¿De quién será la culpa?
La privatización de la que tanto se habla del IMSS y el ISSSTE como una de las peores decisiones que podría hacer el gobierno de Enrique Peña Nieto como la peor decisión en donde ya se pronostica el total hundimiento en el sistema de salud y no es para menos puesto que el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha estado anunciando por medio de rumores y filtraciones del mismo personal quienes laboran ahí sobre el quiebre de esa institución de salud.
Lo que sí se ha visto son comunicados por parte del Seguro Social en donde se han quejado mucho de los derecho habientes que se están acabando a la institución por la exagerada demanda que están teniendo los pacientes, careciendo de capacidad para atención por falta de recursos de los contribuyentes, o sea los empresarios que no pagan las cuotas, al igual que ya son demasiados pensionados que tienen que mantener.
El Instituto de Salud, más grande e importante del país, se preocupa tanto por el sostenimiento en el futuro por la falta de recursos para mantener a los derechohabientes, jubilados y pensionados que se ha visto a la necesidad de condicionar a los patrones que al momento de registrar a un nuevo trabajador tiene que ser “obligatoriamente”, con dos salarios mínimos; con la justificación de que es insuficiente para que una persona pueda sostenerse.
Muy a pesar que en la Ley Federal del Trabajo, dice en su artículo 90, que el salario mínimo es el monto mínimo que deberá pagarse en efectivo por los servicios prestados en un día de trabajo y el artículo 61 define que la duración máxima de la jornada laboral es de 8 horas durante el día, 7 para jornadas nocturnas y 7 y media para las jornadas mixtas. También en el artículo 85 de la Ley del Trabajo, el salario pagado a un trabajador (nunca menor al salario mínimo) debe basarse en una jornada normal de 8 o 7.5 horas (cuando es nocturna).
Pues con todo y esto de manera injusta, arbitraria y abusiva impide que cualquier patrón contrate bajo las condiciones del IMSS, que por dizque el “sistema”, no permite dar de alta a alguien si no es con un mínimo de dos salarios, no dejando opción al patrón de mejor no contratar a nadie que exija las prestaciones de Ley, porque simplemente no tiene la liquidez para pagar el salario más aparte los impuestos que ésta misma cobra.
El mismo Instituto Mexicano de Seguro Social, obliga a la parte patronal a tener que ofrecer trabajos sin prestaciones, y ante la falta de ingresos, con el estómago “amarrado” es más que obvio que cualquiera va aceptar bajo esas condiciones con tal de ganarse el dinero dignamente, dejando a la suerte del tiempo que algún día pueda tener mejores ingresos el patrón y poder darlo de alta ante el Seguro Social.
Ahora bien la mayor parte de las pérdidas del IMSS, no está en lo que ellos dicen sino en lo que realmente ocultan entre los pasillos del Instituto y su departamento de jurídico.
El despilfarro fuerte dentro de este Instituto, radica en las demandas recibidas por negligencias médicas, la cual el 50 por ciento de la denuncias se las lleva el Seguro Social, según información proporcionada por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Por desgracia este tipo de negligencias médicas casi no son publicados o dados a conocer a luz pública porque todo se hace en lo oscurito en donde la Ley de Transparencia nunca logra penetrar ahí en donde las auditorias tampoco existen porque de lo contrario la suma de todos los pagos de las denuncias interpuestas por los derecho habientes han sido cantidades en donde las millonadas que han tenido que pagar por los “pequeñísimos” errores cometidos pero mientras no se tenga conocimiento de estos actos resulta más fácil para el Seguro Social culpar a los patrones. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013) www.intersip.org
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