Julian Santiesteban

A tiro de piedra: Jorge Brizuela y sus carpas COVID no pagadas

El fuero para el gran ladrón,  
la cárcel para el que roba un pan 
Pablo Neruda 

Por Julian Santiesteban 

Cuando Quintana Roo se acerca al color verde en el semáforo epidemiológico por la incidencia de Covid 19, un nuevo y profundo escándalo de corrupción se cierne sobre la administración estatal, pues aunque la empresa Iiafer, de Jorge Brizuela Guevara, alias “El Venezolano”, resultó beneficiada con el contrato de por lo menos 44 millones de pesos, las empresas subcontratadas para llevar a cabo los trabajos han denunciado no sólo que la misma no tenía la capacidad financiera para llevar a cabo las obras, sino que además el “oscuro” personaje ya cobró por los trabajos y no pagó por los mismos, por un monto por lo menos de la mitad de lo ya obtenido en recursos públicos. 

En una serie de correos electrónicos –en poder del escribiente- enviados el 25 de noviembre pasado a la de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a la Secretaría de Salud (Sesa), a la administradora de dicha dependencia Elvia Aguillón; al mismo gobernador del estado, Carlos Joaquín González; y el titular de la Secretaría de la Contraloría estatal, Rafael del Pozo Dergal, Ingeniería Solución Aporta, Constructora Yama, Media Tensión, Proveedor de aires acondicionados Juan Carlos Kinil; Equipamiento y Renta de Equipo Médico, Versatilidad, Infra Oxígeno (gases medicinales, tuberías, plantas de emergencia, operación); todas empresas subcontratadas por Iiafer Constructora, propiedad de Jorge Brizuela a quien se le adjudicó la instalación y operación de las carpas covid en la entidad, denuncian que, a pesar de que la empresa ya cobró por los trabajos, a ellos se les adeudan varios millones de pesos. 

Más aún, uno de los empresarios, dueño de Constructora Yama, Jorge Marzuca Fuentes, quien en fotografías y grabaciones difundidas de “El Venezolano” aparecía como su íntimo amigo, demanda el pago para su empresa, pero además revela que la beneficiaria del contrato, es decir, Iiafer, nunca tuvo recursos para realizar los trabajos y que la Sesa tampoco dio anticipo por los mismos, lo que evidencia la falta de capacidad financiera de “El Venezolano”, pero aun así fue beneficiado con el contrato, y los trabajos financiados por los subcontratistas, quienes ahora han sido abandonados, a pesar de que los recursos ya fueron entregados al polémico personaje, que en diversas grabaciones difundidas hace meses, se dice cercano al gobernador del estado, Carlos Joaquín González. 

En el estado hay cuatro carpas Covid instaladas, con capacidades para un total de 278 camas extras con ventilador, su instalación quitó presión a la demanda en la zona norte y alivió la carencia de espacios en la zona sur; la disponibilidad de camas es uno de los factores que permite mejorar la calificación en el semáforo epidemiológico, pero además, de acuerdo a la afirmación en correo del empresario Marzuca Fuentes “conozco en lo personal el importante ahorro de más de 11 millones de pesos que la contratista tuvo, derivado de mi trabajo en el manejo y revisión de presupuestos para optimizar la obra”; es decir, que en ese mismo margen se incrementaron las ganancias de Jorge Brizuela Guevara. 

Omar Macías, representante de Aporta, ya ha amenazado de retirar las carpas, por el retraso de tres meses de pago, las cifras entre todos los subcontratistas alcanzan la mitad del presupuesto estatal y nadie encontraba por ningún lado al Venezolano. Cobró y desapareció…hasta que la amenaza de desinstalar la infraestructura llegó. Pero el problema ahí está, si la Sesa o Sefiplan no pagan –aunque ya lo hicieron-, Quintana Roo se quedará en los siguientes días sin las polémicas carpas que tanto se presumieron y que tanto han ayudado. ¿Se pagará doble? ¿Quién saldrá a dar la versión del gobierno estatal? Marzuca Fuentes dice en su correo que está dispuesto a llevar el proceso con discreción, sin que la información llegue a los medios o a las instancias legales… pues a los medios ya llegó ¿procederán legalmente? 

Por lo pronto, y ante la inminente amenaza de desinstalar las carpas por la falta de pago, la empresa Aporta ha advertido que tanto Jorge Brizuela Guevara como Vanessa Vargas (supuesta esposa del empresario) “ambos de manera violenta e ilegal tomaron posesión de los bienes arrendados, con el apoyo de las autoridades del hospital Kumate”; vaya escándalo… ¿y ahora quién responderá por el polémico empresario? La Sesa y su titular, Alejandra Aguirre Crespo ¿tendrán algo qué decir? Esté pendiente de la siguiente colaboración, que el escándalo apenas comienza. 

COMENTARIO MORBOSO 

Es importante no distraer la atención de temas prioritarios como el paquete fiscal 2021, pero sobre todo estar atentos a lo que la XVI Legislatura hará con lo planteado por el gobierno estatal como nuevos cobros, derechos e impuestos, particularmente porque la crítica situación económica de la población quintanarroense y sus empresarios pudiera deteriorarse, a pesar del discurso que asegura que se busca una recuperación económica. 

Por ejemplo, el Congreso federal apenas aprobó no cobrar el Derecho de No Inmigrante a todos los extranjeros que ingresan al país, pero el gobierno estatal propone un cobro por el Uso y Aprovechamiento de los Bienes de Dominio Público que impactaría profundamente al sur quintanarroense, al gravarse el ingreso de ciudadanos beliceños que son un puntal importante en la economía local. A esto se suma el cobro por acceder a los cuerpos de agua de la Bahía de Chetumal y varios otros. ¿En serio se busca incentivar la economía? ¿Cómo? ¿En serio no tienen nada que decir los diputados hasta ahora? 

Desde que se presentó el paquete económico, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, José de la Peña Ruiz de Chávez, aseguró que no se aprobarán nuevos impuestos; el legislador del Movimiento Auténtico Social (MAS), José Luis Guillén, dijo que sí aprobará el paquete porque es necesario y el diputado por Morena y ex presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Edgar Gasca Arceo, ha dicho tajante que no aprobará el presupuesto en los gravosos términos que ha sido propuesto. Nadie más ha hablado. Faltan 22 diputados por expresarse. 

El plazo para aprobar es el 15 de diciembre y seguiremos pendientes de lo que aprueben, al final, lo importante es que hay proceso electoral, es esa la oportunidad del elector de reconocer lo bien hecho… y conste que algunos legisladores pretenden irse en la búsqueda de un nuevo cargo, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima. 

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