El que ha comenzado bien, está a la mitad de la obra 

Horacio 

Por Julian Santiesteban 

Ni fue tema reciente ni fueron datos desconocidos, pero recordar que la anterior administración quintanarroense dejó adeudos en materia de seguridad por más de mil 400 millones de pesos, permite calcular que los rezagos son casi tres veces superiores al fideicomiso que está a punto de crearse para reforzar las tareas actuales y, es más de la mitad del presupuesto anual destinado para el rubro; ante lo cual, si ya de por sí los resultados positivos se habían calculado, por lo menos para el 2024, más valdría no tener demasiadas esperanzas, a riesgo de tener una decepción anticipada…así de simple y lamentable. 

El Coordinador del Gabinete de Seguridad y Justicia en la actual administración, José de la Peña Ruiz de Chávez, fue entrevistado este fin de semana y, su declaración, fue mucho más reveladora con lo que dejó entrever “entrelíneas”, que lo que de manera expresa afirmó, pues recordó, por ejemplo, que el presupuesto 2023, aprobado por el Congreso local para temas de Seguridad, fue de poco más de 2 mil 555 millones de pesos, a lo que se suman casi 60 millones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y unos 50 millones para el Centro de Evaluación y Control de Confianza, lo que da un total parcial de unos dos mil 665 millones. Pero a esto, es importante recalcar, deben sumarse también los recursos del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, recién anunciado por la gobernadora, Mara Lezama Espinosa, que se estima tendrá entre 350 y 400 millones de pesos, provenientes del Impuesto Sobre Nómina, por lo que, por lo menos, se dispondrán de 3 mil 015 millones de pesos. 

Con los antecedentes estatales, este será el presupuesto más alto en toda la historia de Quintana Roo, destinado al tema de seguridad; servirán para lo operación, para el equipamiento, capacitación y la adquisición de infraestructura tecnológica para la inteligencia, pero el quid del asunto radica justo en lo expresado por De la Peña Ruiz de Chávez, que la inoperancia actual -en esos términos- se debe, principalmente, a la deuda millonaria heredada por el gobierno de Carlos Joaquín González. No sin razón, José de la Peña recordó que, a los municipios, se dejó la responsabilidad operativa, mientras que el gobierno estatal “joaquinista” concentró el manejo presupuestal, que fue el factor distintivo del llamado “Mando Único Policial.” Por esa razón, fundamentalmente, los índices de criminalidad se dispararon y por ello es que ahora lo que se ha proyectado es una verdadera coordinación operativa (antes que el “bisne” pues, apunte del escribiente). 

Con lo anterior como contexto, es fundamental recordar que, la iniciativa presentada al Legislativo para crear la nueva Ley de Seguridad, pretende crear cuerpos policiales especializados por temas, ampliar normativamente las capacidades de colaboración interinstitucional y armonizar el mando y los trabajos entre el gobierno estatal y los once municipios… pero subyace, sin embargo, el adeudo,  sobre todo, porque son precisamente en la operación y mantenimiento de los equipos instalados en el llamado C5 (que en su inauguración fue presumido como el más moderno de Latinoamérica, sin especificar -obviamente- que todo era “a paguitos” que nada es propio, más allá del edificio), todo esto, revelado ante el Congreso, en la comparecencia del titular de Seguridad quintanarroense, Rubén Oyarvide Pedrero y, ratificado, por el diputado -entonces- presidente de la Comisión de Seguridad, Isaac Jannix Alanís. 

Y aquí viene el cuestionamiento de fondo, la semana anterior, Oyarvide Pedrero, declaró al escribiente, que los adeudos deberán resolverse -evidentemente-, pero que es un tema atendido por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) estatal. Pero el columnista plantea, ¿hasta dónde es posible pagar o ampliar el plazo para ello, sin incrementar la enorme deuda estatal (por los intereses que se generarían), arrancar una nueva estrategia de seguridad, fondearla de recursos, administrar el presupuesto 2023 aprobado y mejorar los indicadores locales, todo a la vez, aun cuando todo ello ocurra hasta finales del 2024? Ese es el reto que obligará a mostrar el talento de la primera mujer en gobernar Quintana Roo, junto con su equipo y, ojalá, que el llamado “bono democrático” se mantenga hasta entonces, pasando por la aduana de las elecciones del siguiente año. 

COMENTARIO MORBOSO 

Con 13 días efectivos, cuatro sesiones ordinarias y una extraordinaria (la de clausura del periodo, por ser lunes 30 de mayo), al inicio de esta semana, la gobernadora, Mara Lezama Espinosa, presentará a la XVII Legislatura estatal, su iniciativa en materia de movilidad, que será complemento de las que ya se analizan en el Congreso para regularizar todo lo relativo a transporte en Quintana Roo, considerando además -de manera central- el desplazamiento de los ciudadanos de manera armónica y libre. Lo novedoso -y necesario- del planteamiento de la mandataria es que se incluyan cámaras en las unidades de transporte, carriles confinados y construcción y operación de ciclopistas.  

Todo bien, sólo falta que el Legislativo acelere el análisis y aprobación de los pendientes -a menos que pretendan aprobar un periodo extraordinario- porque, mientras “el fuego llega a los aparejos” en la entidad, por diversas razones (como la inseguridad o la falta de regulación del transporte, sólo por mencionar algunos), ahí con los 25 diputados y diputadas parece que otra realidad transcurre, en la que nada urge, en la que en el entorno social no está convulso y en donde “la cosa es calmaaada”; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.