Por Guillermo Robles Ramírez

El año pasado Coahuila se ubicaba en el sexto lugar a nivel nacional de casas abandonadas, según un informe proporcionado por el Infonavit. Una incongruencia contra aquellos coahuilenses que sufren por no tener una casa propia como el patrimonio más importante de cualquier familia.

Sin embargo, la capital de Coahuila tiene la singularidad de que muchas de esas casas abandonadas, son consideradas en Saltillo como casonas, es decir, propiedad que superan los metros cuadrados de construcción y/o superficie, contra aquellas que ofrecen el Infonavit.

Por lo general en algunos municipios del país en su primer cuadro de la ciudad, encubre un antagónico secreto de casas que han sido abandonadas y que al paso del tiempo las han convertido en ruinas amenazadoras y cuyo desdén de sus legítimos propietarios, así como de las disposiciones del Centro Histórico, contribuyen a que el abandono se prolongue.

El Catastro, ni el Registro Público de la Propiedad, pueden precisar el número de casas abandonadas; sin embargo, el Centro Histórico de la capital de Coahuila se estima y supone que son un poquito más de 800 en lo que comprende el perímetro de la zona centro.

Sin embargo, sólo existe algo en concreto; son innumerables y se pueden encontrar en todas las calles adyacentes al centro de la ciudad cuyas dimensiones hacen pensar dos veces a quién decida rehabilitarlas por el alto costo de los materiales; por no rebasar los límites que el Gobierno ha puesto para que no pierdan su arquitectura y otra: ¿Vale la pena volver a invertir en ellas?

No existe en la ciudad o en cualquier otra población del país, autoridad alguna que obligue a los dueños de los predios ruinosos a que atiendan las tapias y que todos coinciden en que la alternativa se centra en una invasión pacífica para determinar si existen dueños o de lo contrario extender una documentación a quienes sí tienen necesidad de habitarlas.

Mientras la ciudad crece, la demanda de vivienda se incrementa y a la falta de espacios territoriales asfixian a la ciudad, obligando a las constructoras tener que hacer viviendas cada vez más lejos de los servicios básicos como agua, drenaje, caminos de acceso, redes eléctricas, escuelas, etc., y lógico de sus fuentes de trabajo y además las nuevas casas son cada vez más chicas, mientras desde el centro, sólo, en penumbras, cientos de casas que ven pasar el tiempo añorando volver a ser habitables; mientras que otras al no soportar el abandono han sucumbido ante las condiciones climáticas y precipitaciones pluviales.

Hay quienes consideran en que el mejor destino para estas edificaciones sería una invasión pacífica, para que, al término de cinco a diez años de posesión de mala fe, cuyos estatutos de la ley contempla para la prescripción de la invasión que para el efecto también tiene que ser pública y aunque no exista un documento que ampare la propiedad de los mismos, la ley extendería el correspondiente a quien de vida las mismas.

El padrón de registro que existe en la dependencia es por papelería y propietarios de predios; por lo tanto, se desconoce el estado físico de las fincas y se tendría que buscar en el Catastro, para determinar la ubicación para ver cuál fue el último traslado de dominio a nombre de determinada persona. Con base en la identidad de propietarios de fincas, se precisa una estadística para determinar índices, en otras palabras, las autoridades no pueden hacer ninguna actividad fuera de registrar documentos, expedir certificados o cancelar los mismos y no tienen facultades para otro tipo de actividades.

Tampoco los Ayuntamientos tienen injerencia para enajenar predios por falta de contribuciones y sólo actúa contra los morosos, pero recogiendo más bien autos, computadoras u otros artículos que se consideren como pagaderos por dichos retrasos, pero nunca la vivienda. El Catastro es sólo una oficina eminentemente recaudatoria de impuestos y nada más.

Sobre ese mismo particular, el Centro Histórico del Gobierno del Estado contempla que la mayor parte de esas casas con situación de abandono son de propiedad particular y en ese caso la dependencia no interviene hasta en tanto no pongan en peligro la vida de terceras personas y cuando se suscitan situaciones de esta naturaleza se solicita el apoyo de la Presidencia Municipal, se cita a los propietarios y se le solicita realice las labores mínimas para que el mismo se siga sosteniendo.

Lo más idóneo para todos es que cada una fuera habitada si no en su destino original en otro rubro que se adapte a aquellas que tengan un valor tanto arquitectónico como histórico o sea relevante y de carácter local.

Para muchos propietarios es muy cómodo mantenerlas en ruinas pagando sólo unos cuantos pesos al mes, sin necesidad de llegar a miles; pretendiendo ganar plusvalía por el paso de los años.

Los Ayuntamientos de los 38 municipios de la entidad deberían ser más enérgico y dar el mismo trato cual si se tratara de un terreno baldío.

Este es un problema generalizado en Coahuila y no privativo de Saltillo, pues casas viejas y abandonadas lo mismo existen en el primer cuadro o centros históricos de Torreón, Monclova, Piedras Negras, Sabinas, Nueva Rosita, Acuña y en otros municipios pequeños.

Mientras es una lástima ver como prevalece el desinterés de los propietarios de dichas viviendas que ofrecen un pobre panorama al Centro Histórico de cada municipio de Coahuila, cuando realmente merecen la intervención de una autoridad o una nueva disposición de ley para que sean recogidas, dada la apatía de los legítimos dueños y sean utilizadas como albergues, oficinas u otro administrativo y de beneficio a la sociedad. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) www.intersip.org