La responsabilidad social de los negocios,
consiste en incrementar sus beneficios
Milton Friedman

Por Julian Santiesteban

El Tren Maya es para el gobierno federal sinónimo de desarrollo para las comunidades por las que atravesará, pero para los habitantes de Bacalar, donde estará la quinta de sus estaciones, es la muestra más evidente de un neoliberalismo rapaz que pretende arrebatarles sus tierras a cambio de…nada.

Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), organismo responsable del proyecto, que lo mismo recibe amparos en contra de su construcción, que postergaciones en los tramos menos redituables económicamente hablando, solicitó al ejido Bacalar la donación, sí  donación, de mil 06 hectáreas para la edificación de la quinta estación del tren y un nuevo centro poblacional, pero la solicitud ha sido rechazada por los comuneros, no sólo porque la entrega gratuita de tierras en nada los beneficia, sino porque además quedaría –dicen- en el abandono la población ya existente.

Lo preocupante es que, de las intenciones del Fonatur, nada sabía el gobierno quintanarroense, pues el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Sustentable (Sedetus), Carlos Ríos Castellanos, aseveró que el organismo federal nada ha notificado al gobierno estatal, además de apoyar la postura de los ejidatarios de no entregar sus tierras, sin que se considere el impacto negativo para la población ya existente y sin evaluar antes el daño ambiental que eso puede representar.

¿De qué tamaño es la “donación” pretendida? Nada más diez veces las dimensiones de la actual ciudad de Bacalar, pues de la superficie solicitada, seis serán para la construcción de la estación del tren y mil para el “centro integralmente planeado”; ¿por qué la solicitud a título gratuito, si esos terrenos serán vendidos a inversionistas tales como hoteleros, restauranteros, consorcios de plazas comerciales y desarrolladores inmobiliarios para crear una nueva ciudad? ¿No es esa una reprobable muestra de liberalismo rapaz, al despojar a los ejidos para vender los predios a “los señores del dinero”? ¿Y cómo y en dónde va a invertir Fonatur las ganancias que obtenga?

Cabe recordar que el ejido Bacalar ya mantiene una denuncia en contra del gobierno de Quintana Roo por la ilegal apropiación de 354 hectáreas desde el 2011, es decir, los años oscuros del “felixato” y el “borgismo”; sólo que la actual administración ya va para su cuarto año de gestión y las tierras no han sido devueltas; de manera tal que la predisposición al despojo está presente entre los comuneros, por ello con razón exigen ser parte del desarrollo.

Así que, si “primero los pobres” son los que deben beneficiarse de los proyectos presidenciales para el desarrollo, los “señores del dinero” deberán pagar por las tierras que ocupen para construir hoteles, fraccionamientos o plazas comerciales, pero también el Fonatur deberá clarificar los mecanismos por medio de las cuales se apropia de tierras, tendrá que pagar por ellas, y, sobre todo, enterar a todos los niveles de gobierno de sus intenciones, “basta ya de neoliberales y conservadores”, ¿o no?

Lo anterior a pesar de que los tramos Felipe Carrillo Puerto-Bacalar y Bacalar-Escárcega comenzarán su construcción hasta el año 2022, cuando el gobierno de Carlos Joaquín González habrá concluido, pero deberán desde ahora sentarse las bases del tren que, si acaso ocurre, correrá también hasta el final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Si no se actúa correctamente, acabarán los gobiernos y no habrá tren o tierras en los ejidos, pero eso sí, seguramente habrá nuevos millonarios…o los mismos de siempre, pero más poderosos.

COMENTARIO MORBOSO

Hace un año, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia matutina del 24 de junio, que el sargazo no era un problema grave en el Caribe Mexicano, que se comenzaría a delinear un plan para que la Secretaría de Marina (Semar) atendiera el tema y terminó diseñándose una estrategia en la que la dependencia federal recoge la macroalga en mar abierto y el gobierno de Quintana Roo y sus municipios colectan y desechan la que llega hasta los 900 kilómetros de playa que tiene.

El mandatario federal dijo abiertamente que el tema había sido utilizado para hacer negocios privados y, si en algo tuvo razón, es que hasta ahora no se ha aclarado la inversión superior a 250 millones de pesos que se hizo en barreras de contención que nunca funcionaron y cuya erogación fue vía asignación directa. Es importante porque, en su momento se afirmó que la administración de Enrique Peña Nieto gastó unos 800 millones y que la actual invertiría sólo 52, ¡mucha la diferencia!

Para este 2020, apenas el primero de junio, cuando el presidente retomó sus giras y en Quintana Roo realizó su conferencia matutina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, agradeció que el gobierno local y sus municipios haya entregado 195 millones 634 mil pesos para la construcción, adquisición y reparación de equipo con miras a contener el recale cíclico de sargazo en las costas de la entidad. Entonces ¿cuánto se invirtió en total el año pasado y cuánto se invertirá en 2020? Por cierto, el sargazo sigue disponiéndose de manera inadecuada, en centros de concentración en los que se descompone –a excepción de Puerto Morelos-, ¿cuándo se solucionará esa situación?

Y ya que cuestionamientos lanzamos, ¿cuándo los órganos contralores, tanto estatal como federal, presentarán las sanciones con respecto a lo mal hecho en 2017? Al ritmo que van, nunca, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

Pd. Ojalá que de algo sirva la experiencia vivida y que realmente haya menos sargazo en 2020, porque entre pandemias y temporada de huracanes, males no le hacen falta al sureste mexicano.