Una cosa no es justa por el hecho de ser ley.
Debe ser ley porque es justa
Montesquieu

Aguakán pagó al gobierno de Roberto Borge Angulo mil 80 millones de pesos para ampliar el tiempo de la concesión para cobrar el servicio de agua potable en el norte de Quintana Roo e incluir el municipio de Solidaridad; recursos que simplemente “desaparecieron” de las arcas públicas y por lo cual esta semana comenzaron ya las detenciones de funcionarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA); pero si el dinero no regresa al estado, el multimillonario negocio se habrá entregado por nada; a cambio de ningún beneficio a la población.

Y no es que la empresa no haya cumplido el pago comprometido, pues los recursos llegaron a la CAPA, pero la entonces directora, Paula González Cetina, ordenó a la directora Financiera de la paraestatal, Ana Alicia Rivera Galera, que transfiriera el dinero a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), donde el dinero se “esfumó.” Rivera Galera fue detenida este martes y González Cetina lo sería en breve; sin embargo, eso no significa que los mil 80 millones de pesos desviados regresarán a las arcas públicas.

A pesar de lo anterior, Aguakán sigue operando en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad; es decir, atiende más de tres cuartas partes de la población estatal; los cobros que realiza son mucho más elevados que los de CAPA, el servicio es deficiente y los señalamientos son constantes, pero además el gobierno de Solidaridad se comprometió a revocar la concesión de que goza la empresa y eso simplemente no ha ocurrido ni ocurrirá, al parecer la empresa tiene el poder suficiente para imponerse a los gobiernos locales en donde opera.

De acuerdo a rumores locales, en los siguientes días sería también detenido otro ex director de la CAPA, Gustavo Guerrero Ortiz, quien también la final de la administración borgista ordenó transferir 560 millones de pesos a la Sefiplan, orden que también ejecutó la funcionaria ya detenida; pero en el caso específico de Aguakán, queda claro que el multimillonario negocio solo benefició a la empresa y uno cuántos del gobierno en turno ¿y los quintanarroenses? Que sigan esperando; porque además Aguakán se queda.

Sí, el gobierno hace lo que está a su alcance para sancionar a quienes vaciaron la arcas públicas, pero que se aplique la ley no significa que se haga justicia; baste preguntarle a tres cuartas partes de la población estatal que pagan recibos de agua mucho más caros que en el sur quintanarroense, baste ver que Aguakán se extiende y permanece aún con la promesa de revocarle la concesión, baste saber que los mil 80 millones pagados por la concesión no regresarán; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.