*Hace Apenas un año

*Aquellas Decisiones

*Trenes Entrampados

Hace un año, las trece “decisiones presidenciales” levantaron algunas suspicacias pero, en lo general, fueron bien acogidas y, en no pocos casos, hasta con entusiasmo por cuanto significaban verdaderos desafíos a los poderes fácticos –reunidos, en su mayor parte, delante del mandatario que iniciaba su periodo-, y una acendrada determinación por llenar los vacíos de poder heredados. Hubo comentarios en el sentido de que parecía un despertar –sin exagerar optimismos-luego de doce años –y varios más si sumamos el sexenio precedente, igualmente paralizador- de letargo y de inercia gubernamentales. Peña pretendió ejercer su presidencia desde el primer minuto y así lo exhibió ante sus invitados, una audiencia cómoda ya sin la rispidez ni los desplantes de una oposición dada a los efectos mediáticos –como arrojar papel moneda falso al paso del nuevo mandatario para simbolizar con ello los excesivos gastos de su campaña-, y a argumentar deficientemente.

Al día siguiente, como sabemos, la firma del “Pacto por México” fue como una especie de mordaza contra los radicales que le desconocían, aunque sin las posturas extremas de 2006, con el razonamiento central sobre el uso de millones de pesos por encima de los topes financieros impuestos por el Instituto Federal Electoral, cuya actuación al respecto le restó tanta autoridad moral que es urgente definir el finiquito de esta institución y la inmediata creación de un nuevo organismo con mayores candados contra la entrada ilegal de fondos. Pese a ello, el “Pacto” fue un refrendo de los tres partidos con mayor representatividad al programa de gobierno de Peña Nieto, lo que significaba, nada menos, la posibilidad de retornar a la senda de la gobernabilidad tras largos lustros de parálisis legislativa y política. Doce meses después, el instrumento propuesto parece convertido más en un arma de chantaje que en un instrumento para la concordia.

De las trece “decisiones” iniciales de la Presidencia de Peña, se han cumplido sólo aquellas que no se expresaban en cuanto a la creación de infraestructura si bien ha retornado a la palestra el término “productividad”, que parecía anquilosado o muerto, para reemplazar al de especulación o al de la economía macro en donde la generación de riqueza nunca será pareja.

Citemos, para iniciar, la Cruzada Contra el Hambre, instrumentada por la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, la ex dirigente nacional del PRD Rosario Robles Berlanga, cuyos resultados son bastante abstractos sobre todo porque lo inició en varias comunidades copadas por la violencia en donde los grupos de “autodefensa” también repelen cuanto estiman demagógico y no sólo el acecho de las bandas criminales. A la señora Rosario se le acabó pronto el discurso y el empuje; tras el paso del huracán “Ingrid” y de la tormenta tropical “Manuel”, una pareja devastadora que arrasó varias entidades costeras a partir del 12 de septiembre de 2013.

Los estragos por los meteoros fueron tremendos con ciento treinta y nueve víctimas mortales, miles de damnificados, dieciocho autopistas afectadas de un total de ochenta y uno –de las cuales en tres hubo necesidad de interrumpir totalmente el tráfico vehicular-, cincuenta y siete carreteras federales con serios desprendimientos de varios tramos, nueve puentes caídos más otros dieciocho afectados e inutilizados y novecientos ochentas caminos rurales casi derruidos. Además, claro, de decenas de pueblos aislados –doscientos cincuenta municipios están en estado de desastre y otros trescientos catorce siguen en emergencia-, y daños severos a la agricultura en diecinueve estados del país; el cálculo inicial estima en quinientas treinta y cuatro mil las hectáreas arrasadas por las aguas en el septiembre más lluvioso de toda nuestra historia. La síntesis estremece per se.

