Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos.

Octavio Paz (1914-1998) Poeta y ensayista mexicano.

¿Cuántas restricciones son necesarias para que en un proceso electoral se garantice la legalidad? La nueva legislación electoral –discutida, negociada y aprobada en el Congreso- establece fuertes limitantes para los hoy servidores públicos en activo, algo que en otros países no lo estaría.  No es necesario ir tan lejos, nuestro vecino del norte, ve con toda naturalidad que el mismo Presidente de su nación haga campaña mientras está ejerciendo el cargo.  Es cuestión de enfoques y sobre todo de un apego a los valores democráticos y al respeto a las reglas más básicas de las contiendas electorales.  Claro que hay que tomar en cuenta que gran parte del financiamiento que reciben para sus campañas proviene del capital privado, mientras que en México aún se depende el erario.

En México prevalece una tradición sistémica que incentiva la corrupción y el uso indebido de recursos públicos para favorecer a un candidato en los procesos electorales.  Normalmente, el partido que detenta el poder de un gobierno, es quien hace uso de la gama de recursos para inclinar la balanza a su favor.

Con un árbitro electoral limitado, puesto que la integración de sus miembros depende del Congreso, las irregularidades, desvíos y violaciones a la ley son parte del menú obligatorio de cada proceso.  Para muestra, varios botones.  En el presente proceso electoral, 17 entidades renovarán a más de 600 diputados locales, mil ayuntamientos y habrá la renovación de 9 gubernaturas.  A la par, se renovarán los 500 espacios de la Cámara de diputados.  Todo ello llevará a los poco más de 83 millones de electores a participar en las urnas el próximo 7 de junio.

Para tener un panorama más claro de la situación, es preciso primero saber cómo inician los partidos la contienda o quién se perfila como favorito.  Dos casas encuestadoras, Reforma y BGC-Excélsior, dieron a conocer, previo al inicio de las campañas la intención de voto entre los ciudadanos.  Ambas ponen en primer lugar al PRI pero con márgenes no muy cómodos de distancia para que puedan navegar con tranquilidad.  Los escándalos de la Casa Blanca, los actos de corrupción de funcionarios ligados al PRI y el costo político de la reforma fiscal han golpeado la imagen de este partido frente a la opinión pública.

A pesar que se les da un porcentaje superior a los 30 puntos –Reforma 32% y BGC-Excélsior 36%- ningún estudio ofrece una ventaja con 40 puntos como sucedió en agosto de 2014.  Encuentro muy difícil que el PRI pueda incrementar su intención de voto porque habrá que medir el impacto que haya tenido el escándalo del Director de CONAGUA y la vinculación que se ha generado contra el gobierno federal por la salida de Carmen Aristegui de MVS.  Deberán hacer una campaña que reposicione su imagen ante la opinión pública pues tan sólo en un período de 7 meses perdieron 8 puntos, según Reforma.

Fuente: Diario Reforma.

El PAN, su más cercano competidor, ambas casas encuestadoras lo ubican con 22%, una distancia de entre 10 y 14 puntos.  Su preferencia prácticamente no ha subido pero tampoco bajado en los últimos 7 meses.  Ello puede ser tanto una preocupación pero también una oportunidad para ganarse puntos a favor.  Su reciente campaña contra la corrupción puede tener importantes beneficios pero los escándalos –precisamente por casos de corrupción- de algunos de sus funcionarios podrán mermar ese trabajo político.

En un tercer lugar más lejano está el PRD, que fluctúa entre un 14% y 15% de las preferencias, según Reforma y BGC-Excélsior, respectivamente.  Más lejos aún pero asegurando el registro llegan MORENA y el PVEM con 8 y 7 puntos porcentuales, respectivamente.  El restante tendrá como principal prioridad mantenerse vivos.

Llama la atención el crecimiento del PVEM en los últimos meses que incluso llegó a considerarse como tercera opción de entre las preferencias electorales.  Hoy, tras las múltiples sanciones recibidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), su simpatía empezó a caer: spots televisivos y en radio, cineminutos en Cinépolis y Cinemex, Vales de medicinas, papel para envolver tortillas, lentes graduados gratuitos, tarjetas de descuento premia platino, calendarios y propaganda en revistas, son parte del conjunto de denuncias que se presentaron en su contra y que juntas han acumulado más de 150 millones de pesos en sanciones.  Lo peor de todo ello es que ese pago será producto de las participaciones que recibe dicho partido por concepto de financiamiento público, es decir, de nuestros impuestos.

