Por Guillermo Robles Ramírez

Muy abandonado la entidad de Coahuila, así como aquellas entidades federativas en donde hay mucho calor y ha predominado las sequias afectando principalmente todo referente al campo, ha sido desde inicio del año puras promesas lo que antes se decía que era la temporada de lluvia.

Muy añorada por los coahuilenses va en aumento el registro de sequias causando perdidas económicas que ha venido azotando en cada una de las cabeceras municipales de Coahuila.

La misma población cada vez considera insuficiente los ventiladores y abanicos dentro de los hogares. Lo mismo sucede con aquellos municipios que antes eran considerados como frescos ahora ya no lo son.

Pero los contrastes llegan cuando de repente se deja venir una tremenda lluvia sorpresivo o no, como la anunciada próximamente por la tormenta tropical Juliette que amenaza con subir de categoría a huracán.

Por años se ha seguido repitiendo los mismos desastres cada vez que hay una fuerte lluvia en la mayor parte de las cabeceras municipales de Coahuila. Lamentablemente cuando suceden desastres de esa magnitud es cuando las autoridades y la comunidad se preguntan si se pudo haber evitado.

            La respuesta es un rotundo sí, ya que existen estudios que se guardan en el archivero como son las zonas de alto riesgo por inundación, que son investigaciones realizadas conjuntamente por Comisión Nacional de Agua y la Dirección de Protección Civil del Estado, así como local entre algunos otros Departamentos de las Presidencias Municipales.

            Existen más de 13 ríos o arroyos en nueve municipios de Coahuila que potencialmente peligroso que pueden significar desastres por inundaciones. Dentro de los cauces de éstos o en las orillas existe un promedio de 90 conjuntos de asentamientos humanos, la mayoría de ellos nacidos por invasiones y, por ende, las viviendas son de frágiles materiales, cartón, lámina, maderas y otros.

            Quienes hacen los estudios no lo completaron con un censo de población en riesgo por lo que no se conoce con certeza el número de familias que habitan en dichas zonas; sin embargo, se sabe que esa población en las cercanías de arroyos y ríos, consecuentemente en alto riesgo, suma algunas decenas de miles de familias.

            La Dirección de Protección Civil del Estado, así como algunas otras autoridades y comisiones nuevas de riesgo, conoce perfectamente estos datos, empero, es poco lo que pueden hacer. Cada año, en las zonas de potencial riesgo se asignan cuerpos de vigilancia y se realizan medidas preventivas a fin de tener oportunidad de rescatar a personas en riesgo.

            En realidad, el problema es tan complejo para responder con certeza a las siguientes preguntas: ¿Cómo se puede retirar de zonas de riesgo a miles de familias?, ¿en dónde pueden vivir si no tienen un lugar en específico o asignado?, ¿esas familias tendrán el mínimo interés de reubicarse a lugares más seguros?

            Es un hecho que solamente retirando los asentamientos humanos de zonas de riesgo se puede decir que desaparece el problema por las inundaciones, pero todo lo que ello significa en ese sentido representaría una titánica labor.

            El problema es aún más complejo, pues las mismas autoridades, particularmente las municipales, han sido las generadoras de este problema. Su responsabilidad no sólo es por omisión, al permitir que se invadan tierras inadecuadas para fraccionar y, eventualmente, construir casas; sino también por acción, al ceder a la presión de los invasores y realizar obras de servicios urbanos.

            Pero la mayor culpa es de la Comisión Nacional del Agua, porque todas las tierras por donde pasan ríos y arroyos son de jurisdicción federal de acuerdo con la ley. Esto quiere decir que los permisos de uso de suelo en dichos lugares no los otorga el ayuntamiento, sino la propia CNA.

            No hay que desconocer que los mismos municipios han construido obras en zonas de riesgo por inundaciones, incurriendo la misma autoridad municipal en la violación a la Ley al realizarlas sin tener los permisos federales correspondientes, y con mayor razón porque la CNA, nunca ha dado permisos para construir nada en dichas zonas, e incluso ha advertido sobre los riesgos que significan asentamientos humanos allí, pero tampoco se ve una medida enérgica para retirarlos una vez ya instaladas las viviendas.

            El problema no es único en Coahuila sino en todo el país se padece del mismo mal, aunque lo mucho o poco que hagan las autoridades, todo será cuestión de enfoque de quien lo vea, lo que es cierto y una realidad es la falta de cultura de los mexicanos de aferrarnos a lo material y su sazón de ilegalidad es la pimienta de la vida para gran parte de la población, porque aun así, y en atención de las familias necesitadas de un lugar propio dónde vivir, tenga un avance no muy significativo y por muchas campañas de información exhaustivas en las colonias en riesgo. Las pocas familias que logran reubicarse no duran un plazo mayor de tres meses para retornar su antigua casa en zona de riesgo y retando a la muerte.

            Es un hecho que el 80 por ciento de las personas conocen del peligro constante en que viven, sin embargo, no hacen por cambiar su situación pese a tener opciones. Esa es una realidad de los mexicanos en donde la ilegalidad forma parte de nuestras vidas, ya sea por necesidad o por interés. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) www.intersip.org