La Habana (PL) La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo recientemente que su programa de gobierno no es irreprochable o inmodificable en algunos puntos, pero a continuación aseguró a los conciudadanos el cumplimiento de sus compromisos y la realización de las reformas prometidas para este cuatrienio.
«La verdad es que las cosas que hemos dicho que vamos a hacer, las vamos a cumplir», afirmó la mandataria, apenas un mes y medio después de su segunda consagración en el Palacio de la Moneda (tras una primera administración, 2006-2010).
Todo indica que la gobernante cree en sus fuerzas y capacidades para hacer avanzar a Chile hacia una mayor igualdad -tal como planteó en su campaña como abanderada de la coalición Nueva Mayoría-, a partir de mejores servicios de salud, pensiones más justas y, sobre todo, una reforma educativa que elimine el lucro y los privilegios en los distintos niveles de enseñanza.
Sin embargo, el mes de abril -contrariando las esperanzas del ciudadano común y también del gobierno y su programa- se empeñó en mostrar un rostro casi bíblico debido a la ringlera de catástrofes que afectó a Chile.
En el segundo día de este mes de abril un sismo de 8,2 grados en las escala de Richter estremeció el norte del país, horas después se hizo sentir un temblor de magnitud 7,6 y durante varias jornadas se sucedieron centenares de réplicas.
El saldo: seis fallecidos, numerosos afectados y cuantiosas pérdidas en infraestructuras de las norteñas regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá.
Algunos días más tarde, el 12 de abril, una chispa inauguró el infierno en Valparaíso, entre los enclaves portuarios más importantes de la nación sudamericana. Las llamas se avivaron en una zona forestal, pero pronto alcanzaron los cerros de la ciudad y no se detuvieron -pese al mayor operativo aéreo y humano de la historia nacional- hasta devorar más de un millar de hectáreas.
El fuego dejó 15 muertos, unos 15 mil damnificados y alrededor de tres mil viviendas destruidas.
Bachelet catalogó el siniestro -de origen forestal- como «el peor incendio urbano en la historia de Chile». Ahora están en marcha las tareas de recuperación y reconstrucción tanto en Valparaíso como en el norte y el gobierno designó, a fin de conducir el proceso, enviados especiales para cada zona afectada.
Todo ello pudiera complicar la ambiciosa cartera de propuestas gubernamentales, que incluye más de 50 medidas para los primeros 100 días de mandato; y, a más largo plazo, una reforma constitucional, así como la remoción del sistema educativo, sin dudas, uno de los principales temas de la agenda pública chilena desde las manifestaciones estudiantiles de 2011.
Ahora está en trámite legislativo una reforma fiscal que debería recaudar -según los deseos oficiales- los fondos necesarios (ocho mil 200 millones de dólares) para llevar a adelante las promesas de campaña de Bachelet.
La comisión de Hacienda de la Cámara continúa discutiendo el proyecto de ley, un artículo a la vez. Ya se aprobó el punto correspondiente al gravamen del alcohol y el tabaco y -de acuerdo con medios de prensa locales- expertos proponen ahora la inclusión en el texto legal de un impuesto al patrimonio, que permitiría recaudar unos 900 millones de dólares.
El economista Andrés Solimano indicó que se trataría de «un impuesto justo en un país con un desmedido porcentaje de millonarios».
El pasado 31 de marzo, la presidenta Bachelet presentó la propuesta de reforma tributaria, cuyo objetivo fundamental sería costear los cambios estructurales en la educación y mejoras en sectores como la salud.
«Se está dando inicio a una de las reformas más importantes de nuestro gobierno, junto a la reforma educacional y la nueva Constitución», señaló la dignataria antes de que comenzaran los trámites en el Congreso.
Según el oficialismo, la iniciativa pretende ingresar alrededor del tres por ciento del Producto Interno Bruto y alrededor de un 0,5 por ciento provendrá de medidas para reducir la evasión y la elusión.
La premisa -indicó la mandataria- sería financiar gastos permanentes con ingresos permanentes.
Entre los objetivos del proyecto estarían además la búsqueda de un equilibrio fiscal a partir, fundamentalmente, de un alza en los impuestos al empresariado (entre 20 y 25 por ciento) y de la eliminación gradual del Fondo de Utilidades Tributarias, empleado en la práctica por grandes compañías para postergar el pago de obligaciones.
Además, el Ejecutivo aspira a incentivar el ahorro y la inversión.
Mediante dicho proyecto legal, el gobierno plantea asimismo reducir de 40 a 35 por ciento el impuesto a la renta que pagan las personas; propone mecanismos para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, y busca proteger el medio ambiente, por ejemplo, mediante el gravamen a emisiones de fuentes fijas.
«La reforma tributaria es necesaria y tiene un sentido de largo alcance», sostuvo Bachelet, convencida de que «solo una sociedad que distribuye con justicia sus cargas y apoyo, puede ser una sociedad equilibrada».
Por otra parte, el Ejecutivo chileno defiende en estos momentos su propuesta -firmada por Bachelet- para sustituir el actual sistema electoral binominal, heredado de la dictadura (1973-1990), por uno proporcional e inclusivo.
«Esperamos que todos los sectores políticos se sumen, porque esto va a generar mayor participación», afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien subrayó el beneficio de esta iniciativa para las regiones periféricas del país.
Desde el Palacio de la Moneda se quiebran lanzas a favor de la modificación al afirmar que el sistema binominal constituye una estrategia de la derecha para perpetuarse en el poder y obstaculizar el ascenso de otras formaciones políticas o conjuntos minoritarios, algo que va en detrimento de la justa representación de los intereses ciudadanos.
De hecho, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, considera que el modelo binominal «es aberrante para la lógica democrática y por eso debe ser cambiado»: establece distorsiones, sobrerrepresenta a la minoría y garantiza que siempre salgan electas las mismas personas, argumentó.
En medio de las catástrofes y del forcejeo político, el gobierno de Bachelet hizo sus primeros balances y ha dado cuenta del cumplimiento de algunas de las metas autoimpuestas (más de medio centenar) para los primeros 100 de mandato.
El nuevo gobierno cumplimentó objetivos como el llamado bono de marzo (ayuda familiar), la formación de una comisión asesora para la descentralización y el desarrollo regional, el envío al Congreso de sendos proyectos de ley para el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la instauración de un Ministerio de la Mujer y, por supuesto, para la antedicha reforma impositiva.
De igual modo, Bachelet y su equipo han llevado a cabo compromisos como la creación del Consejo Nacional de la Infancia, la designación de delegados presidenciales para el manejo de los recursos hídricos y para liderar las labores de reconstrucción, pendientes tras el catastrófico sismo de febrero de 2010 (8,8 grados), los recientes temblores en el norte, así como luego del incendio en Valparaíso.
En su momento, Elizalde aseguró que «el gobierno seguirá trabajando por llevar adelante su programa; en eso consiste la democracia, cuando se consulta a la ciudadanía, y su voz fue clara y categórica: los ciudadanos quieren un cambio».