Los delitos deben ser calificados según el daño infligido a la sociedad
Cesare Beccaria

Anunciar compras de cámaras, reincorporar a las tareas de vigilancia a policías que fungían como guardias privados, la operación del número de emergencias 911 y el cambio de mandos de las corporaciones policiacas, son las acciones en materia de seguridad que la administración de Carlos Joaquín González ha realizado en el mes y medio que ha transcurrido de su gobierno; falta ahora realizar las acciones de combate a la criminalidad, pues la entidad sigue siendo, a nivel nacional, de las más altas en robos a casa habitación, extorsiones a empresarios por parte del crimen organizado y feminicidios. Al discurso le falta acción pues.

Quintana Roo es el primer lugar en violencia de género; el municipio de Solidaridad es el primer lugar nacional en extorsiones a empresarios por parte del crimen organizado y Benito Juárez ocupa el quinto lugar; tiene una carencia de centenares de elementos y guardias carcelarios, porque han sido dados de baja por reprobar los exámenes de confianza y los aspirantes no logran acreditar las evaluaciones, sobre población en las cárceles, y el sexto lugar nacional con los peores centros de reclusión del país; por mencionar sólo algunos pendientes.

A este gobierno le fue heredada la tarea más complicada en materia de seguridad en toda la historia de Quintana Roo, pues el abandono de las dos últimas administraciones fue brutal, pues a pesar de que los indicadores mostraban una acelerada degradación social y la ciudadanía urgía a gritos a sus autoridades que algo hicieran, desde la comodidad de las oficinas gubernamentales sólo se insistía en mantener a “asesoras” gubernamentales que medraban más de lo que aportaban, y a incultos, inoperantes y corruptos funcionarios estatales al mando de las corporaciones, unos por tener la fama de ser familiar de algún caudillo revolucionario, otros por simple amistad con el secretario de Gobierno en turno; pero al final los ciudadanos sufriendo el despojo de lo poco que poseían, y los ladrones en total impunidad, aun aquellos que operaban desde el poder.

Por lo anterior, y por muchas razones más, el gobierno de Carlos Joaquín González, que este lunes cumple 50 días de haber iniciado, tendrá una complicada tarea que no se logrará con la compra de patrullas o cámaras, porque eso hizo la administración anterior, la de Roberto Borge Angulo; mientras en las calles escaseaban policías, los funcionarios adquirían vehículos y equipamiento, porque lo importante era cobrar el “diezmo”, no incidir de manera efectiva en mejorar la seguridad. Los datos son impactantes: actualmente existen entre 600 y 700 policías en activo, y se requieren 500 más para poder tener una cobertura mínima en Quintana Roo.

De manera clara: las cámaras serán importantes, pero no persiguen delincuentes; las nuevas autoridades son fundamentales, pero a 50 días la criminalidad sigue y aun hacen falta 500 policías; y tener el 911 para denuncias es fundamental, pero Quintana Roo tiene la tasa más alta de impunidad nacional, con una cifra negra de más del 90 por ciento, es decir que de los delitos denunciados hay una cifra similar que no se denuncia, fundamentalmente por desconfianza hacia la autoridad. Así de negativo es el panorama.

Ciertamente, a partir de 2017 se verán los esfuerzos efectivos, ojalá que los colaboradores no sean el principal obstáculo para cumplir compromisos, como hasta ahora se ve; el gobernador dice que se trabaja para evitar más feminicidios, la trata de personas, el maltrato a migrantes; pero hasta ahora permanece un fiscal estatal impuesto por la anterior administración, y su gobierno no ha logrado, o no ha querido, sustituirlo para avanzar adecuadamente. Su gobierno ya comenzó, y los pendientes ya los conoce, faltará ver la efectividad en el desempeño; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.