Toda la justicia social descansa en estos dos axiomas:
El robo es punible y el producto del robo es sagrado
Anatole France

Por Julian Santiesteban

Tres anuncios hechos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desnudan la realidad de la política social en México: En 2013, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) desvío 518.5 millones de pesos del programa de pensiones para adultos mayores; utilizó apenas un tercio de los recursos para la Cruzada contra el Hambre, y cinco convenios firmados con instituciones educativas posibilitaron un fraude superior a 845 millones de pesos.

Mientras ello ocurre, más de 27 millones de mexicanos no tienen acceso a una alimentación adecuada y ya ni siquiera decir que la cruzada consideró como posibles beneficiarios a los pobladores de 400 municipios, de un total de más de dos mil 400 de estas demarcaciones que existen en el país, a partir de su incidencia de pobreza extrema.

La semana anterior, la ASF, a través de su titular, Juan Manuel Portal, dio a conocer los resultados del primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, es decir el 2013, en el que detectó, de manera general, mil 300 casos de posible corrupción que generarían un quebranto de cuando menos 50 mil millones de pesos al erario. 630.

Además de lo anterior, se detectaron irregularidades por 67 mil millones, el no ejercicio por cerca de 23 mil millones y el “perdón injustificado” de mil 123 millones a empresas como Gamesa, ProLogis Investmen, Sabritas y Scotiabank mediante el programa de condonación de impuestos; y ya ni mencionar los desvíos de recursos en 17 entidades “…‘triangulaciones’…por más 394 millones de pesos, que correspondieron al mando único policial, pero que fueron utilizado por algunos gobernadores para pagar las deudas de sus estados o adquirir bienes que no correspondieron al objetivo de crear policías acreditables”, así lo consignaron medios como Proceso y El Economista también la semana anterior y seguramente los datos se irán desagregando en las siguientes semanas.

Pero en esta ocasión destaco lo referente a las políticas sociales, y particularmente el desempeño de la Sedesol como instancia rectora de las estrategias enfocadas a la atención de grupos minoritarios y que se supone atenderían de manera real a los pobres de este país, que no tienen nada de minoritario si se considera que prácticamente la mitad de los habitantes de este país viven en esa condición; y porque la realidad ha evidenciado la simulación que se palpa, pero que pretende sostenerse “a golpe de discurso.”

Primeramente, la ASF concluyó que la Sedesol desvío 518.5 millones de pesos del programa de pensiones para adultos mayores, nada más y nada menos que para asignarlo al rubro de gastos de operación, es decir burocracia; lo que representó dejar sin este beneficio a 82 mil 316 personas; por si no fuera suficiente, pagó pensiones a personas que ya recibían este beneficio y duplicó pagos a algunos beneficiarios, “además realizó pagos en exceso a beneficiarios incorporados al programa por 555.8 millones de pesos y no proporcionó documentación que justificara la aplicación de 46.5 millones de pesos”, publicó El Financiero.

La señalada dependencia tampoco comprobó 33.4 millones de pesos por pagos realizados a los gestores voluntarios, y ante esa duplicación de pagos, falta de comprobación de los mismos y la asignación discrecional de recursos sólo se refuerza lo que desde siempre ha sido una constante; que los programas sociales tienen un uso político electoral en beneficio del partido en el gobierno.

Por otra parte, en 2013 se destinaron 120 mil 367 millones de pesos para la Cruzada contra el Hambre, para atender a un universo de 4.6 millones de personas en pobreza extrema y con carencia alimentaria, pero sólo se aplicó un tercio de los mismos; pero además de manera concreta, la ASF dijo que no encontró vinculación entre la aplicación de recursos y las necesidades detectadas para la instrumentación de la Cruzada; y por si fuera poco, recalcó que aunque esas necesidades tienen que ver con “educación, salud, seguridad social, vivienda e ingreso familiar, el programa sólo se dirige a atender la carencia alimentaria”, más lapidario imposible.

Aunque habrá que esperar la auditoría a los recursos ejercidos en 2014, queda claro que el amplio despliegue publicitario no correspondió con la realidad en atención a los pobres del país, y en descargo de la gestión de Rosario Robles Berlanga al frente de la Sedesol, se puede afirmar que por ejercer así los recursos es que los pobres de este país no han disminuido, muy por el contrario se han incrementado en los últimos 30 años; pero es importante recalcar que de la aplicación de los recursos son responsables también las entidades federativas; baste recordar el caso de Ranulfo Márquez Hernández, quien probadamente utilizó los recursos de la dependencia para operar en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y aunque fue removido de su cargo, en menos de dos años transcurridos es de nuevo el titular de la Sedesol en Veracruz. Sólo un botón de muestra.

Los que de plano son demasiado sospechosos son los cinco convenios firmados en 2013 entre la Sedesol y las universidades autónomas del Estado de México (UAEM) y de Morelos (Uaemor), pues todo indica que se habría cometido un fraude superior a los 845 millones de pesos, datos también revelados por la Auditoría Superior de la Federación.

Y es que la dependencia pagó por proyectos no realizados y los que se realizaron se hicieron mal, todos relacionados con la Cruzada contra el Hambre y destinados a concientizar a diferentes sectores sociales, además de que se capacitaría a personal, se les dotaría de equipos para trabajar e incluso se entregarían despensas a los beneficiarios; todo por un total de 993 millones de pesos, de los cuales cerca de 845 millones resultaron en un “probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública”, concluyó la ASF. De ese tamaño es el fraude, esa es la dimensión real de la atención a los pobres de México. Los recursos se disgregan en subcontrataciones, se diluyen en burocracia, se dejan de ejercer por incapacidad o falta de voluntad; pero eso sí, se hacen amplias campañas de difusión en las que el presidente y sus subordinados mienten sobre los grandes avances alcanzados en el país. Aunque los pobres sigan muriendo de hambre.

Y EN OTRAS SIMULACIONES…

En un país cuya memoria parece ser de corto alcance, ya nadie recuerda que hace menos de un año analistas, políticos y académicos hacían sesudos análisis sobre lo poco que puede adquirirse con el salario mínimo mexicano, se hicieron foros de consulta, el Partido Acción Nacional (PAN) llevó a cabo un intento de consulta para saber si los mexicanos estamos de acuerdo en asignar un salario mínimo equiparable a las estimaciones hechas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), e incluso desde el gobierno federal se reconoció la necesidad de ajuste, considerando que las condiciones de productividad tienen también que ser acordes.

Además, para no generar una ola inflacionaria al incrementar el salario, se presentó –y dejó a la postre en el olvido en el Senado- una iniciativa legislativa para “desindexar” el salario mínimo de créditos y productos diversos; además de anunciarse que habrá en México un solo salario mínimo, y no ya dos zonas, como hasta ahora.

Pues bien, de todo lo prometido, sólo se hará efectiva la fusión de zonas económicas, para quedar el salario mínimo en 70 pesos con 10 centavos, equivalente al que ya se paga para la zona “A”, y beneficiando aparentemente a los de la zona “B”, con un incremento de 3.65 pesos, dado que en esta región –en la que se incluye por cierto Quintana Roo-, el salario mínimo es hasta ahora de 66.45 pesos.

Además, para 2015 la Comisión Nacional de Salarios Mínimos autorizó un incremento de 2.5 por ciento, que entrará en vigor en marzo y la homologación será en abril, quedando finalmente un salario mínimo nacional de 71.85 pesos. Al final el incremento que los mexicanos tendrán, luego de tanta discusión por parte de actores “preocupados” por la clase trabajadora del país, será de unos cinco pesos; cinco pesos es el beneficio de las reformas; cinco pesos por el olvido, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.