Por Felipe Pliego platas

Durante los primeros días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han suscitado una serie de reacciones hasta cierto grado, inéditas: la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco despertó la rabia del sector que ya veía en la empresa, un caudal de ganancias, producto de la especulación por la venta de terrenos, adquiridos a sus propietarios originales a precio de ganga y ofrecidos en millones, a partir del inicio de la construcción de la obra. Las protestas del grupo afectado y de los que consideraron una medida equivocada no se hicieron esperar. Dos manifestaciones fueron convocadas, para protestar por el hecho. Llamó la atención que en dichas protestas, no hubo comunión en el motivo que generó las mismas, pues mientras unos manifestaban su rechazo al nuevo gobierno, otros expresaban su repudio al ingreso masivo de migrantes latinos, dejando de lado la cancelación del aeropuerto como tema central de su desacuerdo.

En los medios electrónicos e impresos, los sesudos análisis en pro y en contra de la cancelación de la construcción del aeropuerto ocuparon sus espacios, sin tregua alguna, hasta que otra propuesta vino a suplir la temática: La aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que contempla la reducción de salarios a los altos funcionarios, tuvo el efecto de un terremoto. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces de distrito, consejeros de la judicatura y magistrados electorales además de los diputados y senadores, gobernadores y hasta presidentes municipales surgidos de los partidos opositores a la medida de Austeridad Republicana, reaccionaron como si hubieran sido picados por un alacrán. Argumentando invasión de funciones y violación del artículo 94 constitucional que establece la irreductibilidad de los salarios a los funcionarios mencionados, emitieron un comunicado público en el que acusaron al presidente de autoritario. Nuevamente, los comunicadores de las empresas privadas de los medios de comunicación electrónicos e impresos llevaron a sus espacios, largos análisis en los que invariablemente calificaron la propuesta de temeraria pues según su perspectiva, la medida violenta la independencia de los poderes de la República, exaltando lo dicho en el artículo 94 e ignorando lo que expresa la constitución mexicana en la fracción segunda del artículo 127, el cual señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Hoy día, la atención de los medios se centra en las manifestaciones que antorcha campesina, grupo afín al PRI, realiza en la cámara de diputados, exigiendo los recursos económicos a los que se acostumbró a recibir de los anteriores gobiernos para continuar mediando los apoyos a los campesinos y garantizar a través del chantaje, el fortalecimiento de esa entidad.
Las reacciones observadas hasta el momento, no son de extrañar. Los cambios, invariablemente, generan reacciones. Romper inercias constituye la esencia de una auténtica revolución y hoy, nos encontramos con un gobierno que pretende trastocar las inercias mantenidas por más de 80 años.