Cuando la estafa es enorme ya toma un nombre decente
 Ramón Pérez de Ayala

Por Julian Santiesteban

La intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue necesaria para terminar más de una década de un millonario negocio que creció al amparo del poder en el municipio Benito Juárez, al cancelar la concesión de la empresa Grúas Cardona, que operó no sólo  con total impunidad en  el destino turístico más importante de Latinoamérica , sino mediante la entrega de concesiones que excluyeron a otras empresas que, finalmente fueron escuchadas por la Cuarta Transformación Republicana.

El pasado 23 de junio, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador visitó Quintana Roo y se encontró, entre otras muchas demandas, la de una decena de empresas de grúas que denunciaron que, en Cancún, desde hace más de catorce años operaba de manera exclusiva con el gobierno municipal la empresa Grúas Cardona, propiedad de Roberto Cardona Rojas, cuya fallecida esposa, Latifa Muza Simón, obtuvo de Juan Ignacio García Zalvidea durante el periodo 2002-2005 la exclusividad señalada.

En 2010, siendo presidenta municipal interina por cuatro meses; la ahora fallecida afianzó la concesión en Benito Juárez que ha sido explotada con altos cobros a quienes sufren algún percance y en exclusión de las empresas que son su competencia, y a pesar de que múltiples casos han sido expuestos incluso en medios nacionales nada se hacía, hasta ahora, que la SCT revocó el permiso 0936GCH91120d58, a nombre de “Empresa Grúas Cardona Hermanos S.A. de C.V.”, pero la decisión fue tan lapidaria que además incluyó la imposibilidad de que la empresa pueda obtener un nuevo permiso de operación por los próximos cinco años.

El Centro SCT de Quintana Roo; eso sí, deja abierta la posibilidad de que su determinación sea recurrida, con base en los artículos 83, 85 y 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero evidencia en el documento que la decisión fue tomada porque Grúas Cardona realizó actos tendientes a obstaculizar la prestación de un servicio público por parte de su competencia. La decisión es simple, los benitojuarenses no estarán ya bajo el yugo de una empresa que cobraba lo que quería con la complacencia de la autoridad municipal. Si algún logro tangible para la sociedad existe por parte del gobierno federal, sin duda esta decisión es uno de ellos.

Adiós pues al millonario negocio, pero ojalá que la administración municipal benitojuarense haya también aprendido la lección, porque Grúas Cardona fue acusada, además de robar piezas a los vehículos del corralón, de utilizarlos para fines “privados”, lo que es evidencia de que coludirse para fomentar monopolios no puede nunca generar buenos resultados a la ciudadanía y aunque la administración de Mara Lezama no puede abrogarse el mérito de sacar a tan “noble” empresa del municipio, puede sí, evitar que otra ocupe su sitio permitiendo la libre competencia.

 COMENTARIO MORBOSO

Y a propósito de cuestionables negocios al amparo del poder; un juez federal otorgó un amparo al empresario, Abilio Díaz Sugarazo –supuesto prestanombres de cierto ex alcalde del norte quintanarroense- que compró los espacios de la denominada Feria de la Frontera Sur para, a su vez, subarrendarlos al doble del precio establecido por el municipio de Othón P. Blanco, y cuyo “negocio” al haber salido a la luz pública se intentó cancelar.

En el embrollo se han evidenciado muchas mentiras, entre ellas las del presidente del Comité de la Feria de Expofer, Jesús Sosa Gómez, quien se quejó ante regidores que lo habían excluido en la transacción, cuando él mismo llevó al inversionista a las instalaciones de la feria para que escogiera el sitio a comprar, pero además entregó el número de cuenta para que el ahora amparado depositara 400 mil pesos en efectivo.

Lo que estará por verse es si la feria logra el éxito esperado, pues pagar casi diez mil pesos por un pequeño espacio para vender “hot dogs” o “marquesitas” por dos semanas, o desembolsar cien mil pesos para vender bebidas alcohólicas no parece muy rentable, pero además va en detrimento de los que asistirán a la feria, ¿o a poco piensa que los precios no se dispararán? Lo bueno que es una festividad popular…lo bueno que “primero los pobres.”

El asunto es que, año con año, la feria se convierte en negocio de unos cuantos y siempre se aduce que no genera ganancias, baste destacar que, a mes y medio de iniciar la festividad 2019, las cuentas del año anterior ni siquiera han sido aprobadas por el Cabildo. Luego de la exhibida pública y de que “por errores de procedimiento” el empresario se saliera con la suya –y el que armó el negocio también, pues por ordenanza de juez ahora no puede deshacerse-, corresponderá a los regidores la destitución de los funcionarios respectivos y el ajuste de cuentas correspondiente, ¿o no? Así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.