Madrid, 16 mar (PL) Pese a la oposición del gobierno español, el proyecto de separación de Cataluña impulsado por fuerzas nacionalistas sigue adelante hoy con variantes cada vez más radicales como la posible declaración unilateral de independencia.

Tal paso no es nuestro marco ideal, ni el mejor, ni el que queremos. Pero no podemos descartarla al ciento por ciento porque sería una renuncia tan evidente que nos haría perder fuerza, precisó esta semana el presidente catalán, Artur Más.

En un encuentro con 10 ciudadanos promovido por El Periódico de Cataluña, Más justificó la opción con la negativa del Gobierno del conservador Mariano Rajoy a debatir una salida al problema que las dos partes abordan como un diálogo de sordos.

Para Rajoy no existe posibilidad ni siquiera de conversar sobre un tema de soberanía e integridad territorial que constitucionalmente corresponde decidir a todos los españoles y no a una parte de ellos.

A ello Más opone el criterio que «votar no es peligroso, no poder votar, sí», pues -considera- si el pueblo llega a la conclusión que no se le deja decidir su futuro se pondría en peligro la convivencia.

Por eso, Más argumenta como objetivo principal tomar una decisión en las urnas, a ser posible, con pacto con Madrid, pero si no: también. La marcha atrás no es una opción, sería un error muy grande, afirmó.

Dada la ausencia de negociaciones, el presidente del gobierno catalán prevé que si no hay pacto con Madrid para la consulta popular el próximo 9 de noviembre, el siguiente paso sería aprobar una legislación catalana para dar cobertura legal al referendo.

Ante la previsible decisión de las instituciones del Estado de recurrir esa ley y el también probable rechazo en los tribunales, el siguiente recurso sería la convocatoria a elecciones anticipadas con un carácter plebiscitario.

Salvo un poco previsible viraje radical de posiciones esa sería la hoja de ruta más probable, dada la mayoría absoluta de las fuerzas opuestas al referendo en el parlamento e instituciones encargadas de legitimar cualquier variante de consulta.

Junto al Partido Popular (PP), con mayoría absoluta en el Congreso de Diputados, se apunta el Partido Socialista Obrero Español -principal de oposición- y otras fuerzas para llegar en conjunto a cerca del 90 por ciento de los votos en el órgano legislativo.

Sólo Izquierda Unida respalda el derecho a decidir de los catalanes, al tiempo que propone una reformulación del Estado para que tanto Cataluña como otros territorios disgustados con el esquema autonómico puedan permanecer dentro de un modelo federal.

Según la valoración, el modelo surgido durante la transición democrática en España está agotado y el sistema político caracterizado por el bipartidismo, los recortes de derechos sociales y la reforma laboral rompen el contrato social, base del sistema.

En el caso específico de Cataluña IU estima que el rechazo por el Tribunal Constitucional del Estatuto de Autonomía de esa región en 2010 y el proceso de recentralización impulsado por el gobierno del PP provocaron una crisis constitucional.

De acuerdo con esta posición, la pasividad con que respondió a la situación el Gobierno del PSOE, sin proponer salida jurídica ni política para superar los efectos de la sentencia, abrió las puertas al PP para realizar una ofensiva contra las autonomías.

Su valoración es que la independencia, por si misma, no soluciona los problemas, producto de una crisis de dimensión Europea resultado de las políticas neoliberales, agravadas en España por una crisis de territorialidad ante la cual el gobierno sigue sin presentar alternativas.