad indiscutible. ¿Entienden ahora algunos de nuestros lectores, entre ellos unos cuantos defensores de la administración federal precedente, cuánto señalamos sobre las “grandes obras de infraestructura” legadas por calderón, como el Puente Albatros en el hoy atenaceado puerto de Lázaro Cárdenas, evidentemente dedicadas a los narcotraficantes para facilitarles el paso hacia la frontera norte? A los michoacanos de nada les sirvió: no pueden ni salir de sus casas, mucho menos cruzar sobre las flamantes rutas recientemente inauguradas con el mismo fin… y no sólo en su entidad.

Parecemos maniatados y con los pies igualmente amarrados. Nos quieren de rodillas, para decirlo de una vez y esto es posible por la debilidad estructural de nuestro gobierno, cuestionado y poco cuidadoso en la estructuración de reformas que dan cabida a todos los chantajes imaginables. Peña Nieto tiene escasa capacidad de reacción. Punto.

Debate

Los productores de “Presunto Culpable”, Layda Negrete –nieta, por cierto, del extinto cacique campechano Carlos Sansores Pérez- y Roberto Hernández, siguen siendo noticias por las devastadoras acusaciones en su contra, atizadas por los jueces del Distrito Federal que quieren desquitarse por haber sido exhibidos, presentadas por los verdaderos facinerosos y los familiares del joven asesinado que dio origen a un tortuoso proceso judicial contra Antonio Zúñiga. Les exigen, nada menos, ¡tres mil millones de pesos por “daño moral”!

El fondo de la cuestión no estriba, sin embargo, en las actuaciones judiciales sino en lo que toca a un principio fundamental, un derecho natural de los seres humanos: la libertad de expresión, tan exaltada demagógicamente pero con enorme pobreza en la praxis. Se aduce contra los cineastas que utilizaron las imágenes del falso acusador y del policía que se lo inventó todo, el “comandante” José Manuel Ortega Saavedra, obviamente alentado por la superioridad, sin el “consentimiento de éstos”.

Por supuesto, era imposible tomarle el parecer a la víctima y a quienes, por obvias razones, actuaron con dolo en los tribunales encubiertos por un juez de carcajada. ¿Se imaginan si los criminales comienzan a exigir indemnizaciones por haber sido captados por alguna cámara de seguridad?¿O si los familiares de una víctima alegan que el solo citar el nombre de la misma les habilita para pedir “indemnizaciones”? Las propias interrogantes colocan en el ridículo a quienes proceden contra los audaces productores del filme, reconocidos ya en el exterior.

Una burda patraña más para blindar a los corruptos y perseguir a quienes alzan sus voces.

La Anécdota

Dos veces, en la última decena trágica –pero la actual por diez años y no sólo días como en 1913-, los mandatarios mexicanos han sido exhibidos. La primera cuando Vicente Fox no quiso avalar –y aplaudimos entonces- la invasión de Irak por cuenta del belicismo de Bush junior; y la segunda en este mismo año al negarse Peña a mantener a los marines estadounidenses en las filas de la Marina mexicana. Con esto, claro, se explica el porqué de la extraterritorialidad de esta institución en la “guerra” contra el narcotráfico iniciada por el devaluado calderón, medroso en su madriguera.

Lo grave del asunto es que, en sendas ocasiones, los titulares del Ejecutivo federal han sufrido después humillaciones lacerantes: Fox y Peña, cada quien en su momento, debieron semblantear hasta la ignominia a los huéspedes de la Casa Blanca para que les devolvieran el color a sus rostros; y nuestra soberanía, una tras otra, siguió siendo pisoteada.

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SOLÍA DECIR EL POLÍTICO TAMAULIPECO CARLOS CANTÚ ROSAS QUE “LA LIBERTAD SE CONQUISTA, NO SE IMPLORA”. LA SENTENCIA CALÓ HONDO PERO TUVO POCO RELIEVE LUEGO DE LA CANDIDATURA DE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS EN 1988 QUE IMPULSÓ, ANTES QUE NADIE, EL PROPIO CANTÚ. PREOCUPAN LAS FARSAS RECURRENTES CONTRA EL DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN, LOS MONTAJES INSIDIOSOS Y LAS DESCALIFICACIONES RUINES DE LOS MERCENARIOS O DE LOS SOBERBIOS QUE SÓLO SECUNDAN CUANTO ELABORAN ELLOS. CADA DÍA NOS PERCIBIMOS, LOS PERIODISTAS INDEPENDIENTES, MÁS SOLOS. Y LOS ASESINATOS CONTINÚAN SIN ESPERANZAS DE ESCLARECIMIENTO. NI UN PASO ADELANTE PARA LA JUSTICIA, EL ÚNICO PRINCIPIO QUE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY.