El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan

Pablo Neruda

Sancionar los desvíos de recursos en México parece sólo posible por la misma vía que se impide la aplicación de la ley; es decir, por la vía política, por ello es que funcionarios de todos los niveles, incluyendo gobernadores de entidades federativas, pasean tranquilamente por el extranjero, zun cuando han dejado vacías las arcas públicas; a menos que sean utilizados como “chivos expiatorios” en nombre de toda la clase política nacional.

Y es que la tranquilidad de quienes hacen del ejercicio público una oportunidad para incrementar sus fortunas personales y del desvío de recursos una actividad diaria, se funda en la incapacidad –deliberada o no- de las autoridades para sancionar las ilegalidades. Como muestra las mismas cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en los últimos diez años ha impuesto sanciones por más de 35 mil millones de pesos, pero apenas ha logrado que se pague el diez por ciento de esa suma.

Aún más, las cifras “alegres” de la dependencia dicen que, en promedio, se sanciona a 22 funcionarios públicos por día, pero nunca se ha informado cuántos impugnan dichas sanciones y las que quedan firmes al final del proceso; y las cifras internacionales revelan el tamaño de la simulación desde las instancias gubernamentales, pues México ocupa el lugar 125 –de 140- en el reporte de Competitividad Global, por lo que se ubica entre los países que desvían mayor cantidad de recursos, más incluso que países como Haití o Sierra Leona ¿Alguien duda pues que, para ser sancionado, se requiere fundamentalmente de voluntad política? Sólo así se entiende la tranquilidad con que Roberto Borge Angulo pasea por Estados Unidos en los hoteles de Disney; que Javier Duarte de Ochoa y Guillermo Padrés García hayan huido con la complicidad oficial, y que la promesa de sancionar las ilegalidades sean más un discurso de campaña, que una realidad tangible y posible.

Si lo anterior aun no le parece suficiente para convencerse que las sanciones son meramente discursivas, baste señalar que, en tan sólo cinco años, en Quintana Roo y Veracruz se desviaron unos 95 mil millones de pesos, según cifras preliminares; el 200 por ciento más que el monto de sanciones de la ASF de los últimos diez años; y faltaría aun por revisar las cuentas de 30 mandatarios estatales y unos dos mil 400 presidentes municipales; sin contar incluso las ilegalidades cometidas por el gobierno federal. No, en México se sanciona para acallar las críticas, no para aplicar la ley a todos. Roberto Borge Angulo ha dicho hasta ahora que es un hombre libre y se pasea con tranquilidad ¿en qué estará fundada la confianza de que no será sancionado?

Queda claro pues que, aunque en Quintana Roo se ha derogado el llamado “paquete de impunidad” con el que Roberto Borge pretendió “blindarse”, difícilmente será llevado a presidio, como han aseverado algunos actores políticos locales; y la detención de Guillermo Padrés o Javier Duarte requerirá la voluntad política real, para decirlo claramente, del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, habrá que esperar si sus colaboradores corren la misma suerte, o son ellos los verdaderos “chivos expiatorios”, por ello se ha existido en este espacio en que no debe la ciudadanía tener demasiadas esperanzas de ver en un penal a quienes se enriquecieron ilegalmente.

En los últimos seis años, los gobernadores que han sido acusados de corrupción la integran Javier Duarte, Guillermo Padrés, Roberto Borge, César Duarte, Ángel Aguirre, Fausto Vallejo, Rodrigo Medina, Marcelo Ebrard y Andrés Granier; y este último es el único encarcelado; por estadística simple robar las arcas es una apuesta rentable, se tiene tan sólo el diez por ciento de probabilidades de ser encarcelado.

Así, a dos años de que la administración de Peña Nieto concluya, la posibilidad de ver a algún otro mandatario encarcelado se antoja bastante difícil, sobre todo con la incapacidad de las instituciones y las ilegalidades que desde el gobierno federal mismo se cometen, ni la ASF ni la normatividad anticorrupción nacional parecen frenar el deporte favorito de los políticos: hacer de las arcas públicas un tesoro privado. Concentrémonos en el presente, que del pasado nadie se ocupa; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.