La Habana (PL) Cuba implementa una política de tolerancia cero a la trata de personas y trabaja en la prevención y enfrentamiento a este delito, pues su atención constituye un problema de máxima prioridad para el Estado y la sociedad civil.

De acuerdo con una comparecencia de la ministra de Justicia, María Esther Reus, en La Habana, la ley reprime con mayor severidad los actos cometidos contra niños y adolescentes en hechos de corrupción, su empleo en la práctica de mendicidad y la venta o tráfico de ellos.

En el asunto están comprometidos ministerios, instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales, que representan a los diversos sectores de la sociedad.

Reus se refirió a las 173 casas de orientación a las féminas y la familia, de la Federación de Mujeres Cubanas, que brindaron en 2012 atención individual y servicio de consejería a 40 mil 710 personas, de las cuales dos mil 480 acudieron por casos de violencia.

Un informe sobre el enfrentamiento jurídico-penal a este fenómeno destaca el conjunto de medidas que aplica el Ministerio del Turismo para impedir el turismo de sexo en sus instalaciones y, además, demanda de las contrapartes extranjeras el cumplimiento de estas regulaciones.

Asimismo, el Ministerio del Interior dispone de centros de evaluación, análisis y orientación de menores, y escuelas de formación integral para aquellos con desviaciones graves en su conducta o que han cometido actos catalogados como delitos.

Cuenta también con centros de protección a niños y adolescentes, cuyo objetivo es minimizar las consecuencias por el trauma causado por agresiones sexuales, orientar a la familia y ofrecer atención terapéutica y psicológica.

A pesar de las acciones desarrolladas en el orden preventivo y de protección social a las mujeres e infantes, persisten factores de orden socioeconómico y cultural que propician la participación de ciudadanos en la prostitución, proxenetismo y corrupción de menores.

El informe señala que Cuba dispone de los instrumentos jurídicos adecuados para enfrentar las actividades asociadas a la trata de personas, que la ley tipifica como la promoción, organización o incitación a la entrada o salida del país con el fin de ejercer la prostitución, o cualquier otra forma de comercio carnal.

Según Reus, en la isla, un total de 224 personas fueron condenadas en 2012 por el delito de proxenetismo. De los 241 juzgados por esta causa, 143 recibieron como sanción la privación de libertad y otros 45, trabajo correccional con internamiento, aseveró.

Las provincias occidentales de La Habana y Matanzas, así como Cienfuegos y Holguín, en el centro y oriente del país, respectivamente, fueron las de mayor incidencia.

Agregó que en la actualidad, siete extranjeros cumplen sanción en la cárcel por corrupción de menores, asociada al abuso sexual infantil.

De acuerdo con el documento del Ministerio de Justicia, en los casos de prostitución de niños, predomina el sexo femenino y una edad promedio de 15 años, en tanto los infantes involucrados usualmente actúan por iniciativa propia.

Precisa que los hechos de abuso sexual contra este sector de la población mantuvieron niveles ínfimos el año pasado. De un total de dos millones 260 mil 751 personas hasta 16 años de edad, se registraron dos mil 117 denuncias, lo que responde a un 0,09 por ciento.

La titular de Justicia señaló en rueda de prensa que la mayoría de los hechos enfrentados a partir de las actividades de prostitución y proxenetismo en Cuba no son considerados como trata de personas, en correspondencia con lo refrendado en los instrumentos internacionales vigentes.

Es el caso del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar este fenómeno, especialmente de mujeres y niños, de la Convención contra el Crimen Trasnacional Organizado del año 2000 (Convención de Palermo).

Reiteró que en la isla no es común el empleo de la amenaza, la coacción u otras formas de intimidación para desarrollar estos actos ilícitos, requisitos necesarios para que se tipifique la trata de personas según establece el Protocolo.

Como rasgo particular, en la nación existe un vínculo consensuado entre prostitutas y proxenetas para ejecutar la actividad ilícita, motivados por el ánimo de lucro, indica el texto presentado en esta capital.

Añade que en general esta práctica es ejercida para satisfacer gustos, lujos, placeres y asegurar condiciones materiales de vida superiores al resto de la población, mientras otras personas ejercen la prostitución para conocer a un extranjero y casarse, como vía para emigrar.

Reus afirmó que la nación caribeña difiere de otros países, donde la explotación sexual está asociada a redes criminales que los mantienen en condiciones de semiesclavitud, de las cuales muy pocas víctimas consiguen escapar.

Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), la trata de personas afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino.

Informa que en 137 Estados se ha explotado a víctimas de por lo menos 127 naciones. En lo que respecta a los destinos de las corrientes de trata, Europa occidental y central registran la mayor variedad de orígenes y recorridos.

En Europa, unas 140 mil mujeres se encuentran atrapadas en una situación de violencia y degradación por motivos de explotación sexual, y una de cada siete trabajadoras sexuales han sido esclavizadas en la prostitución, puntualiza la página web de la Unodc.

De manera global -agrega-, una de cada cinco víctimas son niños, aunque en las regiones y subregiones más pobres, como en África y el Gran Mekong, conforman la mayoría de las personas traficadas.

Por su parte, las mujeres equivalen a dos tercios de las víctimas de la trata de personas en el mundo.

Se trata de uno de los negocios ilícitos más lucrativos en Europa, donde los grupos criminales obtienen unos beneficios de tres mil millones de dólares al año y se abastece de la población mundial más marginalizada, indica.

La Unodc señala que en materia legal se ha progresado enormemente, pues un total de 134 países y territorios de todo el mundo han penalizado este fenómeno estableciendo un delito específico, en consonancia con lo dispuesto en el Protocolo.

En ese sentido, la ministra cubana puntualizó que la isla ha suscrito y ratificado los principales instrumentos internacionales sobre la materia, como la Convención de la ONU contra el Crimen Organizado Transnacional.

La Fiscalía General, el Tribunal Supremo Popular y el Ministerio de Justicia integran la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial Internacional para facilitar el intercambio de datos sobre casos penales y civiles en trámite, y así viabilizar la cooperación entre los países miembros, agregó.

Como parte de la cooperación con servicios policiales extranjeros y la Interpol, el Ministerio del Interior brinda seguimiento y control a las personas identificadas o que son objeto de búsqueda internacional por pedofilia, proxenetismo u otros delitos sexuales, afirmó la funcionaria cubana.