México (PL) Tras una larga espera, las leyes secundarias que regularán la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión ya son una realidad en México, con medidas consideradas beneficiosas y otras que han generado polémica.
Después de una maratónica sesión, y sin modificar las propuestas enviadas por el Senado, la Cámara de Diputados dio luz verde el pasado 9 de julio a las normativas complementarias, que ahora serán remitidas al Ejecutivo para su promulgación.
Las nuevas disposiciones contaron con el aval del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), el conservador Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza.
En tanto, se pronunciaron en contra de la iniciativa, que debía haber quedado lista desde diciembre último, los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo y Movimiento Ciudadano (MC).
De acuerdo con el texto de las legislaciones, el espíritu de la reforma es aprovechar y explotar el espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, recursos orbitales y la comunicación vía satélite, de manera eficiente.
La minuta avalada por ambas cámaras del Congreso plantea la intención de conceder de manera equilibrada la prestación de servicios públicos, establecer derechos de los usuarios y situar un proceso competitivo de libre concurrencia.
El dictamen crea dos nuevas leyes, la Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, al tiempo que modifica más de 10 normas vigentes, entre ellas, la de Inversión Extranjera, la de Derechos de Autor y la de la Administración Pública Federal.
Como parte del paquete se establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) considere preponderante solo a una empresa por cada sector (radiodifusión y telecomunicaciones) y no por cada servicio específico (televisión abierta, radio, telefonía fija y móvil, internet, televisión restringida).
Al mismo tiempo, se incluyen otras medidas defendidas por el PRI, el PAN y fuerzas afines como beneficiosas para la población, como el hecho de fijar en el 31 de diciembre de 2015 la fecha límite para terminar la transición de la televisión analógica a la digital.
También se determina que, a partir del 1 de enero próximo, los concesionarios de telefonía no puedan imponer cobros especiales por llamadas de larga distancia en telefonía  fija o móvil, y que los usuarios de celulares por esquema de prepago podrán consultar su saldo de forma gratuita.
Algunas disposiciones, además, favorecen a las personas con discapacidad, pues obligan a que los canales de televisión tengan subtítulos y traducción en lenguaje a señas en su principal noticiario.
El priísta Eligio González manifestó en el debate parlamentario que los cambios darán un sistema de telecomunicaciones abierto y moderno, accesible a los ciudadanos.
De acuerdo con el diputado, entre las ventajas de estas legislaciones está el hecho de que tienen como eje principal a las audiencias, prohíben la existencia de monopolios, y son producto de un amplio consenso político.
A su vez, el panista Juan Pablo Adame señaló que entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México es de los pocos en los que aún se mantiene el cobro por servicios de larga distancia o tarifas elevadas, de ahí la importancia de esta reforma.
Pero si bien los legisladores contrarios a las leyes secundarias reconocieron que contienen aspectos positivos, también alertaron sobre regresiones en comparación con la reforma constitucional de 2013.
A decir de Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del PRD en la Cámara baja, al aprobar la reforma del pasado año todos coincidieron en promover la competencia real, con reglas parejas, abrir espacio a la producción independiente, y frenar a los poderes fácticos que bloquean el desarrollo del país.
Sin embargo, señaló, ahora la ley secundaria obstaculiza y anula los cambios constitucionales, al plantear medidas de fomento a medios sociales indígenas y comunitarios en condiciones desiguales y sin oportunidad de acceder a financiamiento.
A su vez, la diputada del MC, Luisa Alcalde, reiteró que con estas normas se concreta el triunfo de una televisora sobre el derecho de 120 millones de mexicanos, mientras se ofrecen algunas migajas a los ciudadanos.
Con esas declaraciones hizo referencia a una de las cuestiones más controvertidas de los dictámenes, el tema de la preponderancia, pues el PRI, el PAN y el PVEM sostienen que al definirla por sector, se combate las prácticas monopólicas y se fomenta la competencia.
Por el contrario, los opositores a la propuesta consideraron que ese criterio no permitirá ubicar a las compañías preponderantes en servicios en particular y, por tanto, impediría que el IFT les imponga restricciones mayores.
A decir de la senadora perredista Dolores Padierna, con la preponderancia por sector, Televisa puede ser declarada dominante en radiodifusión pero no en el servicio de televisión restringida, a pesar de controlar entre el 60 y el 70 por ciento del mercado.
De ese modo, la mayor compañía de su tipo en el país, que posee alrededor del 50 por ciento de los canales de televisión a nivel nacional, no sería calificada como monopólica.
Para Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, esta medida solo conlleva cambios cosméticos, porque se generan cláusulas y artículos específicos para permitir que Televisa siga ampliándose de manera muy fuerte.
Mientras tanto, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) anunció que analiza la recién aprobada legislación secundaria sobre telecomunicaciones para identificar si existen riesgos de violación de privacidad.
Según el organismo, las leyes prevén supuestos en los cuales las instancias encargadas de procurar justicia y de la seguridad nacional pueden requerir la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil.
Por eso, cuando está próxima la promulgación, el IFAI examina si las nuevas medidas generan circunstancias de incertidumbre ante la falta de un respaldo judicial y la posible invasión del ámbito de privacidad.