Pero no solamente los partidos están sujetos a cometer violaciones, también los gobiernos.  Con la nueva legislación electoral, los candados impuestos no sólo se limitan a los partidos sino también a los servidores públicos.  Con base en el acuerdo INE/CG61/2015 emitido por el Consejo General del INE, denominado ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015, LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES COINCIDENTES CON EL FEDERAL, ASÍ COMO PARA LOS PROCESOS LOCALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS QUE SE CELEBREN EN 2015 establece disposiciones que son de llamar la atención.

La nueva legislación electoral dictamina que toda la propaganda gubernamental que difundan los poderes públicos y dependencias de la administración pública federal y local durante los procesos electorales deberá tener carácter institucional y únicamente con fines informativos, educativos y de orientación social.   No podrán incluirse frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran significar algún tipo de propaganda o promoción de algún servidor público.

Pero lo que más atiende mi atención es que el acuerdo del INE indica que el contenido de la información que difunda todo gobierno –aquella que le sea permitida- debe limitarse a identificar el nombre de la institución, excluyendo frases, imágenes, voces o símbolos que sean constitutivos de propaganda electoral o política.  Es decir, que como indica el texto, la mencionada propaganda no podrá contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o administración, o a sus campañas institucionales, ni incluir elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno.

Lo anterior merece analizar a fondo la interpretación que hizo el INE sobre el uso de la propaganda gubernamental.  En el análisis de las restricciones que marca el artículo 41 constitucional, el órgano electoral señala que ninguna dependencia podrá hacer uso de logotipos o slogans que identifiquen o señalen a un gobierno: podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial como medio identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen de manera directa con la gestión de algún gobierno o administración federal o local.

De lo anterior, resulta claro que ningún gobierno puede hacer uso de toda aquella imagen que denote o relacione a su administración.  Cada gobernante busca identificar su mandato a través de alguna imagen o frase para que la gente los vincule.  Fox, siendo presidente, usó un slogan denominado Contigo es posible; Calderón usó Vivir Mejor, y Peña Nieto usa Mover México.  A nivel local hemos visto varias frases que incluso a nivel nacional se han identificado: ¿Quién dice que no se puede?, fue la frase que saltó a la opinión pública nacional y que hizo aspirante presidencial a Roberto Madrazo.  Acciones que transforman es el que identifica al gobierno de Puebla; Chiapas nos une al del polémico Gobernador Velasco; Comprometidos con tu bienestar, al de Yucatán y; Comprometido contigo, al de Quintana Roo.

Todos los portales de estos gobiernos señalados han retirado toda aquella publicidad que identifique sus administraciones, al menos en medios electrónicos.  Pero, ¿y qué pasa con aquella que está en vehículos, edificios, escuelas e incluso papelería y uniformes? ¿Cuál es el alcance del acuerdo emitido por el INE sobre el 41 constitucional? ¿No es una forma de propaganda todas aquellas obras, domos, edificios, carreteras, etc., que llevan hoy en cualquier dimensión el slogan del gobierno que restringe el acuerdo?

Habrá que discutir a fondo hasta dónde llega o abarca la disposición que el INE plasmó en el Acuerdo 61.  Mientras tanto, el Tribunal Electoral Federal validó la entrega de televisiones de pantalla plana en cajas que lleven el slogan del gobierno federal durante las campañas.  Es evidente que los criterios discrepan entre ambos órganos.

El tintero.

Existen los vecinos incómodos, si no, pregúntele a David Korenfeld, ahora ex Director de CONAGUA.  Las fotos tomadas por un ciudadano y denunciadas en redes sociales causaron tal escándalo que obligaron a dimitir al entonces titular de la dependencia federal.

Una mala noticia nos dieron los medios esta semana.  El fallecimiento de uno de los escritores más representativos que, a través de sus palabras, logró compartirle al mundo una porción de la historia de América Latina.  Apasionado de las letras como del fútbol, recordaremos al gran Eduardo Galeano.