Mientras muchos políticos les gusta decir en sus discursos que la seguridad va a la baja siempre el sentir ciudadano es lo contrario. No importa qué autoridad lo diga desde un funcionario de bajo rango hasta alcaldes, gobernadores y el mismísimo presidente de la república en turno.

Esta discrepancia entre los funcionarios públicos y la ciudadanía hicieran pensar a cualquiera de las partes que cada quién vive en un mundo bizarro. Por una parte quienes viven del erario público siempre su sentir serán seguros pues de los mismos impuestos generados por los contribuyentes sale los sueldos de verdaderos convoy de escoltas y vehículos blindados en donde evidentemente la inseguridad no forma parte de sus vidas.

Por otra parte la ciudadanía tiene que lidiar y hacer parte de su vida la inseguridad que se vive en cada estado y municipio del país en donde la adaptación a los problemas es la única manera de salir adelante. Un ejemplo de ello está en la ciudad de Tamaulipas, en donde los empresarios se han visto obligados a incrementar las medidas de seguridad en donde tanto clientes y proveedores son recibidos por altos muros, casetas de vigilancia blindadas y personal de seguridad armados para evitar intentos de extorsión, protección de los cruces de fuego entre cárteles y enfrentamientos con la marina. Este panorama no exclusivo para los tamaulipecos sino también existe en otras partes de la república mexicana, obviamente en unos más y en otros menos.

Quienes ostentan en sus discursos políticos ya sea dentro del país o fuera de que la criminalidad va hacia abajo sin ponerle etiqueta al tamaño del delito, éstos son desmentidos con los número fríos de las estadísticas.

Nada más por mencionar en el estado de Coahuila la Procuraduría General de Justicia de la entidad dio a conocer números fríos resumiendo un incremento de un 31 por ciento en robos con respecto a un mes de diferencia del mismo año en curso. Este incremento proporcionado por la autoridad estatal basado en el número de denuncias interpuestas, sin embargo la cifra es aún más porque no hay que olvidar todas aquellas a las que por temor a represalias, desconfianza a las autoridades del seguimiento de las mismas y la burocratización de los procedimientos no hacen la denuncia de hechos ilícitos en donde prefieren mejor callar, siendo este el resultado de la ineficiencia de los procedimientos largos y tediosos en donde al final del día difícilmente detienen al delincuente y cuando logran hacerlos a unas cuantas semanas son liberados.

Los números no se ponen de acuerdo con los políticos pero tampoco las mismas cifras de otras instituciones coinciden con la lógica cuando éstas son reveladas, porque el mismo día que la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila da a conocer sus números el mismo INEGI reporta una disminución en la tasa de desempleo siendo Coahuila la más baja de los seis estados que integran el norte del país.

La lógica diría a cualquiera que el incremento de robos de una entidad es causado por la falta de trabajo de quien esté cometiendo el ilícito motivado por una desesperación de no contar con liquidez para comprar lo indispensable. Pero por otro lado si el INEGI dice que bajó la tasa de desempleo entonces por qué la necesidad de robar.

La única explicación coherente a la contrariedad de ambos reportes es que en nuestro estado hay dinero, es decir, gente trabajadora que sale todos los días a luchar de manera honesta el sustento de la familia siendo éste todo un paraíso para criminales foráneos y la falta de elementos policíacos. Las estadísticas y los reportes son tan fríos como la cruda realidad que viven los coahuilenses al igual que en el resto del país. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2014) www.intersip.org