La guerra no consiste sólo en la batalla  

sino en la voluntad de contender 

Thomas Hobbes 

Por Julian Santiesteban 

Las elecciones ya pasaron, más de 21 mil cargos de han sido electos desde el 06 junio y, a partir de ahora, parece que a nadie importa que en el proceso electoral aun en curso fueron asesinados más de cien actores políticos, a pesar de que el gobierno federal y los de las entidades federativas les prometieron protección; aunque a decir verdad, la violencia e inseguridad es tal vez la condición más democrática en México: aplica para todos. 

De acuerdo con el más reciente informe de violencia política en México, de la firma Etellekt, del 7 de septiembre de 2020, hasta el 6 de junio, se registraron un total de mil 66 agresiones globales en contra de actores políticos, de los cuales 102 fueron homicidios, 36 de estos aspirantes y candidatos; el gobierno federal o de las entidades federativas no han hecho propiamente una distinción en este tipo de agresiones, pero destaca el reconocimiento de que mayo de 2021 se convirtió en el mes más violento del año, con dos mil 963 homicidios dolosos y con un acumulado en lo que va del presente año de 14 mil 243 en total. 

Desde el 25 de febrero, en su conferencia matutina –para no variar-, el presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió protección a los candidatos y candidatas y aseguró que su gobierno haría todo para protegerlos durante el proceso; para luego, de marzo a mayo brindar supuestos informes en los que se dijo que se analizaron unos 300 casos y se abrieron un centenar de carpetas de investigación; de hecho, en el documento de abril, se especificó que  seis entidades concentraron el 82 por ciento de las agresiones: San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca; la mayoría fueron candidatos a presidentes municipales, diputaciones locales y regidurías y, el 18 por ciento restante, aspiraba a una diputación federal o gubernatura. 

Pero luego de las elecciones, las investigaciones parecen haberse detenido, el mandatario se ha dicho conforme con los resultados, las instancias jurisdiccionales atienden las quejas de los resultados y comienzan ya a colocarse otros temas en la agenda pública, como la reforma electoral y la desaparición de las diputaciones de representación proporcional, además de comenzar “por lo bajito” la construcción de lo que será la próxima mayoría legislativa en favor de la 4T… y de la violencia en los comicios… nada. No es que la clase política nacional merezca atenciones que no se le otorgan a la población en general, sino que, en la coyuntura de los procesos, la violencia también fue bandera de campaña…y lo volverá a ser en los siguientes procesos, como todo lo que pasa en este país por el tamiz de las elecciones, y mientras eso ocurra, será tema importante de atender, para luego dejarlo en el olvido. 

Hubo pactos por la democracia, reuniones en palacio nacional, llamados desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, declaraciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y, al final, la violencia de todas formas se extendió a los 32 estados del país, con preponderancia en 570 municipios y 29 fueron ciudades capitales; la cifra alcanzó las mil 66 agresiones globales y eso representa casi un 38 por ciento más que la violencia que se presentó en 2018, cuando fue electo López Obrador como presidente del país, ¿cómo explicar ese incremento si ellos eran los agredidos y ahora son gobierno? ¿Cómo sostener el discurso de víctimas si ahora les corresponde a ellos brindar la protección que demandaban? 

Sirva pues para recordar que hay pendientes, aun cuando los temas no pasen por los medios de comunicación y no estemos por ahora en proceso; sirva también para recordarnos que, en Quintana Roo, en medio año iniciaremos un nuevo proceso electoral y aún más grande que el que estamos por concluir, pues en 2022 elegiremos gobernador y diputados locales, ¿estamos ya preparados para contener la violencia, o la administración saliente ignorará las solicitudes de auxilio, como ahora hizo, ni siquiera respondiendo los oficios enviados desde el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo)? Esa es indolencia supina y la más clara muestra de un desinterés por seguir gobernando el año que le resta a la administración del cambio. Administran la inercia, eso hacen. 

COMENTARIO MORBOSO 

Y a propósito de pendientes locales, es pertinente recordar, ahora que la consulta para enjuiciar a los ex presidentes del país está por llevarse a cabo el 01 de agosto del presente año, que en Quintana Roo también hay una consulta pública por llevarse a cabo en los municipios de la zona norte: Solidaridad, Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, para determinar si la concesionaria del cobro de agua potable, Aguakán, deberá seguir operando o la ciudadanía determina que se le revoque dicha concesión. 

Así como la consulta sobre el enjuiciamiento a los ex presidentes, la de Aguakán también se observa como un mecanismo de participación innecesarios, pues si elementos hubiera para llevar a juicio ambos temas, lo dable es que las respectivas instancias, municipales, estatales o nacionales, realizaran la tarea que les corresponde, pero como ahora todo se le pregunta al “pueblo bueno” para mantener vigencia política, pues vayan pues ambos ejercicios de democracia directa. 

Por cierto, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) aún debe resolver la suficiencia presupuestal para llevar a cabo el ejercicio. La instancia local ha asegurado que necesita 21 millones de pesos que, el gobierno de Carlos Joaquín González, dice no tener; pero como ese no es argumento suficiente para no realizar la consulta, falta ahora saber la fecha exacta de su realización…y ahí viene el nuevo encontronazo político local, ¿por qué? Pues porque el ejercicio lo ha impulsado la senadora Marybel Villegas Canché, a quien insisten en “dar por muerta” en el camino a la gubernatura quintanarroense, y ella se aferra siempre a dar muestras “de vida.” Que comience entonces la nueva batalla; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.