La percepción de los poblanos mayores de 18 años considera el 66.7% que el tema de mayor preocupación es la inseguridad pública, ligeramente superior a la media nacional del 64.5%. Siendo los lugares públicos donde se sienten más inseguros los poblanos, en cajeros automáticos, los bancos y el transporte público. (Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2018 ENVIPE, 2018.)

Dicha pérdida de control y legitimidad erosiona el pacto social, lacerando a las Instituciones, y frenando el desarrollo sostenible. Dichas situaciones se agudizan cuando los ingresos se ven disminuidos por una coyuntura económica desfavorable que facilita una expansión de las actividades delictivas y la corrupción que, además de ser un problema ético es un obstáculo para combatir las desigualdades económicas y sociales, que afectan la legitimidad y la confianza que tiene la sociedad respecto a sus Instituciones.

Como prueba de lo anterior, tenemos las elecciones para Gobernador del pasado 2 de junio del año en curso, donde los ciudadanos castigaron con su voto en las demarcaciones los Gobiernos Municipales de Morena ( En Puebla Capital, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula), que  pertenecen a la zona conurbana, en el que influyo como factor preponderante  la falta de resultados en materia de seguridad pública.

                               En Puebla durante los últimos cinco años se han incrementado los delitos federales en un 6.5 % con un total de 4,877 delitos registrados, colocándola en el lugar siete de las entidades federativas con el mayor número de delitos y por lo que respecta a los delitos de fuero común crecieron en 13.7%, con un total de 61,172 delitos reportados, lo que la ubica en el lugar ocho de las entidades federativas con mayor número de delitos del fuero común,  siendo el ilícito  más recurrente el robo en el cual destaca el robo de automotor.  Y el número uno nacional en tomas clandestinas de hidrocarburos de competencia federal.

(Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2018 ENVIPE, 2018.)

Según datos de las carpetas de investigación de las 32 entidades federativas en el 2018, el Estado de Puebla ocupa el lugar número 11 en homicidios, 4 en robo de automotores y 2 lugar en robo a transporte.

En este escenario es importante señalar que las elecciones intermedias que se realizarán en el 2021, para cargos de elección popular (Diputados Federales, Diputados Locales y Presidentes Municipales.) Por lo que uno de los retos más importantes para el ahora Gobernador será disminuir los índices delictivos y la percepción de inseguridad y por consiguiente atender de manera clara la mayor preocupación de los poblanos.

El Plan Estatal de Seguridad Pública deberá versar en Políticas Públicas de Prevención del delito, en el cual se requiere la inversión de capital nacional y extranjero, con la finalidad de crear empleos dignos, siendo menester señalar que para hacer atractivo la inversión de capital es necesario que se garantice la seguridad y justicia en el Estado o región donde se pretenda invertir.

El combate a la delincuencia  tendrá que fundamentarse en el aumento de Policías, así como una verdadera capacitación, profesionalización, certificación y servicios civiles de carrera.

Depuración de los elementos de seguridad pública, así como el fortalecimiento de los órganos encargados de combatir la corrupción, todas estas políticas públicas requieren de tiempo para que se perciban los primeros resultados.

Las Instituciones de Seguridad y Justicia. Actualmente tienen las siguientes debilidades.

Falta de Coordinación entre Seguridad Pública, Fiscalía General y Tribunal Superior de Justicia, son factores para que exista la impunidad.

Falta de Coordinación y estrategias entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaria de Movilización son una de las causas principales para que no se haya combatido el robo a transporte público.

La falta de vinculación entre autoridades de seguridad pública y procuración de justicia con la ciudadanía ha ocasionado desconfianza y descontento en la población hacía estas autoridades.

La demora en las llamadas de auxilio o algunas veces hasta la negación del servicio, difícilmente son supervisadas o del conocimiento de los mandos policiacos.

Falta de medición de las reacciones de auxilio que los cuerpos policiacos proporcionan a la población.

Los abandonos de las zonas de patrullaje no son monitoreadas y por tanto difícilmente se sancionan.

Falta de información real  de la incidencia delictiva, por la falta de cultura de la denuncia que se presentan ante el Ministerio Público por su demora y malos resultados en las investigaciones, tiene como efecto la cifra negra de delitos y por tanto no se cuenta con un mapa  delictivo eficiente que permita la toma decisiones.

Patrullajes  monótonos sin estrategias que únicamente consisten en la disuasión del delito recorriendo las calles del sector, ocasiona que se detengan y pongan a disposición a pocas personas ante el Ministerio Público por hechos con apariencia de delito.  

 Sistemas de Identificación Criminal deficientes e incompletos que no permiten correlacionar a los imputados con otros delitos o en su caso con las bandas delictivas u organizaciones criminales a las que pertenecen.

Conclusión.

De tal manera que se deberá crear una herramienta tecnológica que optimice los recursos humanos y materiales  de las Instituciones de Seguridad Pública y Justicia, con la finalidad de vincular a las autoridades con la sociedad de manera eficiente y articulada para responder a sus necesidades de manera oportuna, así como permitir contar con la información real de la incidencia delictiva y  sus patrones de conducta para establecer políticas públicas idóneas  para la prevención y el combate a la delincuencia.