Por Guillermo Robles Ramírez
La modalidad en los robos por parte de los malandros y que es la “desaparición” de los cables de cobre en los sistemas de alumbrado público, así como en las redes de distribución de la energía eléctrica domiciliaria y sobre todo en subestaciones de empresas particulares y de la Comisión Federal de Electricidad, ha rebasado los límites y pese a todo, con la inseparable huella y marca de la indolencia y apatía de las autoridades en general que no les preocupa detener esta ola de latrocinios que además de lo económico, está causando problemas graves al dejar sin este importante servicio a populosos sectores de las diversas ciudades del país.

No existen límites, aunque sus vidas corran riesgo, pero habiendo cable de por medio, siempre será una oportunidad para poder robarlo siendo escuelas y universidades públicas tanto estatales y federales, quienes siempre se llevan la misma sorpresa. Lo mismo sucede con casas que aparentemente se ven inhabitadas o viviendas en donde sus dueños salieron por unos días de vacaciones, también serán una oportunidad. No les importa si dejan no solamente sin luz a los afectados sino también entran en aquellos lugares generadores de agua de la ciudad dejando a sectores sin agua porque no solamente se roban el cable sino todo lo que puedan vender como conductor, semiconductor y maquinaria.

Aquí, por ejemplo, en tierras coahuilenses, lo mismo autoridades municipales que empresas constructoras privadas, ponen el grito en el cielo porque nada se ha podido hacer para abatir y combatir esta modalidad en robo, pero las primeras tampoco hacen algo con sus cuerpos policiacos.

Los legisladores locales, solamente comentan la necesidad y urgencia de endurecer las penas previstas en este tipo de delitos, pero por desgracia para la comunidad, las cosas no pasan más que de simples y meros comentarios de que “se va a hacer algo”, pero no se hace nada.

Durante el año 2009, en 14 entidades de la República Mexicana, el robo de cable de cobre había ascendió a 284 mil 601 metros de cable, algo así como 284 kilómetros, lo que representa la distancia de Saltillo a Torreón.

Las 284 toneladas de cable de cobre, producto de estos robos, dio a los malandros una “utilidad” de 20 millones de pesos en ese año, vendido a comerciantes clandestinos del ramo eléctrico, al igual que tiendas, talleres electrónicos que los usan en la reparación de aparatos electrodomésticos. Los delincuentes son lo mismo pandilleros que grupos de rateros organizados.

Aunque es importante el monto en dinero que ocasionó el robo de 284 toneladas de este material, lo peor y gran problema son los “apagones” que se causa en los sectores donde se comete el latrocinio, dejando sin luz a miles de familias.

En total, precisamente en el 2008, la “desaparición” de los 287 kilómetros de este cable, provocó 586 apagones en diferentes sectores de los 14 Estados considerados de Veracruz y Michoacán, en donde más robos de esta modalidad se registraron en el año mencionado anteriormente. En Veracruz, se llevaron 77 kilómetros de este cable, mientras que, en Michoacán, 34 kilómetros.

Un problema tan antaño como la misma electrificación de nuestro país, que no se detuvo a tiempo siendo ahora imparable y creciente en México, un problema preocupante cuando la Comisión Federal de Electricidad, asegura de pérdidas que supera los 900 millones de pesos, y una estimación de kilómetros de cable robado en todo el país llevándolos a interponer un promedio de más de siete mil denuncias por robo de cable solamente entre los años 2016 y 2024.

En opinión de algunas autoridades judiciales en México, así como conocedores de este problema, señalan que este tipo de robo no está demasiado o extremadamente penalizado, lo que provoca que su combate resulte de muy bajo perfil, ante la incidencia de la inseguridad por la delincuencia organizada, es decir, como se trata de delitos “suaves” o “sin mayor importancia”, se recrudece la indiferencia, apatía e indolencia de las autoridades para poner un alto a la razón de tantos apagones y que cientos de miles de clientes de la Comisión Federal de Electricidad, se queden sin servicio domiciliario de luz.

Un problema que no solo afecta a los hogares mexicanos sino también las compañías de telecomunicación con servicio de internet, telefonía, hospitales, escuelas, universidades, negocios y restaurantes. Toda una cadena de economía afectado por un delito que no es castigado con la misma gravedad de los afectados. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org