Suerte es lo que sucede cuando la preparación

 y la oportunidad se encuentran y fusionan.

Voltaire

Todos los procesos de sucesión gubernamental representan un enorme reto no sólo para los aspirantes, sino para quien deja en manos de otro el poder que detenta. El anhelo de continuidad de la propia obra y la tranquilidad futura que se desea son siempre elementos fundamentales a considerar, pero siempre obnubilados porque todos los que desean obtener el mando juran a pie juntillas ser el más leal de los colaboradores, y el más eficiente continuador de lo alcanzado por el gobernante.

En esa situación, por cierto, se encuentran un tercio de los gobernadores de este país, todos electos en 2010 para gobernar por menos de seis años, entre ellos Quintana Roo, que al igual  que en Aguascalientes, Zacatecas, Tlaxcala, Hidalgo, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz Durango; Oaxaca, Sinaloa y Puebla, elegirán mandatario en junio de 2016, dos de ellas, Puebla y Veracruz, por dos años, y el resto para periodos de seis años.

En este espacio hemos señalado con anterioridad la particular circunstancia del gobernante a la hora de elegir sucesor, aun cuando se trate de uno de su mismo grupo político –faltaba más-; pues siempre se requiere de un momento de soledad, de verdadera valoración de las circunstancias, supuestas –aunque juradas- lealtades, valorar los resultados que a él le han dado los aspirantes y no a su antecesor o para negociar con el sucesor, en caso de no ser elegido. Al final, más allá de mandatos del centro o de presiones de grupos de poder, el aun detentador del poder debe valorar la propia sobrevivencia política, pues apenas soltada la estafeta, nada le garantizará que lo prometido se cumplirá, como él mismo no cumplió todo lo que prometió en su etapa de candidato.

En esta tesitura, la sucesión en Quintana Roo aparece como un proceso en el que varios se han pronunciado en la búsqueda de la candidatura, los primeros en arrancar parecen “desinflarse”  y un actor al que nadie parecía tomar en cuenta para la sucesión parece adelantarse a todos aquellos que aseguraban incluso tener ya la autorización del “altísimo” para hacer campaña y que la llegada de los tiempos era un mero requisito para concretar la entrega del banderín.

Y es en ese escenario en el que el aun secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, ha aparecido no sólo como un aspirante más; sino como el hombre que, en lugar de aprovechar la visibilidad que el cargo ofrece para poder hacer presencia en todo el estado y posicionar su imagen para una coyuntura que le favorezca, ha preferido llamar al orden a todos los “adelantados”; ha sacado el pecho por el gobernador en funciones y los ha reconvenido para respetar la figura del aun gobernante. Y eso, por cierto, parece haberlo colocado, -sin querer, queriendo- a la delantera de sus ahora rivales.

“Caballo que alcanza, gana”, reza el refrán popular, y en la carrera por la gubernatura, la habilidad cuenta muchísimo más que la fuerza, pues la soledad del gobernante en turno, como se ha dicho en A Tiro de Piedra, no representa debilidad, y el silencio y disciplina, no significarán nunca falta de capacidad; así que por los rumbos de Solidaridad suena la sucesión, pero parece que en ninguno de los dos que se habían adelantado… al tiempo.

LA LEY DE PERIODISTAS

En abril del presente año manifesté mi opinión al respecto de la ley de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, recalcando que el proyecto que desde hace dos años impulsan Graciela Machuca y Javier Chávez, actualmente en su calidad de presidente de Periodistas del Caribe; de sumarse adecuadamente a la propuesta del Ejecutivo estatal, pudiera representar un mecanismo útil para la práctica del ejercicio periodístico en Quintana Roo.

Para ninguno de los que ejercemos la profesión en la entidad pasan desapercibidos los casos que han motivado críticas al gobierno, o la evasión, por parte de la mayoría de los medios de comunicación, al no otorgar seguridad social a sus reporteros; como tampoco es posible ocultar datos como los presentados por el colega José Segoviano Martínez, en el foro realizado en Chetumal para hacer aportaciones a la ley, pues el periodista, con datos de Freedom House, destacó que noventa por ciento de las agresiones que se cometen en contra de periodistas en México las realiza el propio Estado. Lapidario.

Pero precisamente por eso la importancia de realizar aportaciones y señalamientos concretos a la ley que pretende aprobarse, pues es importante agregar una tipología de la agresión, es fundamental modificar el articulado que pretende hacer que los periodistas revelen sus fuentes de información, no reducir la libertad de expresión a una prerrogativa, sino destacarla como un derecho constitucional; y en general lograr que la norma a aprobarse permita su permanencia y vigencia en el tiempo, y no atienda sólo a una coyuntura en particular. De lograrse, más allá de las críticas, el ordenamiento propuesto representará un mecanismo efectivo de protección y profesionalización.

Disiento en las posturas que pretenden acotar la figura del periodista y más aun de aquellas que pretenden calificar el ejercicio periodístico a partir de los medios en que se difunde; más aun de los que plantean la posibilidad de decidir, sin establecer criterios, cuáles son medios de comunicación y cuáles no; o la exigencia de tener que estar «acreditado» para ejercer el periodismo o acceder a actos públicos, esto último una verdadera ridiculez;  pero aun así es importante discutir todas las posturas.

Es difícil, siendo crítica la naturaleza de quienes ejercemos el periodismo, encontrar una postura única sobre el tema, pues así como ahora se hacen críticas sobre las leyes para protección de periodistas y defensores de derechos humanos, que por cierto ya tienen casi dos tercios de las entidades del país, apenas en 2013 la crítica iba justamente en sentido contrario, por la carencia de tales ordenamientos (véase como referenciahttp://mexico.cnn.com/nacional/2013/06/28/estados-incumplen-con-proteccion-a-activistas-y-periodistas-dicen-ongs)

Por ello considero importante hacer aportaciones a un ordenamiento que tiene su origen en exigencias internacionales por cumplir. El Congreso del Estado de Quintana Roo amplió hasta agosto el periodo extraordinario de sesiones para incluir las propuestas presentadas. Pedro Flota Alcocer, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, ha mostrado ya la voluntad del Legislativo de integrar los señalamientos puntuales de los periodistas; queda claro pues que no deberá haber ley “a modo”, ni para el gobierno ni para periodistas o defensores de derechos humanos.

Y a todos los involucrados nos alcanza la responsabilidad de construir, hacer las aportaciones con tiempo suficiente para integrarlos a la norma dará la calidad moral para hacer los señalamientos respectivos en caso de no ser incluidos; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.