La agricultura se ve fácil cuando el arado es un lápiz

y se está a mil millas del campo de maíz.

Dwight Eisenhower

Los recortes al sector primario nacional ascienden a seis mil 531 millones de pesos, enorme boquete para una actividad que, se aseguraba, sería fundamental para el desarrollo del país durante la administración de Enrique Peña Nieto; y así como la reforma al sector no termina por aprobarse, en Quintana Roo más de diez mil campesinos se encuentran en riesgo de perder las 75 mil hectáreas de cultivo que son el sustento de sus familias; por efecto de esos mismos recortes presupuestales hechos desde el escritorio.

En enero del presente año, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, anunció un recorte al gasto público federal de 2015 por un monto de 124 mil 300 millones de pesos, equivalente al 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); para Quintana Roo representó la cancelación del Tren Transpeninsular, de la obra más emblemática anunciada por la administración de Peña Nieto para el sureste mexicano, por una inversión estimada de 18 mil 565 millones de pesos.

Siendo Quintana Roo el principal destino turístico de Latinoamérica, el recorte de 500 millones de pesos a la Secretaría de Turismo tuvo gran impacto, pero poca atención se dio a los recortes al sector primario nacional, hasta ahora que la temporada de huracanes ha iniciado y que el gobierno federal no ha realizado el pago del seguro agropecuario.

Luego del recorte anunciado por Videgaray Caso, en Quintana Roo se informó que no habría mayor afectación; aun cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) eliminó el Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario, por un monto total de 500 millones de pesos y que cubriría las posibles afectaciones a cultivos de todo el país por efecto de fenómenos climatológicos.

La semana anterior, el subsecretario de Agricultura del estado de Quintana Roo, aseveró que ya se firmaron los convenios con la empresa Pro Agro, por un total de 27 millones 890 mil 228 pesos; pero señaló que el gobierno federal no ha liberado los 22.3 millones de pesos, que corresponden al 80 por ciento del total; y que los 5.5 millones de pesos restantes, que son el 20 por ciento que corresponden a la aportación estatal, se pagarán cuando se disponga del recurso federal.

Por su parte, el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Quintana Roo, Cesar Armando Rosales Cancino, dijo que la dependencia tiene listos los recursos, y que sólo esperan que el gobierno estatal entregue los datos bancarios de la empresa que ganó la licitación; pero ni el gobierno estatal ni el federal hace referencia alguna al recorte hecho por Hacienda, ni se explica el origen de los recursos que, se supone, se entregarán; y en ese “peloteo” pareciera que se apuesta a que nada pase, porque de ocurrir la afectación, tan sólo en Quintana Roo, será a más de diez mil campesinos de los municipios de P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Lázaro Cárdenas; es decir, la mitad del estado.

LOS RECORTES AL SECTOR PRIMARIO Y LA REFORMA AL CAMPO

El 11 de abril de 2012, en su día número 12 de campaña como candidato a la Presidencia de la República, y en su primer evento con el sector campesino nacional, en Axapusco, Estado de México, el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) suscribió el compromiso número 15 de su campaña consistente en “incrementar la producción agropecuaria nacional para garantizar la soberanía alimentaria.”

Sin embargo, para 2015, la Secretaría de Hacienda anunció recortes a cuatro programas fundamentales, pues además de los 500 millones de pesos del Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario; la Sagarpa aplicó recortes en el Programa Integral de Desarrollo Rural por un total de dos mil 038 millones de pesos; el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria por mil 700 millones de pesos; el Programa de Fomento a la Agricultura por mil 292 millones de pesos y el Programa de Fomento Ganadero por mil millones de pesos, para un total de seis mil 531 millones de pesos.

Para 2012, año en que inició de la administración del presidente Peña Nieto, la importación de maíz en México fue de 9.5 millones de toneladas, provenientes en un 90 por ciento de Estados Unidos, con una erogación de 27 mil millones de pesos, de acuerdo a datos de la Sagarpa; el dato es impresionante por sí mismo, y aun así la reforma prometida no termina por llegar, mientras los recortes presupuestales se aplican a los programas de fomento y se mantienen los asistencialistas; es decir, mantener cautivo al campesinado parece el objetivo.

Así, la primera mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto y su compromiso de campaña número 15 continúa sin cumplirse, la reforma al campo se encuentra entre los pendientes que la 63 Legislatura federal deberá atender una vez que sea instalada, pero entre el informe de gobierno, la definición de comisiones y la construcción del presupuesto 2016, se supone con “base cero”, difícilmente el tema será priorizado, y los ocho Foros Nacionales y los siete foros regionales realizados por la Sagarpa para la construcción del proyecto de reforma no parece que vayan a servir de mucho.

La reforma tiene que modificar unas 60 leyes, 200 reglamentos, 200 Normas Oficiales Mexicanas y un sinnúmero de reglas de operación, considerando además el artículo 27 Constitucional, relacionado con la propiedad y tenencia de la tierra; la idea es simplificar las normas de operación y tramitología, mejorando los tiempos de respuesta y el pago de apoyos; se planteó incluso la posibilidad de aprobar presupuestos multinanuales, como se hace ya en algunos países como Estados Unidos o la Unión Europea; tema que se ve también bastante difícil de lograr, sobre todo considerando la dinámica que se quiere establecer para el presupuesto 2016.

Y mientras todo lo anterior ocurre, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, y dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Manuel Cota Jiménez, que en 2014 aseguraba que la reforma al campo se aprobaría ese mismo año, ahora –en una tibia solicitud- ha dicho a los diputados que entrarán en funciones en septiembre próximo que es fundamental concretar la reforma al campo.

COLOFÓN

Como podrá advertirse, el panorama para el sector primario nacional no es nada alentador, no sólo por el lastimero papel de los representantes campesinos o los recortes presupuestales ya realizados; sino porque la situación tiende a agravarse aun más para 2016; en que los recursos que serán aun más escasos y las afectaciones presupuestales mayores; así que, mientras los campesinos quintanarroenses se mantienen en zozobra ante el riesgo de perder sus cosechas por falta de seguro agropecuario, los trabajadores del campo mexicano no tienen un panorama mejor, pues ninguna reforma por muy vanguardista que sea –si es que además llega a aprobarse-, logrará hacer productiva la tierra, mientras no se asignen recursos suficientes; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.