La Presidencia de Peña está vulnerada en su legitimidad y autoridad moral. Así lo considera un alud mundial de opiniones. Aún en el México del control informativo, artículos de peso lo fundamentan, el mismo Episcopado dijo: “vemos en medio de esta crisis, con esperanza, el despertar de la sociedad civil manifestando contra la corrupción, impunidad y complicidad de algunas autoridades”, refiriéndose a miles de manifestantes en el país. Episodios detonantes se conjugan: Ayotzinapa, Tlatlaya, el tren rápido asignado a consorcio chino asociado a conspicuos mexicanos y la casa blanca presidencial.
Vulnerada la legitimidad por inhabilidad para la función presidencial, al atribuírsele directamente la responsabilidad de desapariciones y fusilamiento, en medio del dominio nacional del crimen organizado, las atribuciones constitucionales hacen responsable políticamente al Presidente. Quienes suscriben esta ilegitimidad, no son -como acusa Peña- opositores a sus reformas, son quienes le aplaudieron: New York Times, Finantial Times, Time, The Guardian, organismos internacionales, la Unión Europea…

En su ausencia -dice Peña en evento a modo- “aparecieron protestas con violencia al amparo del dolor de los padres de los normalistas”, pese –se queja- “a su exhaustiva investigación”, omitiendo su disminuida credibilidad. Denuncia “movimientos de violencia que al amparo de esta pena, hacen valer protestas, que parecieran querer desestabilizar el Proyecto de Nación”.
Coartada preparada y orquestada por medios serviles y empresarios exigiendo represión, desoyendo las demandas de miles de manifestantes nacionalmente en orden, despertar, valerosa participación social reconocida por los obispos, movilizaciones impecables que mezcla maliciosamente el Presidente con acciones violentas que dejaron correr: infiltrados embozados, incendios de edificios sin protección, horadación de la puerta del Palacio ante un pasivo Estado Mayor. Imágenes reiteradas por la televisión.
En esta reorientaciónhabrá que considerarintencionadala inaccióndedella protesta, Batallón de infantería en Iguala, explicada contradictoriamente por el Procurador y el Secretario de Defensa; aparición en una Revista de un supuesto texto de inteligencia militar, atribuyéndole todo a la guerrilla; “extrañeza de funcionarios de EU por presencia de agentes de la Guerrilla entre los padres de familia de los normalistas en reunión con el Procurador” y el señalamiento de la Vocera del Departamento de Estado norteamericano, de haberse registrado enfrentamientos violentos en Guerrero y Michoacán. Coincidencias.
Peña pierde autoridad moral, no solo miles de manifestantes responsabilizaron a su gobierno, repudiando a la clase política y la descomposición social que contemplan, el reclamo se repite en todos lados. Se expresó multitudinariamente indignación por la corrupción generalizada en gobiernos federal y estatales y la impunidad, cuando surge, el escándalo por la asignación de tren a Querétaro, no por China sino por sus asociados, el contratista preferido del gobierno mexiquense y el cuñado de Salinas de Gortari.

La corrupción adquiere rostro con la exhibición de la casa blanca presidencial. Peña reclamó airado el surgimiento al respecto de falsedades, afirmando: “no sé si este vinculado a esto, lo que pareciera orquestado para desestabilizar y oponerse su Proyecto de Nación.
La Primera Dama explicará todo”, y lo hizo,independiente de su verosimilitud, es grave que también este escándalo se atribuya a quienes se oponen a su benéfico Proyecto de Nación. “No permitiré -dice Peña- que este tema ponga en duda la confianza que la mayoría de los mexicanos me han confiado”.
Cómo lo hará, si en lugar de atender el clamor que escuchamos, atacar la corrupción y la impunidad que lo rodea, limpiar las instituciones para recuperar legitimidad y autoridad moral, sin la menor autocritica, se lanza a denunciar un pretendido movimiento desestabilizador, así se justifica. Peña se coloca contra su pueblo, contra la democracia y deslegitimado amenaza con represión.