El exceso es un defecto
León Bloy

Por Julian Santiesteban

Antes de que concluya el presente mes, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo) deberá dar muestra de verdadera transparencia al notificar a la XVI Legislatura de la conclusión de periodo de uno de sus comisionados, con ello iniciará el desmontaje de uno de los primeros “paquetes de impunidad” construidos en la administración de Roberto Borge Angulo, que la XV Legislatura no se atrevió, por cierto, a desarticular, por razones hasta ahora no explicadas.

De acuerdo al artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, el comisionado presidente debe notificar a la legislatura –o diputación permanente, según sea el caso- por lo menos con 60 días de anticipación a la fecha, la conclusión de periodo de algún comisionado. En este caso, a la comisionada Nayeli Lizárraga Ballote se le amplió por cinco años el periodo que debió concluir en 2017, mediante el decreto 275 de fecha 27 de julio de 2015 (un año antes de que Borge Angulo concluyera gestión), por lo que, máximo el 27 de mayo del presente año, el IDAIP debe enviar a la legislatura la notificación y que ésta a su vez emita la convocatoria para designar en las semanas subsecuentes a su sucesor.

La XIV legislatura al reformar el sistema normativo en materia de transparencia, debió nombrar nuevos comisionados; en lugar de ello, ratificaron por cinco, seis y siete años a los que ya estaban en el cargo; además de Lizárraga Ballote, a Cinthia de la Torre Villanueva y a Orlando Espinosa Rodríguez, lo cual representó una violación a la Ley General de Transparencia, que en su artículo 38 señala que ningún comisionado puede durar en su encargo más de siete años. Los señalados funcionarios tienen, las comisionadas, 9 años y el presidente del organismo va a cumplir ¡12 años! Todo por voluntad del ex gobernador ahora preso en Morelos, que “a modo” realizó los nombramientos con el apoyo de sus diputados. Ahora bien, la XV Legislatura pudo haber anulado dichos nombramientos y no lo hizo; pero, según nos comentan, la actual legislatura está muy pendiente de los plazos y no dejarán pasar la oportunidad de desmantelar uno de los últimos  “paquetes de impunidad.”

¿Por qué la insistencia sobre el “ojo vigilante” desde la XVI Legislatura? Bueno, toda normatividad que señala plazos de encargo y procedimientos de renovación ha sido borrada del portal electrónico del IDAIP y, además, hay dos rumores insistentes al interior del organismo: El primero que señala que los actuales comisionados aprovecharían la pandemia que tiene a toda la administración pública en cuarentena y a los diputados sin sesionar, para ampliar por todo 2020 el periodo de la comisionada saliente –evadiendo, por cierto, el hecho de que la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) se reúne cada semana aun en contingencia-; y el otro rumor tiene que ver con la intención del presidente del organismo, de colocar en el puesto vacante a dos de sus allegados; el coordinador administrativo, Randy Bastarrachea de León; o el coordinador de Vinculación, Juan Carlos Chávez Castañeda; ¿y la transparencia? Esa puede esperar.

Una vez expuesta la intentona, es de esperarse que fracase, y que los plazos en la Legislatura se cumplan, aspirantes hay algunos y con probada capacidad; pero lo que debiéramos preguntarnos todos es, ¿cómo ha sido posible que la instancia que, se supone, vigila la transparencia, haya sido degradada por tantos años? ¿Cómo es posible que, en el país, Quintana Roo tenga a los funcionarios más longevos y evidentemente con resultados nada destacables? El próximo año y el subsecuente, los otros dos comisionados concluirán gestión, ¿cobrarán todos finiquito por los dos periodos que estuvieron, o solamente por uno? Y los dos cuestionamientos más importantes: ¿la XVI Legislatura hará lo que no hizo su antecesora, en cuanto a la profesional designación en los puestos? Y ¿alguna vez en la entidad la transparencia será vocación real de los actores públicos y no una instancia inoperante? Conste que todas son preguntas, porque el próximo año hay cambios en los órganos de control y aún más espacios en la administración pública.

COMENTARIO MORBOSO

El secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, puede anotarse parcialmente el logro de que, a Quintana Roo, se le reconozca como la entidad en que mejor se han asumido las medidas de resguardo domiciliario en la pandemia –con marcados excesos, según ha señalado la Comisión estatal de Derechos Humanos-, aunque la criminalidad siga operando y algunas de sus “ocurrencias” resulten de plano bastante chocantes.

Eso de vestir a los policías de payasos para el Día del Niño, de convocar a un concurso de karaoke para que las familias no se aburran por estar en casa o utilizar las redes de la institución que –aun- dirige para anunciar comercios locales son ejemplos de lo que no debe hacerse, aunque intrascendente puede resultar; pero hombre, de plano poner a la orquesta de policías a tocarle a “su hermano” y periodista, Francisco Zea, las mañanitas y grabar un video para mandárselo por Twitter resulta de plano un despropósito que, aunque también intrascendente, nos muestra en qué ocupa su tiempo el “Rambo” de Tijuana; ¿de verdad nada pasa con los excesos del plenipotenciario funcionario? ¿Nadie dice nada? Bueno, aquí ya lo dijimos y si en ningún momento resultan pertinentes sus ocurrencias, en contingencia, evidentemente, menos; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.