México (PL) El año 2014 debería ser recordado como el de las reformas estructurales impulsadas y aprobadas por el presidente Enrique Peña Nieto, pero en una remota localidad del estado de Guerrero la desaparición de 43 estudiantes normalistas conmovió a México  y repercutió en otras latitudes.
Las desapariciones no son un fenómeno nuevo en el país azteca, donde miles de personas están en paradero desconocido y bajo un manto de impunidad que lacera a la sociedad.
Pero el crimen de Iguala marcó un parte aguas en la vida nacional, que pareció despertar de un largo letargo y reaccionó con diversas formas de protesta que se han repetido durante los últimos dos meses. En la noche del 26 de septiembre pasado policías del municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, bajo órdenes del alcalde José Luis Abarca, reprimieron una protesta de estudiantes de la escuela rural normal de Ayotzinapa.
El saldo fue de seis personas muertas, más de una veintena de heridas y 43 estudiantes en paradero desconocido desde entonces.
No fue hasta el 6 de octubre cuando el gobierno federal reaccionó, con la orden del presidente Peña Nieto, de que esa instancia se haría cargo de la investigación. Luego el ejecutivo dispuso la intervención de unos 10 mil efectivos del Ejército, la Armada, Policía Federal y Gendarmería Nacional en la búsqueda de los normalistas y de los culpables del horrendo crimen.
Según informaciones divulgadas por la Procuraduría General de la República (PGR), esa noche la policía de Iguala detuvo a los jóvenes y los puso en manos de la policía del contiguo municipio de Cocula, que a su vez entregó a los muchachos a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos.
Testimonios conseguidos en interrogatorios a algunos de los detenidos afirman que los normalistas fueron asesinados, sus cuerpos incinerados durante horas y los restos triturados y lanzados en bolsas al río San Juan.
La PGR afirma que el estado de deterioro de los restos impide la identificación de las víctimas vía ADN en laboratorios del país. Por ello será un prestigioso laboratorio de una universidad de Austria el que diga la última palabra sobre si lo recolectado guarda relación con los de Ayotzinapa, quienes para los efectos de la investigación oficial están desaparecidos y no muertos. Pero los que sí están oficialmente muertos son los que han aparecido en otras fosas clandestinas encontradas en la búsqueda de los normalistas. Entre ellos un misionero católico ugandés que oficiaba en parroquias de Guerrero y fue secuestrado hace varios meses.
Gracias a iniciativas de organizaciones civiles, en Iguala se están tomando muestras de ADN a familiares de desaparecidos de Guerrero y de otros estados que concurren allí con la esperanza de que entre los restos encontrados aparezcan los de sus familiares.
Entre tanto, el clamor de justicia se ha expandido por la geografía mexicana, sobre todo en Guerrero, donde maestros y normalistas se manifiestan todos los días, incluso con violencia, la que ha provocado la toma y la quema de instalaciones públicas, incluida la sede del gobierno y el Congreso estatales.
Las marchas y caravanas se repiten en el país, en particular en la capital mexicana donde miles de personas han salido a las calles para expresar su indignación por el crimen de Iguala y  exigir a las autoridades la aplicación de la justicia y el esclarecimiento de lo ocurrido.
Casi 80 personas han sido detenidas por su presunta participación en los hechos, entre ellas el exalcalde de Iguala, su esposa, policías, funcionarios y miembros de Guerreros Unidos. Pero la información pública ha sido a cuentagotas, lo cual ha exacerbado los ánimos y los reclamos al gobierno.
En el plano internacional Iguala y Ayotzinapa se han convertido en símbolos de la otra cara de México, la de los desaparecidos, la de la corrupción y la infiltración del narcotráfico en las esferas de poder público.
Son numerosas las capitales de diversos países que han sido escenario de protestas y en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, lo cual ha puesto al gobierno a la defensiva en la arena internacional, sobre todo cuando se apresta a recibir a los gobernantes iberoamericanos que realizarán su XXIV Cumbre en Veracruz.
En el plano interno, el presidente Peña Nieto envió al Congreso un decálogo de iniciativas de ley que tienen el propósito de reforzar la procuración de la justicia, el Estado de Derecho y el enfrentamiento al crimen organizado.
La creación de un mando único al nivel de los estados para las policías municipales es una de las principales medidas que ahora corresponderá a los legisladores convertir en ley, lo cual pudiera ser un nuevo escenario de confrontación política.
Pero el mandatario se adelantó con la implementación del operativo Tierra Caliente, por el cual instituciones federales tendrán a su cargo la seguridad de los 22 municipios de Guerrero y de otros en los estados de Michoacán y México.
El caso Iguala ha puesto en crisis también a los partidos políticos de cara a la opinión pública, y han provocado movimientos internos que, en el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se expresó con la renuncia de su fundador y excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas.
Tanto el PRD como el Partido Revolucionario Institucional, en el gobierno, y el de Acción Nacional, están buscando formas de blindarse para evitar que sus candidatos a las elecciones del año próximo, que escogerá diputados, gobernadores y otros cargos, sean infiltrados por la mano larga del crimen organizado.
Para entonces Iguala seguirá  marcando el escenario nacional, donde se efectúan marchas por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, devenidos símbolos de un flagelo que ha enlutado a miles de familias mexicanas y  dañado la imagen de un país al que el gobierno de Peña Nieto espera, con las reformas estructurales,  convertir en destino de la inversión internacional.