Esta circunstancia lamentable obligó al gobierno de la República a medir los alcances de los programas optimistas y centrarse en la atención a las víctimas. El presidente Peña Nieto mostró su músculo social y tomó cartas en el asunto, dando la cara y sin moverse de las áreas siniestradas, con una conducta que, en mucho, le devolvió su faceta de liderazgo aun cuando las medidas tomadas sirvieron sólo como analgésicos para aliviar momentáneamente el dolor sin resolver el mal de fondo: las deficiencias en la infraestructura por causa de los compromisos, corruptelas y complicidades entre funcionarios del pasado y las empresas constructoras que ganan más cuando utilizan materiales deficientes o hacen obras sin la debida protección sin medir los riesgos a futuro. Si esta mecánica continúa es seguro que las catástrofes proseguirán con números muy elevados de muertos y destechados.

Al mismo tiempo, otra de las “decisiones”, la treceava por cierto, marcaba establecer “medidas de austeridad” en el gasto público y la consiguiente disciplina para ejercerlo. De hecho, el cumplimiento de este renglón se llevó al extremo: el secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray Caso, admitió que será hasta enero de 2012 cuando “comiencen” a realizarse obras de infraestructura básica, esto es trece meses después del inicio de una administración detenida por los amagos políticos, el rechazo a las iniciativas presidenciales por parte de diversos grupos de presión, los contrapesos en el Legislativo y a través de la crítica por el sostenimiento de las herencias del pasado inmediato como el de la conocida “guerra de Calderón” contra el hampa sin que se haya logrado abatir en un solo gramo las “exportaciones” de drogas hacia el norte, el mayor mercado de consumo en el mundo, y una permanente baja de popularidad.

Se ha estimado, erróneamente, que acceder a seguir los intereses del colectivo debe englobarse dentro de la cultura del “populismo”, visto éste como una derivación del “paternalismo” –muy usado durante las emergencias naturales-, y de la demagogia. No obstante se olvida que en la relación republicana siempre deberá subrayarse que el mandante, quien ordena, es la comunidad nacional a través de lo que en la Carta Magna se define como “soberanía popular”; y la contraparte, esto es el mandatario, quien obedece, sólo está facultado para seguir las líneas avaladas por la sociedad en su conjunto. Para muchos politicólgos esta condición se cumple al ejercer el derecho al sufragio universal, pero no es así: un gobierno democrático no puede salirse de los cauces que indica la ciudadanía.

      Precisamente en este punto estriba la crítica mayor respecto, en concreto, a la inminente reforma energética: al no haber sido planteada durante la campaña presidencial ni de cara a los comicios carece del aval general y ello obliga, siguiendo los lineamientos del artículo 35 Constitucional que delinea las “prerrogativas del ciudadano”, en cuanto a su fracción III que posibilita la asociación de los individuos “para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país”. Ello implica no sólo la obligación de escuchar las voces del colectivo sino igualmente la de respetarlas rectificando lineamientos cuando sea necesario. Otra cosa es, precisamente, lo que no se desea para México: el autoritarismo.

Lo que sí se hizo fue cancelar “la controversia” –convertida por Calderón en una especie de resistencia del presidencialismo autocrático ante las demandas sociales-, sobre la Ley General de Víctimas para favorecer a los deudos de una comunidad afrentada por la violencia criminal, por una parte, y la negligencia oficial, por la otra. Era cuestión de papaleo, sí, pero de enorme importancia considerando los antecedentes. Pese a ello, en línea equidistante, no ha podido procederse en cuanto al seguro de vida para las jefas de familia, una de las demandas más sensibles incluida en los primeros resolutivos de Peña Nieto. Y lo mismo respecto a las pensiones para los mayores de sesenta y cinco años, que ya

pudo implementar en el pasado, en el Distrito Federal, desde el 2003, su mayor antagonista, Andrés Manuel López Obrador.

Mirador

      Las otras “decisiones” presidenciales han cambiado de curso. La creación de un Programa Nacional de Prevención al Delito se basaba en la fundación de la Gendarmería Nacional, detenida en el Congreso y archivada ante el alud de iniciativas presidenciales de otro género y otra envergadura. En idéntica fase se mantiene el imperativo de crear sendos códigos penales y de procedimientos, únicos, con jurisdicción nacional; por supuesto las divergencias al respecto son explicables: antes debiera resolver la permanente discusión sobre si las entidades federales son soberanas –es decir que no reconocen a ningún otro poder superior- o autónoma, cernidas a los mandamientos federales con jerarquía superior como lo es, entre todos los ordenamientos, la Constitución General de la República.

