La mesa establecida para diseñar la reforma política de Quintana Roo fue pensada como un mecanismo de negociación entre partidos políticos, pero en ningún momento se determinó que sus decisiones tuvieran vinculación real con la decisión que el Congreso estatal tomará en los siguientes meses para aprobar la normatividad que regirá en los procesos electorales futuros, de ahí que la presión ejercida por algunos partidos políticos pudiera ocasionar, lejos de consensos, un mayoriteo simple con la fuerza partidista en el Legislativo.

Y no es que ese mayoriteo sea un escenario deseable, pero es el más real dada la poca capacidad de influencia que la oposición tiene en el Legislativo local, pero además por las radicales posturas de partidos como Acción Nacional (PAN), que ha centrado sus demandas en la homologación total de las elecciones estatales con las federales, cuando la norma nacional establece que “al menos una” de ellas sea la que se debe igualar, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya había aceptado la posibilidad de que las de presidentes municipales y diputados locales se modificaran, pero ahora, en voz del presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Pedro Flota Alcocer, se dio a conocer que solamente aceptarán la modificación a nivel municipal.

Así sucesivamente, el Partido del Trabajo (PT) y el de la Revolución Democrática (PRD) habían planteado que se discutiera la posibilidad de establecer en la norma local figuras como el referéndum y la revocación de mandato; temas todos que se había aceptado discutir, pero lo cierto es que los reclamos airados de figuras políticas por la “cerrazón” que aseguraban pretendía el PRI en el Legislativo, ha terminado justamente por generarlo, y ahora se discutirá únicamente lo que el tricolor determine, pues Flota Alcocer aseveró a medios locales que la revocación de mandato no está contemplada a nivel nacional.

Así, los 25 diputados locales, que son los que en realidad tienen la responsabilidad de aprobar el nuevo ordenamiento, muy probablemente llegarán lo más cercano a noviembre del presente año para aprobar la reforma; y se discutirán temas ya abordados a nivel nacional como la reelección de diputados y presidentes municipales, paridad de género en candidaturas, porcentajes mínimos a alcanzar en las votaciones para mantener el registro (que ya Flota Alcocer adelantó que será igual que a nivel nacional, es decir el tres por ciento); pero la homologación de las elecciones, que aquí se ha insistido, los partidos buscan no como factor de ahorro en los procesos o para una mayor democratización, sino simplemente como acción para hacerse del poder o de perderlo, no avanzará más allá de lo municipal; y si acaso lo determina el PRI, al nivel de las diputaciones.

Si PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC) unen votos, tendrán seis en el Legislativo; en contraparte, el PRI, junto con el Partido Verde (PVEM) y Nueva Alianza tendrán 19, así que no debe perderse perspectiva en el tema; la reforma política se aprobará en el Congreso local. Acusando retraso o mayoriteo, es justamente lo que obtendrán, y al final todos los actores terminan por resignarse a las normas que se imponen, por su incapacidad de influencia en la toma de decisiones. Simple.

Por cierto, se dijo en algún momento que las elecciones apenas transcurridas pudieran incidir en la dinámica de negociación de la reforma política; si así fuere, pues PT perdió el registro, el PAN cayó al cuarto lugar y el PRD al quinto. La única posibilidad, en los siguientes meses, se insiste, es buscar realmente una negociación; aunque al final obtengan únicamente lo que el PRI quiera dar a la oposición en Quintana Roo, nada halagador el escenario, pero así es en estricto apego a su peso en el Congreso estatal; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

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