Caracas (PL)Tras casi cuatro meses de infructuosos intentos para derrocar al gobierno por medio de la violencia, la oposición venezolana persiste en su estrategia desestabilizadora, con nuevas acciones previstas para las próximas semanas.
Al menos 42 muertos y más de 600 heridos provocaron hasta el momento las acciones de los grupos antigubernamentales organizados, financiados y dirigidos por políticos y empresarios contrarios a la revolución bolivariana, dentro y fuera del país.
Aunque la violencia cobró auge inicialmente en 18 municipios controlados por sus alcaldes opositores, su presencia se limita actualmente a brotes esporádicos en un número muy reducido de ellos.
La ecuanimidad demostrada por el gobierno en el manejo de la situación mediante sus reiterados llamados a la paz y el creciente rechazo popular a la violencia fueron dos factores determinantes en la derrota de esta fase del plan golpista.
Sin embargo, a pesar de los golpes asestados por las fuerzas de seguridad a las estructuras de mando, abastecimiento y financiamiento de los grupos violentos, incluyendo la captura de participantes en asesinatos y en la destrucción de instalaciones públicas y privadas, los intentos desestabilizadores continúan.
Durante un encuentro con líderes de comunas en el Poliedro de Caracas, al sureste de esta capital, el presidente Nicolás Maduro  denunció una conspiración decidida a convertir a junio en «mes del colapso».
Personas alarmadas por lo que vieron y escucharon en una reunión de opositores, pese a ser ellas parte de sus filas,  trasmitieron una valiosa información al gobierno, la cual fue cruzada con datos disponibles por los medios de inteligencia, contó el mandatario.
Ante los hechos Maduro llamó al pueblo a estar alerta  y en contraposición a las pretensiones golpistas declaró a junio mes de «ofensiva revolucionaria, de patria, de victoria, de democracia y paz».
Por otra parte, también el periodista y exministro de Defensa venezolano, José Vicente Rangel reveló que «en las próximas semanas está prevista una ofensiva terrorista».
El blanco de esas acciones -según dijo- serán  las sedes ministeriales y  propiedades privadas como supermercados y estacionamiento de vehículos.
Semejantes episodios serán realizados por mercenarios extranjeros y  paramilitares, dijo , quienes actúan con recursos económicos suministrados  por  banqueros y empresarios venezolanos, panameños y colombianos,  pero principalmente de Estados Unidos.
Al respecto, un tiempo antes el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez, advirtió sobre el apoyo al terrorismo desde el exterior cuando informó sobre 58 extranjeros detenidos durante las llamadas guarimbas, entendidas como acciones violentas.
El expediente de los capturados es elocuente: 21  está comprobado son paramilitares colombianos, otros tienen órdenes de captura en Interpol, a algunos se les ocuparon armas y sustancias incendiarias, y una buena parte de ellos están asociados al narcotráfico. Aunque  continúan las investigaciones.

