La Paz, (PL) Una sucesión de hechos fatales despertó la alarma en Bolivia hacia la violencia de género, un flagelo que durante décadas laceró miles de hogares y carece de solución a la vista pese a los esfuerzos gubernamentales.
Si bien la nación suramericana es reconocida por sus avances en los últimos años en lo referido a la igualdad entre ambos sexos en lo político, económico y social, las actitudes machistas aun ensombrecen todo intento de empoderar y respetar los derechos de las mujeres.
Por estos días, instituciones estatales y civiles unen fuerzas en busca de mecanismos y acciones realmente efectivas para erradicar las agresiones y los crímenes contra las féminas, ante reportes que muestran un alza preocupante en el número de víctimas.
En marzo de 2013 fue promulgada la ley 348 con el objetivo de poner coto a esos fenómenos, sin embargo, estadísticas oficiales cifran en más de 100 los casos de mujeres y niñas que murieron asesinadas a manos de sus parejas y de violadores este año.
Además, de enero a la fecha la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Feclv) recibió al menos 17 mil denuncias de maltrato contra las féminas, en tanto las defensorías de la niñez y la adolescencia acapararon más de 13 mil 500.
Pero el más reciente reporte del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer advierte que esos números son mayores pues cada dos días se produce un feminicidio en el país y al menos una de cada 10 mujeres sufre algún tipo de ataque diariamente.
Esa entidad incluso vaticina para 2014 más asesinatos de mujeres que los registrados el año anterior, cuando se contabilizaron 110.
Para enfrentar la violencia de género, la Feclv habilitó las primeras líneas telefónicas gratuitas en tres departamentos del país que recibirán avisos las 24 horas del día sobre hechos de ese tipo y creó una unidad motorizada de atención inmediata al problema.
El equipo policial está autorizado a actuar contra cualquier persona implicada sin importar si son autoridades de alguna institución estatal, militar o civil.
Mientras, el presidente Evo Morales calificó la situación de «muy grave» y urgió a la Asamblea Legislativa Plurinacional a diseñar nuevas medidas para contrarrestar las elevadas cifras de agravios y asesinatos registrados en los últimos tiempos.
En respuesta, el legislador David Sánchez aseguró que el Senado abrirá en breve el debate sobre el problema, se propone analizar posibles enmiendas a la Ley 348 y también una propuesta para que el Ministerio de Educación incluya el tema en el plan de estudios.
La necesidad de una solución radical a ese flagelo en Bolivia conllevó a 30 organizaciones e instituciones sociales a conformar la alianza Libres sin Violencia, para vigilar, controlar y registrar datos de las agresiones a las mujeres y la trata de personas.
El proyecto de momento abarca a 80 municipios y se propone dar seguimiento a las instancias estatales relacionadas con ambos temas, investigar la labor de los servicios judiciales en esos casos y demandar políticas para frenarlos.
Pero a la par de todas esas iniciativas, muchos expertos insisten en trabajar con las afectadas para lograr que denuncien sus casos al menor indicio de maltrato contra ellas o a sus hijos.
«No es tan fácil decirlo ni terminar con ellos, además nos dicen ´no queda otra´, por eso aguantamos tanto», indicó a Prensa Latina Mariela Sucre, quien vende alimentos en un puesto de La Paz.
Su comentario evidencia que muchas bolivianas permanecen en relaciones conflictivas por apego emocional, vergüenza, resignación y hasta sentimientos de culpa.
Como en muchas sociedades patriarcales de Latinoamérica, en Bolivia gran parte de las mujeres temen y callan ante los ultrajes por razones como su dependencia económica de los agresores, la baja confianza en las autoridades y los tabúes, pues la cultura acepta la violencia intrafamiliar.
Por tanto, se considera que el fenómeno es estructural y a su vez demuestra una jerarquía social en la cual los hombres son beneficiados por encima de ellas, y para mantenerlas en esa posición subordinada utilizan diversos mecanismos de dominación.
Un elenco de profesionales y autoridades examina patrones comunes y busca establecer el perfil de conducta de un potencial agresor que puedan ayudar a la mujer a evitarlos a tiempo.
De momento, la abogada Teresa Torrico llama las féminas a interesarse por saber cómo su pareja trata a su madre y hermanas, investigar los antecedentes familiares para saber si proviene de un hogar donde se vivía en violencia y observar si hay un cambio brusco cuando toma alcohol.
También estima conveniente estar atentas a señales como el control sobre sus llamadas telefónicas, actividades en las redes sociales y la rutina de vida.
Bolivia figura entre los países de la región que tipificaron el delito de feminicidio y lo sanciona con una condena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto.
Pero todavía necesita generar más conciencia para desterrar de una vez la mentalidad machista, que incluso empaña los logros y va contra los principios del proceso de cambios iniciado en 2006.
Por eso, muchas agrupaciones conmemorarán este 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un mayor reclamo por el castigo ejemplarizador a los autores de hechos que sumen en el dolor y el luto a las familias bolivianas.