Por Guillermo Robles Ramírez

Si que en las áreas oficiales gubernamentales existen incongruencias y vaya que son precisamente en esas instituciones donde se crean las leyes, o sea directamente los Congresos de los Estados o Congreso de la Unión, así como en las áreas que dependen y salen de éstas.

Por ejemplo, aquí en Coahuila se preguntan muchos ciudadanos ¿quién audita los recursos o sean impuestos del pueblo que gasta el Congreso del Estado?. La respuesta es muy sencilla: Ellos mismos, los diputados se auditan, revisan y se aprueban las propias cuentas de sus gastos.

Otra es la Contaduría Mayor de Hacienda del Poder Legislativo y precisamente en este momento, sectores de la iniciativa privada, critican y exigen a la Contaduría Mayor, que aclare y transparente sus elevados gastos administrativos, pero sobre todo y hacen hincapié en lo correspondiente a gastos de representación o aquellos conocidos coloquialmente como “fondo perdido”.

El problema es que si bien es cierto que la Ley establece que los municipios y otras instituciones estatales deben ser auditadas por la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, no está claro quién audita a su vez los exagerados gastos que tienen el poder legislativo y su contaduría mayor.

Así de grande y grotesca es la incongruencia de nuestras leyes y reglamentos. Es decir, yo Congreso, si debo cuidar las manos de todos y cada uno de los municipios, pero a mí, Congreso, no hay quién me cuide las uñas.

Similar situación se presenta con la Contaduría Mayor del Poder Legislativo, en donde no se da a conocer públicamente cuánto se han gastado cada año o al menos cada vez que concluya el ciclo del cargo público para que entren otros nuevos. Una entidad que por cierto da la impresión de solo existir de nombre.

En la página de transparencia del poder legislativo, no se indica, el ingreso que recibe en qué se gasta o bien, como en el caso de gasto en publicidad oficial aparece que no tienen contratación alguna, así como tampoco proveedor alguno de la misma publicidad oficial: ¿será cierto?

No se puede con una mano castigar y con la otra llevar para su santo, por eso, resultaría sano y por salud propia, que la Contaduría Mayor de Hacienda del Poder Legislativo, no se audite por sí misma, ni mucho menos se haga a través de la misma Comisión de Hacienda del Congreso del Estado que a final de cuentas es la misma gata, solamente que algo revolcada. En el mismo caso están los gastos del Congreso del Estado.

Todas y cada una de las dependencias, instituciones u oficinas oficiales que reciben dineros públicos, están obligadas a informar y transparentar sus gastos, pero, sobre todo, decir abiertamente a dónde va el dinero, si es que de transparencia hablamos, aunque no lo obligue la ley que en muchas ocasiones no contempla todo lo que debiera y deja cabos sueltos para manejarse al antojo y conveniencia.    (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México) www.intersip.org