LOS LLAMADOS ESTUDIANTES PACIFICOS
Empero,  sectores de la derecha opositora insiste en atribuir la condición de estudiantes a quienes  desde el 12 de febrero «incendian Venezuela».
Incluso para ellos son simples estudiantes, por demás pacíficos,  las 243 personas detenidas en el desalojo de cuatro campamentos en los municipios Chacao y Baruta, del estado Mirada, alcaldías y gobierno bajo administración opositora.
En esas carpas fueron ocupados, artefactos pirotécnicos, teléfonos celulares, drogas y grandes sumas de dinero venezolano y estadounidense.
Ese operativo, calificado por el gobierno como exitoso,  fue  sorpresivo, de madrugada, sin violencia y con respeto a los derechos humanos y procesales de los detenidos.
Pero esa acción  fue usada como pretexto por la oposición para suspender la mesa de diálogo con el Ejecutivo, activada el 10 de abril pasado, tras ocho semanas de infructuosos llamados por parte del Gobierno.
Ahora, «patearon la mesa» aludiendo inadecuada  actuación del Gobierno para con esos «muchachos»,  tal como denunció la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Eekhout.
Sobre uno y otro hecho, el periodista Luis Britto en su columna «Pare de sufrir»  del diario Ultimas Noticias,  expuso cómo  «medios nacionales e internacionales pretenden presentar a los terroristas como ‘estudiantesâ€Ö y ‘pacíficosâ€Ö».
Tras enumerar acciones violentas y desmanes provocados con pérdidas de vidas y agresiones terroristas, Britto concluye que «Tal masacre no se debe a «estudiantes», «desarmados» y mucho menos «pacíficos».
Tampoco es táctica estudiantil, argumentó,  el incendio y destrucción de cerca de un centenar de unidades de transporte colectivo, de varias centrales eléctricas, universidades, bibliotecas y un preescolar con 89 niños dentro.
De igual modo el periodista venezolano Eleazar Díaz Rangel en su más reciente artículo intitulado La desinformación, muestras la real entraña y procedencia del fenómeno de la violencia entronizada en esta nación por la ultraderecha.
Para Díaz Rangel tras el desalojo de los campamentos se desató una reacción internacional  en la que dijo «no faltó la reacción del Departamento de Estado (estadounidense)  y de otras instituciones, como si se hubieran puesto de acuerdo, y sin ser testigos de tales hechos».
El objetivo -precisó-  era bastante claro, atacar a Venezuela y a su gobierno, como responsable de los «atropellos» a centenares de estudiantes pacíficos protestantes, y mientras dormían plácidamente. Aunque,  señaló, ni una palabra sobre el hallazgo de explosivos, armas, drogas y otros elementos para la violencia.
Por otro lado la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, en su último parte informó sobre  197 personas privadas de libertad y de ellas solo 14 pudieron acreditar su condición de docentes, por tanto, «no es cierto que sean estudiantes los detenidos» como quiere hacer ver la oposición, añadió.
Durante los hechos fueron incautados más de dos mil armas, objetos incendiarios y explosivos, dijo.

GOBIERNO A LA CALLE A DOS MANOS

El gobierno venezolano , promotor del diálogo y la paz, como la mesa de diálogo y las conferencias económicas desplegadas por todo el país, ha dicho que «siempre está en diálogo, nunca renuncia a conversar por el bien de Venezuela».
También el presidente Maduro, tal como ha venido ocurriendo, definió este fin de semana su estrategia de llevar la conducción del gobierno con las dos manos.
Con una mano, explicó,  la puesta en marcha de los 11 motores de la economía, la construcción de viviendas para el pueblo y en particular la ofensiva económica por  la elevar la producción, garantizar el abastecimiento y precios justos.
Mientras con la otra mano juro llevar con rigor el Plan Patria Segura, proteger al país de la violencia, así como aplicar todo el peso de la justicia contra quienes hayan cometido delito y sembrado la violencia en el país. Paz, diálogo, pero con justicia y sin impunidad, son los principios. Ello a partir de las exigencias de la oposición de liberar a los detenidos.
De la denuncia formal a organismos internacionales sobre lo que acá ocurre y de las injerencistas en los asuntos internos de Venezuela por parte de voceros del gobierno de Estados Unidos fue encargado al canciller Elías Jaua.
Está previsto que el ministro de Relaciones Exteriores presente todos los argumentos disponibles ante la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Naciones Unidas, la Organizaciones de Estados Americanos (OEA) y de la  Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Venezuela quiere paz y trabajar por la prosperidad de la nación, voluntad reflejada en el  último el sondeo de la encuestadora Hinterlaces  el cual arrojó que el 88 por ciento de los ciudadanos están contra de la violencia de la derecha opositora.
Igual número de personas se pronunció a favor de que el  Gobierno nacional debe sancionar a los responsables de tales hechos en tanto el nueve por ciento opinó contrario.
Ante la interrogante de con quién creen los venezolanos que es más importante que dialogue el Gobierno, el  63 por ciento respondió con los empresarios y 31 con la oposición. Respuesta que marca una tendencia importante en Venezuela.