El establecimiento del servicio profesional de carrera docente y el sistema nacional de evaluación educativa, así como el censo de escuelas, maestros y alumnos, se encuentra estancado en el Monumento a la Revolución en donde miles de mentores disidentes, en su mayoría integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), mantienen un plantón renovado cada determinado tiempo pero con finalidades evidentes: reemplazar, en forma y fondo, al SNTE tras la caída de Elba Esther Gordillo Morales y exigir al gobierno más fondos y plazas magisteriales para retornar a sus lugares de origen. Este asunto se ha ido agravando ante la actitud intransigente de las partes en pugna y la ausencia de autoridad moral por parte de los dirigentes del movimiento quienes no tuvieron rubor alguno al exigir nueve mil plaza más de maestros y una especie de bono por 115 millones de pesos así como la excarcelación de algunos de los “radicales” detenidos en las revueltas callejeras.

De hecho, es extraño que la dirigencia del CNTE se deslinde de los extremistas –de los llamados “anarquistas” y “radicales”-, y al mismo tiempo vele por ellos en una clara contradicción que los exhibe. Pese a ello, no han sido llamados a cuentas para exigirles responsabilidades como presuntos autores intelectuales de algunos de los desmanes más destructivos, como los ocurridos con motivo de la marcha anual que conmemora la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre, destinados a poner en jaque a las autoridades. Y ello, en buena medida, es consecuencia de los desencuentros, por un diálogo entre sordos, entre los operadores de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, y los funcionarios del gobierno del Distrito Federal que preside Miguel Ángel Mancera Espinosa. Otra vez, los usos facciosos se imponen al imperativo de asegurar la gobernabilidad dl país.

Por las Alcobas

Nada se ha avanzado en cuanto a “acelerar el programa de infraestructura y transporte”, dado el candado que significa las “medidas de austeridad” anunciadas en el mismo documento inaugural, ni respecto a la construcción de trenes de alta velocidad, así como la comunicación masiva entre Chalco y La Paz; tampoco con relación a la ampliación del tren eléctrico en Guadalajara. De hecho, el proyecto sobre la rehabilitación de los ferrocarriles mexicanos viene de muy atrás, desde el sexenio de José López Portillo quien llegó a exclamar: “¡Nos habíamos olvidado de los ferrocarriles!”. Y allí se quedaron las buenas intenciones para favorecer, de hecho, a los grandes concesionarios de líneas de transportación por carretera, mismas que son destruidas frecuentemente por los meteoros de ruedas y motores de los tráilers de doble remolque en ausencia de vagones para las cargas pesadas. Este es un punto que conflictúa al gobierno con los poderosos empresarios blindados por algunos de los integrantes del mismo.

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E-Mail: loretdemola.rafael@yahoocom

SE LE FUE EL AÑO A PEÑA NIETO. NO HAY DUDA SOBRE ELLO. NI LA APREHENSIÓN DE LA SEÑORA GORDILLO, NI SU ACTUACIÓN ANTE LAS CATÁSTROFES NATURALES, COMPENSAN LOS VACÍOS DE PODER, MÁXIME CUANDO SUS INICIATIVAS NO HAN REFLEJADO EL MANDATO DE UNA COMUNIDAD HASTIADA DE IMPOSICIONES. NINGUNA HA CUBIERTO LAS EXPECTATIVAS… NI TAMPOCO HAN AMINORADO LOS SEVEROS NIVELES DE CRISPACIÓN SOCIAL. SÓLO TIENE UNA SALIDA: UN LUSTRO POR DELANTE PARA GANAR O PERDER LA HISTORIA. LA PALABRA ES SUYA Y ESTÁ EMPEÑADA.