Primero fueron los de ONAPPAFA, luego la Confederación Nacional Campesina y Unidad Campesina Democrática los gestores para la legalización de los carros “chocolates” y durante muchos años se beneficiaron y cobraban cuotas, venta de calcomanías y una supuesta placa que dizque permitía circular a todos estos vehículos introducidos de manera ilegal sin pago de impuestos.

Ahora el que anda queriendo seguir con la fallida pelea es el vocero del Comité Local de Monclova de la Sección 147, Miguel Medina quien le pedirá a las diputadas Lupita Oyervides y Ana María Chachis Boone para que les resuelva la supuesta legalización de los autos “chocolates” para que el Gobierno del Estado no decomise éstos vehículos.

Hay que reconocer que el argumento si toca la sensibilidad de la sociedad cuando se trata del sector rural quienes se han beneficiado de los carros ilegales ante la imposibilidad de hacerse de vehículos nuevos han tenido que recurrir a la ilegalidad de estas unidades.

En nuestro país esta práctica es tan antigua como aquellos connacionales que en busca de mejorar su situación económica se tuvieron que ir a trabajar en Estados Unidos, obviamente de ilegales, en donde iban haciendo su ahorrito para mandar dólares a sus familiares y evidentemente en la primera oportunidad también se hacían de un coche pasándolo como si nada en donde antes el negocio de la mordida era para los “policías” de la aduana mexicana conocidos como “comanches” a quien se le daba su respectivo dinero para hacerse de la vista gorda.

Así operó durante años sin causar ningún problema y pasando desapercibido estos vehículos pero cuando menos se imaginaron las autoridades se dio un crecimiento enorme de estos carros “chocolates”, causando un problema a la industria automotriz nacional afectando también trabajos de miles de obreros.

Es falso que gracias al Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos es el punto de partida porque este problema se generó años antes aunque si hay que reconocer que después del TLC, se incrementó la pasada de vehículos hasta en la actualidad continua este negocio en donde ahora son los mismas autoridades de la Secretaría de Hacienda quienes están vigilando la entrada de vehículos apegados a la ley sin embargo sigue existiendo corrupción y de una u otra manera continúan la entrada ilegal de estas unidades que viajan remolcados en su mayoría de ellos transitando por las noches en las carreteras federales del país.

Muy a pesar de estar sucediendo éstas irregularidades la lucha de la SHCP no ha parado y no han dejado de hacer campañas de prevención para que aquellos ciudadanos interesados de hacerse de un carro americano no hagan un desembolso innecesario y a quienes dizque están velando por los intereses de quienes cuentan con vehículos ilegales, ha exhortado en más de una ocasión a no dejarse sorprender y a dejar de seguir manteniendo a vivales, que al cobijo de organizaciones, partidos políticos o asociaciones campesinas han hecho de este problema su “modus vivendi”.

No habrá más legalizaciones individuales o masivas; no existen ningún tipo de convenios o pláticas con quienes se ostentan como gestores de ONAPPAFA, Confederación Nacional Campesina y Unidad Campesina Democrática, entre otras y esto también incluye a las dos diputadas a quienes se les pedirá que aboguen por los intereses vocero de Monclova de la Sección 147.

Las estadísticas de las autoridades fiscales indican que en Coahuila circulan alrededor más de 70 mil vehículos chuecos o ilegales, de los que más de un 40 por ciento poseen laminados de ONAPPAFA y el resto se distribuye entre organizaciones campesinas y una que otra asociación “fantasma”, de ellos un 20 por ciento se concentra en Saltillo, un 40 en Torreón, 10 por ciento en Monclova y otros tantos diseminados por la región carbonífera.

A la menor insinuación de un requerimiento por parte de la SHCP, la reacción no se hace esperar y surgen a la defensa de sus propios intereses los representantes de ONAPPAFA y demás.

Un problema legal que atenta contra el comercio formal de distribuidores de autos mexicanos y la retribución financiera del Estado y el país, reviste tintes políticos propios de partidos que toman este problema como su bandera política y ganar adeptos en las urnas.

Coahuila es, quizás, de los estados del norte con mayor índice de vehículos extranjeros que circulan de manera ilegal, caso contrario a Nuevo León. Cuando estuvo al frente en su período de Gobernador en 1997-2003 Fernando Canales Clariond, rechazó a la circulación de este tipo de autos de manera inmediata y poco a poco se aminoró el índice de automotores cuya única identificación o matrícula eran las calcas o engomados de ONAPPAFA, no permitiendo el entonces Gobernador neoleonés una competencia desleal en el mismo estado que él presidió. Cabe recordar que Canales Clariond posee concesiones para distribuir autos nacionales en Nuevo León.

En la adquisición de un automóvil de éstas características, ya no se contempla la famosa “compra de buena fe”, cada individuo está enterado de los riesgos que implica contar con un carro “chocolate”, por lo tanto, al venderlo tampoco existe esa buena fe, se trata de pasar la “papa caliente” a ver a quién cae o se le sorprende con ella.

Los vehículos extranjeros protegidos por cualquier organización o políticos están muy lejos de significar un apoyo a las familias de escasos recursos, los modelos que circulan en Saltillo, Torreón, y Monclova, principalmente así lo indican sus tripulantes de esas cabeceras municipales, que son en su mayoría de clase media alta y alta, en cuyas cocheras, entre su flotilla de vehículos figura uno ilegal: el del “junior” para economizar. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013) www.intersip.org