El poder no corrompe. El miedo corrompe,  

tal vez el miedo a perder el poder 

John Steinbeck 

Por Julian Santiesteban 

No son “otros datos”, son las mediciones oficiales. Cada año, en el mundo, se pagan aproximadamente un billón de dólares en sobornos y durante el mismo periodo, se suelen robar 2,6 billones de dólares mediante la corrupción, esto implica un total del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de todo el planeta. Más aún, en México, desde 2013 no ha habido avance alguno en abatir la corrupción y, a nivel local, cinco estados destacan como los más afectados por el fenómeno, entre ellos Quintana Roo. Así de lo general a lo particular, el “cáncer” sigue avanzando. 

Este jueves 09 de diciembre, se celebró el Día Internacional Contra la Corrupción, efeméride creada desde 2003 por la Organización de Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de reflexionar para frenar y eliminar los actos de corrupción en todos aquellos que se aprovechan de algún cargo de poder, para enriquecerse a cargo de los demás. Las cifras globales de los recursos que genera la corrupción son de escándalo, pero también lo son las nacionales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), la población mexicana pagó 12 mil 769.7 millones de pesos, es decir, 64.1 por ciento más que en 2017 por la corrupción. De manera desagregada o específica, cada persona que fue víctima de corrupción tuvo que desembolsar 3 mil 822 pesos en promedio, esto es mil 372 pesos más que en 2017; ¿cuál avance entonces? ¿en dónde está la mejoría? 

El acto de corromper requiere, por lo menos, de dos actores, el que “premia” y el “premiado” –no siempre se trata de transacciones monetarias-; la responsabilidad entonces, es de las instancias gubernamentales y de los ciudadanos. Se puede demandar mejoría en las instancias públicas, pero de nada sirve si los gobernados no hacen su parte. No se trata de exculpar a nadie, por el contrario, en términos de procesos administrativos, la actual administración federal, la de la Cuarta Transformación Republicana (4T), ha tenido francos retrocesos en procesos administrativos, adjudicaciones directas en los programas emblema del presidente Andrés Manuel López Obrador, o las evidencias mostradas de colaboradores, cercanos y hasta familiares que, a pesar del discurso, han obtenido contratos y mejorías económicas diversas. Santiago Nieto Castillo, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Manuel Bartlett Díaz. Enlistarlos basta para entender lo mucho que falta. 

Pero a nivel estatal las cosas no son mejor. Durango, Quintana Roo, Guanajuato y Puebla, de acuerdo con el Inegi, aparecen –en ese orden- como las entidades en donde mayor corrupción existe. Para que dimensione el lector, hasta 25 de cada cien ciudadanos que realizaron algún trámite en la primera de las entidades, fueron víctimas de un acto de corrupción por parte de funcionarios públicos. En Quintana Roo, veinte de cada cien es el porcentaje, en Guanajuato 16 y Puebla 15. En general, en 15 de 32 estados de la República Mexicana la corrupción tuvo un incremento. Terrible panorama. 

Más aún, a principios de esta semana, la mayoría de los titulares de las instancias de auditoría estatales denunciaron que la Auditoría Superior de la Federación no renovó el acuerdo por medio del cual se les daba la facultad de revisar la correcta aplicación de los recursos federales que llega a los más de dos mil 400 municipios del país, con lo cual se abre una enorme ventana de impunidad y aplicación irregular de los dineros públicos, sin que haya alguna sanción. La buena noticia, es que el auditor superior de Quintana Roo, Manuel Palacios Herrera, es de los que considera que la instancia quintanarroense sí puede revisar a fondo esos recursos. La mala, que hasta ahora, a pesar de que prácticamente todos los actuales presidentes y presidentas municipales, en campaña prometieron revisión a fondo de las irregularidades que denunciaron, usándolas como discurso de campaña, hasta ahora, menos de un tercio ha procedido ante las instancias adecuadas. 

¿Y entonces qué festejar? Pues nada, ¿qué falta por hacer? Mucho…o todo y a todos los niveles. Reitera el escribiente, no son “otros datos”, son las mediciones oficiales. Y en la víspera del inicio del proceso electoral local, baste decir que, antes de que inicien los discursos incendiarios y de ajuste de cuentas, hay que cumplir lo ya prometido; particularmente porque hay un dato aún más lapidario de todos los presentados hasta ahorita: Más de la mitad de los mexicanos mayores de 15 años, concretamente, el 54.6 por ciento, reconoció que la corrupción es uno de los tres principales problemas que enfrentó el país en 2020. 

Esos jóvenes, serán electores por primera vez en 2024, cuando la administración actual termine. Como se puede advertir, no se sostiene la “otra” realidad a “golpe de discurso” y esos futuros votantes lo notan, sienten, padecen todos los días. En el Día Internacional Contra la Corrupción, baste decir que sigue ahí, como antes, como siempre. 

COMENTARIO MORBOSO 

A propósito de esa persistente realidad, y en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, el escribiente recuerda que, hace apenas una semana, relató en esta columna los ilegales procederes de un personaje que permanece intocado, no se le molesta “ni con el pétalo de una investigación”: Jorge Brizuela Guevara, quien junto con su esposa, Vanesa Vargas, ha obtenido desde 2020, más de 540 millones de pesos en contratos para la instalación y operación de las llamadas carpas Covid en Quintana Roo. A inicios de la presente semana, fue exhibido por segunda vez en la conferencia matutina presidencial, pues el dinero lo cobró, pero no pagó a los empresarios que realizaron el trabajo. 

Ciertamente, el manejo de la pandemia en el estado, particularmente en 2021, ha permitido la gradual recuperación económica y del empleo, y se encuentra Quintana Roo entre los mejores estados por recuperación. Pero para que el lector se dé una idea, en los 5 años que ya transcurrieron, el gobierno estatal informó –a propósito del informe de resultados- que en ese periodo se invirtieron 547 millones de pesos para la atención de 91 localidades rurales y urbanas de Bacalar, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum y Othón P. Blanco, en obras de pavimentación, alumbrado público, aceras y guarniciones, espacios deportivos y centros comunitarios, además de pisos firmes y entrega de estufas ecológicas. ¿Dimensiona ahora las ganancias obtenidas por contratos por adjudicación directa del señalado personaje? Pero además, ni siquiera pagó los servicios. 

Por último, y luego de la nueva exhibida, “El Venezolano” Guevara Brizuela, lanzó amenazas en contra de uno de los empresarios que lo ha demandado, advirtiéndole          que echará a andar una campaña mediática, incluso con medios de comunicación nacionales, ante la evidenciada sufrida. ¿Y los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo? ¿De plano no hay nada qué decir? Ante todo esto, lo ya expresado, la corrupción en su máximo esplendor, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.