Leyes hay, lo que falta es justicia

Ernesto Mallo

En los casi cinco meses que han transcurrido de la administración de Carlos Joaquín González, el gobierno comienza a tomar su rumbo, muy a pesar del gabinete estatal que no termina de articularse, y con una Legislatura estatal que no termina por cumplir las expectativas de justicia que generó a los quintanarroenses, pues por el contrario, los excesos denunciados de los diputados locales muestran que resultaron “más de lo mismo”; pero en donde prácticamente nada ha ocurrido es en el Poder Judicial del estado, en donde magistrados y jueces “duermen” plácidamente, sin que sus quincenas sean tocadas por el “pétalo de algún señalamiento público.”

Y es que, mientras los ciudadanos esperan que los delincuentes que han alterado el orden público en la entidad sean encarcelados, sea por los saqueos a tiendas departamentales a principios del año con el pretexto del “gasolinazo” o por los asesinatos atribuidos al crimen organizado, las estadísticas del Poder Judicial de Quintana Roo lo colocan entre los de mayor rezago a nivel nacional, pues desde marzo de 2016 medios nacionales publicaron que la entidad es el tercer lugar en rezago de reos sentenciados, y esas cifras apenas se han modificado a la fecha. Para ser claros, los delincuentes están en las calles, mientras que a 7 de cada diez encarcelados no se le ha probado culpabilidad alguna, y por ello además no tienen sentencia.

Desde antes de que concluyera la administración de Roberto Borge Angulo, el entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Pedro Mercader Rodríguez, reveló el grave rezago que hay en el Poder Judicial con respecto a las sentencias de los reos  en la entidad, lo cual fue corroborado apenas el 02 de septiembre de 2016 -23 días antes de iniciar la gestión de Joaquín González-  por quien fuera el subsecretario  de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad,  Rodolfo Del Ángel Campos.

Del Ángel Campos fue nombrado en la actual administración como secretario de Seguridad Pública, y Fidel Villanueva Rivero continúa presidiendo el Poder Judicial estatal, pero las estadísticas negativas de su desempeño se mantienen, y el tema toma relevancia en la actual coyuntura no sólo porque los delincuentes estén libres y los reos no tengan sentencia, sino porque jueces de ejecución desde 2014 omitieron realizar la evaluación que mandata el artículo 23, inciso XIII de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo, ante lo cual 80 menores que se encontraban recluidos por homicidios, violaciones, robos a mano armada e incluso por narcotráfico tuvieron que ser liberados y ningún funcionario público fue sancionado por tal omisión.

¿Cuántos de esos menores delincuentes liberados participarían en los saqueos a las tiendas departamentales a principios de año? ¿cuántos de ellos seguirán dedicados al narcotráfico e incluso participan en la oleada de violencia que azota actualmente la entidad? ¿pasará algo con los jueces que fueron omisos en su desempeño, pero sobre todo, con los magistrados que deben vigilar su actuación?

La seguridad es una condición, pero es también una percepción, tan es así que el Instituto Nacional de Geografía (Inegi) la mide cada mes; y aunque hasta ahora las corporaciones policiacas quintanarroenses y la Fiscalía General de Justicia quintanarroense no han dado los resultados que se espera de ellas, a ese clima de inseguridad también abona sobre manera la incapacidad manifiesta del Poder Judicial y sus integrantes, que liberan delincuentes por “errores” y a quienes mantienen presos no son capaces de probarles su culpabilidad.

La gobernabilidad se construye no sólo con un gobierno con proyecto y articulado en todas las áreas de la administración pública, pues se requiere además que los poderes del Estado realicen la tarea que les ha sido conferida, y hasta ahora el Legislativo y el Judicial, nomás “no pintan”; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.